Sindicales
20/1/2025
Continúa la lucha contra la destrucción de las áreas de trabajo y espacios de memoria, verdad y justicia
Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se siguen organizando para enfrentar este ataque.
Seguir
Vacían la Secretaría de Derechos Humanos
Tal como venimos informando desde Prensa Obrera, la situación de las y los trabajadores del Ministerio de Justicia es gravísima. En los últimos días, el gobierno nacional avanzó con despidos masivos, retiros voluntarios y rebajas salariales que implican no solo el desmantelamiento de la Secretaría, sino su destrucción. Con esta política, Milei busca profundizar el feroz ajuste sobre las y los trabajadores, y avanzar con la impunidad para los genocidas, demoliendo los espacios y áreas especializadas dentro de la Secretaria de DDHH que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia.
El anuncio de cierre y el pase a guardia de todos los trabajadores del Centro Cultural H. Conti, el vaciamiento completo ex Centros Clandestinos de Detención y tortura – sitios de la memoria – que han quedado con uno o dos trabajadores y el desmantelamiento de áreas destinadas a investigación, seguimiento y análisis de las causas de lesa humanidad van en este sentido.
Asimismo, a nivel ministerio, la patronal de Justicia ha redoblado sus esfuerzos para asentar un duro golpe contra los trabajadores. A las 2400 “desvinculaciones” de los ex Acara, las amenazas de no renovación de más de 1.000 contratados bajo la modalidad de la planta transitoria, la reducción salarial entre un 50% y 60% para los trabajadores de planta – ya sea permanente o transitoria-, la no renovación de varios contratados vía artículo 9, y la falta de pago de la indemnización correspondiente a los ex Acara, incumpliendo con la Ley de Contrato de Trabajo, se le suma el desconocimiento de las elecciones de la Junta Interna y del cuerpo de delegados de la Secretaria de DDHH, que se encuentra despedido casi en su totalidad. Esta situación gravísima exige una fuerte campaña contra los despidos y por la reincorporación inmediata, que ATE debería impulsar fuertemente.
A este plan de destrucción donde el gobierno nacional conjuga vaciamiento y destrucción de áreas estratégicas para los juicios de lesa humanidad en busca de la impunidad para los genocidas, las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos han respondido con acciones masivas que fueron acompañadas por las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos: el Abrazo a la Esma a fines de diciembre, el ingreso masivo de todos los despedidos a la Secretaría de Derechos Humanos, el enorme festival contra el cierre del Centro Cultura H. Conti, la conferencia de prensa organizada por los Sitios de la Memoria y el próximo festival del Sábado 25/01 en el ex CCD- Virrey Cevallos han mostrado el importante apoyo hacia las y los trabajadores contra las políticas de impunidad y despidos masivos de Cuneo Libarona y del Secretario de DDHH, Alberto Baños, que lo único que han hecho desde que asumieron es despedir, desarticular y vaciar los organismos, atacando y despidiendo a sus trabajadores.
Como pasa en el resto del Estado nacional, los despidos masivos y las rebajas salariales se han realizado con la más completa complicidad de UPCN, que ha actuado en todo este conflicto como voceros oficiales de la patronal. Así, hemos llegado al primer año del gobierno nacional con salarios miserables y un desguace sin precedentes en el Ministerio de Justicia, sin que UPCN convocara a ninguna medida de acción ni deliberación.
Por su parte, si bien desde ATE han impulsado varias acciones y se han sumado a las convocatorias de los compañeros de los Sitios, carece de una estrategia capaz de dar una lucha consecuente en todo el Ministerio. La junta interna, conducida en alianza entre Catalano, otros sectores de la V y B, y la Lista verde, se encuentra fragmentada, con varias líneas internas operando a su interior, que conspiran contra cualquier iniciativa que pueda revertir el paupérrimo cuadro que estamos atravesando. La última acción en la Sede Central del Ministerio fue menos que testimonial y solo sirvió para desmoralizar a una vanguardia de activistas que viene peleando contra el vaciamiento y los despidos. El contraste no podría haber sido mayor: mientras las y los trabajadores de la Secretaria nos rodeábamos de 1000 compañeros que nos acompañaron en el ingreso masivo, en la Sede Central, a la que se concurrió después, no llegaba siquiera a estar presente el conjunto entero de los delegados recientemente elegidos.
En el mismo sentido, ATE ha optado por priorizar una estrategia judicial que lleva a los estatales de justicia a una encerrona; la presentación de medidas de amparos judiciales contra los despidos y la rebaja salarial, que, sin estar acompañados de lucha y movilización, y con un poder judicial centrado en la persecución política a las organizaciones piqueteras, parece muy poco probable de revertir. No es la vía judicial, la manera en que las y los trabajadores históricamente hemos revertidos situaciones de ataque directo a nuestras condiciones de vida. Por el contrario, fue y es la acción directa la que ha dado algún resultado en esta batalla desigual: el abrazo, el ingreso masivo, el festival, la sentada en el hall exigiendo una respuesta fueron las instancias que mostraron una perspectiva de acción y lucha. El ataque histórico que estamos viviendo las y los trabajadores de justicia sobre nuestro trabajo y nuestras condiciones de vida necesita una respuesta unificada y una estrategia común de todos los trabajadores. Queda entonces redoblar los esfuerzos con una clara consigna: continuidad laboral para todos los trabajadores sin reducción de salario. Ningún despido.
Para ello, necesitamos unificar las luchas que se dan aisladamente, golpear con un solo puño y avanzar en un plan de lucha unificado, organizado y votado en cada sector, en asambleas de afiliados de ATE, de UPCN y no afiliados para revertir este ataque feroz y que pueda poner en pie un verdadero plan de lucha de todos los estatales.
Un gobierno que ya ha despedido a más de 34.000 trabajadores estatales, significan retroceso y penurias: pérdida de puestos de trabajo, rebajas salariales, y un ajuste brutal.
Necesitamos un paro general en defensa de lo más elemental: nuestro trabajo y nuestro salario.