La 30° Asamblea Anual de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), realizada el 20 de septiembre en Mar del Plata, tuvo lugar en un escenario de ajuste en marcha contra las y los judiciales: con 15% de aumento salarial efectivo en este año (en los siguientes días se aprobó un aumento de 10%), más de 1.500 judiciales que ya pagan el impuesto al salario, acentuación de la crisis edilicia, sistemas de flexibilización laboral, sin aumento de personal y con la mayor crisis de la obra social que se tenga memoria en el último período. Y con los principales postulantes a la Jefatura de Gobierno porteña declarándose en favor del traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad, lo que avizora un mayor ajuste sobre el sector.

La Asamblea partía de una debilidad de origen, ya que en la anterior (la n° 29), donde participó una minoría opositora por primera vez en 16 años, el secretario general Julio Piumato hizo votar una reforma del estatuto antidemocrática que busca disolver no solo a las comisiones internas opositoras, sino que va más allá liquidando las comisiones internas mismas. Ese estatuto se encuentra virtualmente suspendido por la demanda judicial que hemos iniciado en la Justicia del Trabajo y que está avanzando.

Dominada por una eminente mayoría de congresales de la oficialista Lista Marrón, la Asamblea de este año no discutió estas cuestiones sino que montó una ficción de Congreso donde no se permitió el debate, se tabicó a la oposición, no se le permitió la palabra y se aplicó una política de votación “ómnibus”, a libro cerrado, del relato presentado por Piumato.

Candidaturas patronales

Entre las cuestiones que Piumato hizo votar sin debate estuvo una resolución de apoyo a la candidatura de Maia Volcovinsky, secretaria de la Comisión Directiva, que integra la lista de Roberto Lavagna -uno de los impulsores de la reforma laboral y previsional y de la continuidad del sometimiento nacional al FMI.

Estuvimos ante una votación casquivana, por un lado porque la mayoría del aparato que levantó la mano, votó y votará a Fernández-Fernández-Massa. Por el otro, porque el apoyo se trató en forma disimulada, como parte de un bloque de resoluciones que incluía un nuevo paro por el salario, el reclamo de equiparación de los salarios de los judiciales provinciales con los nacionales y un tibio “estado de alerta” por la crisis de la Obra Social.

Bloqueos a la oposición

A partir de 2017, cuando ya se contabilizaban la recuperación de las Comisiones Internas de Penal, Laboral, Civil y Comercial Federal, Civil, la ruptura de delegados de la Corte y una creciente lucha y organización por abajo, Piumato se dio una política para contener el crecimiento de la oposición e impedir que surja por abajo cualquier tipo de reclamo.

A partir del sostenimiento que logró por parte de la Corte, tuvo un relativo éxito en hacer retroceder la movilización, pero no logró –salvo en lugares puntuales- un avance sobre la oposición en el terreno de los fueros.

La Asamblea del sindicato no escapó a esa lógica. La intención de hacerla rápida y sin debate expresa esta política desmovilizante. En ese sentido, que los/as congresales de la lista Bermellón y del Frente Multicolor de Recuperación Sindical hayamos sido confinados a un extremo de la asamblea y cercados por fajas policiales es sumamente ilustrativo.

La política de contención de Piumato se ha visto favorecida por el llamado de Alberto Fernández a “no salir a la calle”, cuando en una parte importante del activismo y de las bases pesa hoy la idea de que gran parte de la lucha pasa por votarlo en octubre para sacar a Macri. Para la oposición combativa, se presenta el desafío de ligar el llamado a movilizarnos ahora, contra la destrucción de nuestros salarios y conquistas, con la explicación de que el candidato peronista va hacia un reforzamiento del ajuste en curso, como se ve en sus compromisos con el FMI, sus declaraciones en favor de una reforma laboral convenio por convenio y su planteo de “pacto social” con los salarios devaluados.

Reforma del estatuto

En la Asamblea, Piumato anunció que la UEJN había logrado de Dante Sica lo que ningún sindicato bajo el gobierno de Macri: que el 10 de septiembre se homologue el estatuto sindical. Es claro que el carácter antidemocrático de la reforma ha sido del gusto del ministro de Producción. Sin embargo, la demanda judicial interpuesta por la oposición le ha impedido a la burocracia realizar elecciones, por lo que ha resuelto una prórroga del mandato de todas las comisiones internas que ya tienen mandato vencido.

En los últimos días de octubre, la Justicia del Trabajo ha convocado a una audiencia de conciliación entre la UEJN y la oposición. La habilitación de la instancia y la convocatoria a dicha audiencia muestra que la jueza interviniente ha dado entidad y verosimilitud a nuestro reclamo.

Por el salario y las comisiones internas, contra el pacto social

El Sindicato se encuentra en un impasse que el Congreso 30º no tenía capacidad de resolver. La política de la burocracia sindical orientada a tabicar el repudio creciente por abajo contra el ajuste y la dirección de la UEJN, tiene como límite objetivo que se enfrenta a una tendencia real de los judiciales a recuperar su sindicato.

La fecha de la audiencia, próxima a las elecciones nacionales generales, podría no tener nada de casual. Por ello, y a fin de que la situación no se preste a una rosca política más amplia contra el derecho de los judiciales a elegir sus delegados, se debe desenvolver una gran  movilización por abajo hacia dicha audiencia.

Así, tenemos planteado combinar la pelea en defensa de la democracia sindical y de las Comisiones Internas con la lucha por la recomposición salarial.

En este cuadro, la denuncia del “pacto social” y de la tendencia de la dirección de Piumato a sumarse al mismo, como se manifiesta en su votación e integración en las listas patronales, es clave para explicar por qué debemos salir a la lucha ahora, y para ganar a los judiciales a la defensa de las Comisiones Internas combativas.