Conflicto docente

La huelga de los maestros entrerrianos lleva más de dos meses. La educación se encuentra paralizada; este año no se iniciaron las clases.

El gobierno adeuda el salario de los últimos tres meses; tampoco pagó del sueldo anual complementario; debe la ayuda escolar y el salario familiar del 2002 y 2003, y retuvo los aportes a la obra social. El abandono del Estado ha llegado a su máximo punto de inflexión. Los edificios escolares están en ruinas, no guardan las mínimas condiciones de seguridad y el estado higiénico es deplorable: no hay elementos de limpieza. No se giran las partidas para comedores; no se pagaron las becas ni los viáticos para los alumnos de escuelas rurales. Frente a este cuadro, la responsabilidad del gobernador Montiel y sus cipayos por la destrucción de la escuela pública pretende ser disimulada con el fallo judicial que obliga a los maestros a volver a las aulas, aun sin haber cobrado un peso. La promesa de un adelanto salarial de 40 pesos para que puedan viajar - suma que será descontada de los haberes de abril - , no se efectivizó. El transporte público se negó a trasladarlos en forma gratuita como se había resuelto inicialmente. El gobierno no asistió a la audiencia de conciliación obligatoria.

El fallo patronal de la jueza de instrucción, Susana Medina de Rizzo, es arbitrario y discriminatorio, vulnera los derechos de los trabajadores y no obliga al Estado a hacerse cargo de los sueldos adeudados ni de sus obligaciones de sostenimiento de la educación pública. Pone en evidencia la complicidad de la Justicia con los gobiernos de turno y pretende sentar un precedente que penalice la protesta social y el derecho de huelga.

Es necesario frenar este ataque a los maestros entrerrianos, que es un ataque a toda la docencia y los trabajadores del país. Es imperiosa la nacionalización del conflicto docente por parte de la conducción de Ctera; conflicto que encuentra en Entre Ríos su punto más álgido, pero que se vislumbra en todas las provincias, con retrasos salariales de más de 10 años.

• Que Ctera y la Cta convoquen un paro nacional en solidaridad con los docentes entrerrianos y en defensa del derecho de huelga.
• Por el pago inmediato de los salarios a los maestros entrerrianos.
• Plena vigencia del derecho de huelga.
• Por la inmediata destitución de la jueza Rizzo.
• No a la judicialización de los conflictos laborales.
• Por el pago de los salarios caídos en virtud del paro de actividades.
• Ninguna sanción a los maestros entrerrianos.