06/07/2017 | 1465

Consejo del Salario y “emergencia social”

Las organizaciones sociales, excluidas del debate sobre el salario mínimo


La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo sacó a luz lo que el gobierno prepara para las organizaciones sociales, luego de las elecciones de octubre.


 


Varios medios anunciaron que había un acuerdo para que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en representación de las organizaciones que sellaron un acuerdo con el gobierno (Libres del Sur, CCC, Movimiento Evita, CTEP) tuviese una silla en la reunión del Consejo del Salario. La iniciativa, incluso, tuvo el respaldo de dos de los tres triunviros que hoy dirigen la CGT. La finalidad era institucionalizar un vínculo entre los planes sociales y el salario mínimo.


 


Nada de esto ocurrió. Juan Grabois (CTEP) se quejó de la exclusión, afirmando que “habían acordado con funcionarios que el ahora denominado Salario Social Complementario (SSC), destinado a los piqueteros, iba en paralelo con los aumentos del salario mínimo, por lo que teníamos derecho a estar allí” (Infobae, 3/7).


 


¿Qué ocurrió? Que el gobierno no sólo descarta elevar el monto percibido por los planes sociales al nivel del salario mínimo. Tampoco quiere quedar atado a algún tipo de actualización periódica. Es más, la información volcada por medios de prensa de que la ley de Emergencia Social habría determinado que los valores de los planes debían guardar una correlación con el salario mínimo y cubrir al menos la mitad, es falsa. Ni en la ley ni en la reglamentación aparece tal planteo.


 


El cuarteto colaboracionista no estuvo representado en el Consejo del Salario porque el Poder Ejecutivo se reserva todas las palancas de decisión en cuanto al monto de los planes sociales, en función del ajuste que viene. Aunque funcionarios de Desarrollo Social planteen que el trabajador de los planes “debe ganar” un 50% del salario mínimo por el 50% de jornada laboral que presta, la realidad cruda es que todo puede ser peor. Es lo que advirtió el vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja: «Las organizaciones sociales querían integrar el Consejo (pero) esto es de una complejidad que excede la natural constitución del Consejo del Salario, porque hay que pensar también en función de los recursos que tiene el Estado» (La Nación, 4/7).


 


Es más: el Salario Social Complementario “de transición” para los trabajadores de la “economía popular”, fijado en abril en 4.000 pesos tiene un “carácter transitorio” -dice la ley. “Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta la efectiva implementación de este salario, lo que ocurra primero”, con lo que el gobierno se reserva un cheque en blanco. Por otra parte, en los borradores del Presupuesto 2018 que está elaborando el gobierno se dice que se mantendrá y extenderá la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares, y limita los planes que seguirán al Argentina Trabaja y Ellas Hacen (Ambito, 4/7).


 


Llamamos a romper el pacto con el gobierno y el clero


 


Lo ocurrido en el Consejo del Salario termina de develar el enorme fiasco de la Emergencia Social acordada entre el gobierno y las organizaciones sociales, y que tuvo el apoyo de La Cámpora (el Frente de Izquierda se abstuvo: Néstor Pitrola, denunció la “emergencia” como una nueva versión del asistencialismo, impuesta a través de “una estatización de las organizaciones piqueteras”). En la propuesta original de las organizaciones que armaron la “emergencia” figuraron dos anzuelos que sólo tuvieron el carácter de “cazabobos” y que ahora deben ser motivo de una reflexión: la propuesta de crear un millón de empleos en el lapso de un año y un ingreso para el trabajador de los planes equivalente al salario mínimo vital y móvil. Nada de esto figuró en la ley aprobada porque allí sólo quedo escrito lo que el gobierno quiso admitir.


 


Incluso, los dirigentes de estas organizaciones sociales se han hecho eco de las presiones del gobierno, pidiendo tan sólo la “actualización” del monto de los planes sociales al ritmo del aumento del salario mínimo, cuando lo elemental sería pedir, por lo menos, su equiparación (los 8.860 pesos del nuevo salario mínimo son un tercio de la canasta familiar). A despecho de lo ocurrido, las organizaciones responsables de la “emergencia social” están agravando su rumbo, alineándose detrás de Randazzo, Massa, CFK o variantes del peronismo.


 


Luego del laudo del gobierno, que mantiene el salario mínimo en los márgenes de la indigencia, estas organizaciones mantienen su “tregua” junto a la CGT, a pesar de que miles de desocupados y trabajadores de cooperativas mostraran su voluntad de lucha rodeando el Ministerio Trabajo el pasado 27 de junio.


 


El Polo Obrero está haciendo un llamamiento al conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras a impulsar un plan de lucha:


 


• por un aumento de emergencia del salario de los trabajadores de los programas sociales, que duplique el ingreso actual;


 


• pase a planta de todos los trabajadores precarizados y de planes;


 


• contra la criminalización de la protesta social.


 

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