Desde hace casi tres semanas, 12 delegados de las comunidades wichi, toba y pilagá están en huelga de hambre, prácticamente secuestrados en un cuarto de 3×3 de la Casa de Gobierno. Algunos de los huelguistas tienen tuberculosis y chagas, y los médicos han indicado que su salud está en grave riesgo. Duermen en el suelo y la luz eléctrica está permanentemente encendida, lo que les dificulta descansar y provoca fatiga adicional a los huelguistas. A pesar del deterioro físico, los ayunantes reafirmaron su decisión de continuar con la medida de lucha y se niegan a ser hospitalizados.

La estrategia del gobernador radical Roy Nikisch fue aislarlos: impidió la entrada a legisladores y la prensa. Recién en estos últimos días, ante la repercusión nacional de la lucha de los indígenas chaqueños, autorizó el ingreso de los abogados.

Está convocada una gran movilización, para la que están en camino “a pata y pulmón” todas las comunidades del Chaco. Mártires López, de la Unión Campesina, ha denunciado que la policía les está impidiendo el paso en algunos lugares. Las comunidades declararon la huelga el 21 de julio, después de cortes de ruta y una gran marcha a Resistencia. En la plaza de Casa de Gobierno acampan cerca de un millar, acompañados por otras organizaciones, entre ellas el Polo Obrero. Orlando Charone, dirigente del Idach (Instituto del Aborigen y representante de los aborígenes) electo en asamblea anunció que “nos estamos organizando para volver a cortar las rutas”.

El 92% de los aborígenes chaqueños vive en la indigencia. Los gobiernos radicales de Nikisch y de Rozas les han robado 2,5 millones de hectáreas del Impenetrable, entregándolas a la especulación inmobiliaria, a los terratenientes madereros y sojeros, y a sus testaferros.

Los wichis, tobas y pilagás exigen la devolución de sus tierras, la entrega de títulos de propiedad, la renuncia del intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner (que los excluyó de la ayuda por las inundaciones), mayor presupuesto para el Idach (Instituto del Aborígen); entrega de 500 viviendas anuales; la intervención del Instituto de Colonización por la entrega ilegal de tierras en la última década, y títulos oficiales para docentes bilingües. El gobierno de Nikisch — que puso en venta por decreto incluso tierras catalogadas como de reserva — contestó aislándolos y con una feroz campaña racista.

Los huelguistas de hambre anunciaron que levantarán su ayuno si el gobierno cumple al menos una de las reivindicaciones planteadas.

Bonafini desautorizada

La semana pasada, Hebe de Bonafini visitó Resistencia y prometió la “intermediación” del gobierno nacional. Pero Luis D’Elía, funcionario oficial, ya había advertido que “el problema no involucra al gobierno nacional porque tiene carácter provincial” (DyN, 31/7).

Bonafini exigió la renuncia de Nikisch, un radical que no aceptó la propuesta de concertación de Kirchner. Cuatro comunidades han desautorizado su gestión declarando que están “en contra de que algunos quieran montarse en nuestra lucha (…) Si hay que sacar al gobierno provincial, deberá ser como consecuencia de la lucha unida de todos los sectores de nuestro pueblo para construir un gobierno de emergencia que exprese a todos los sectores que se han unido. No estamos de acuerdo en un cambio por arriba de quienes no muestran políticas diferentes, porque benefician a un puñado de poderosos, de la tierra ni habla y el superávit del presupuesto nacional no es para las necesidades del pueblo”.