La pareja de un empleado de la cadena de hipermercados Coto falleció de coronavirus por responsabilidad de la empresa, en medio de graves situaciones de violencia. Ahora, mientras le niegan el traspaso a otra sucursal, el trabajador se encuentra bajo amenaza de despido y recibe intimidaciones por parte de la patota del sindicalista patronal Ramón Muerza.

La desidia con la que se maneja la empresa de Alfredo Coto, desde el comienzo de la cuarentena, es bien conocida y dio como resultado más de 300 trabajadores y familiares contagiados y decenas de muertes por coronavirus. Ni el gobierno nacional, ni los provinciales, o el de la Ciudad de Buenos Aires, intervienen en esta situación, en donde no solo no se han cumplido los protocolos sanitarios ni otorgado los elementos de bioseguridad e higiene, sino que además se han ejercido métodos de violencia contra los trabajadores, presionando para que cumplan la jornada laboral a aquellos que presentan síntomas o califican como grupo de riesgo, desconociendo derechos laborales básicos como días de licencia, francos o vacaciones.

De hecho, hace unos días se conoció un episodio de agresión contra un trabajador de la sucursal de Ciudadela (CABA) quien, después de haber cumplido el aislamiento preventivo por ser contacto estrecho de un caso positivo, fue echado a golpes por el personal de seguridad al intentar reinsertarse en su lugar de trabajo.

Por supuesto, esta conducta escandalosa es avalada por la burocracia sindical que, en lugar de defender los intereses y la salud de los trabajadores, persigue a aquellos que se oponen a las condiciones de la patronal cuyo objetivo es obtener mayores ganancias

Un caso testigo es el de Christian, trabajador de la sucursal de Coto Retiro, quien había contraído dengue a finales de marzo y fue obligado a volver al trabajo días antes de que le dieran el alta, aun con las defensas bajas, lo que lo convertía en persona de riesgo. Los primeros días de julio comenzó con síntomas de Covid-19 y cuando se lo comentó a su supervisor este lo amenazó con despedirlo si se ausentaba, por lo que Christian no tuvo más remedio que presentarse al día siguiente en su lugar de trabajo, a pesar de tener fiebre. Por medio de los delegados pudo acceder a realizarse el testeo, mientras recibía maltratos por parte de Recursos Humanos, donde lo acusaban de hacerse la víctima y de que solo tenía una gripe, porque nadie del sector de operaciones podía enfermarse. Tras dar positivo el hisopado, y cumplir aislamiento en su domicilio, contagió a su pareja que falleció a causa de la enfermedad.

Aunque es evidente que toda la responsabilidad de la muerte de su pareja se debe al accionar que ya es característico de la patronal, en una situación en dónde se debió proteger la salud del trabajador, de sus compañeros y de su familia, Christian no puede evitar sentirse culpable por haberla contagiado, con todas las consecuencias que ello implica para su salud mental.

A este duro momento que atraviesa se le suma que las agresiones por parte de la empresa se agravaron: le negaron el traslado a otras sucursales, que había pedido por indicación de su psicóloga para evitar encuentros con el supervisor que lo obligó a ir a trabajar en esas condiciones, y para poder estar más cerca de su casa y así poder ocuparse de su hijo de ocho años que acaba de quedarse sin madre.

Christian tiene que convivir con el temor de perder su fuente de ingresos por las presiones que recibe en forma de amenazas en nombre de Recursos Humanos e intimidaciones explícitas hacia su persona por parte de la burocracia sindical representada por la patota de Muerza, que tiene antecedentes de ataques a delegados y trabajadores opositores. Los delegados de la sucursal presentaron una denuncia ante la secretaría de Derechos Humanos de la Nación por la violencia patronal, ya que el caso de Christian es sólo uno más dentro de los millones de casos en la cadena Coto.

Los métodos violentos perpetrados tanto por la empresa como por la burocracia para con Christian son solo una muestra de los atropellos e injusticias que ejerce la patronal, pero no solo con sus empleados, porque, además obligan al personal de seguridad tercerizado a maltratar y torturar a quienes entran a robar comida, amenazando con despedir a quienes se niegan o reclaman al respecto.

Denunciamos los ataques de Coto hacia sus trabajadores y su responsabilidad por los contagios y muertes por Covid-19 dentro de la empresa, así como la de los distintos gobiernos que no solo no detienen estos abusos, sino que priorizan los intereses capitalistas sobre las vidas de los trabajadores minimizando la crisis sanitaria, en donde los lugares de trabajo son los principales focos de contagio porque no se cumple protocolo alguno.

Repudiamos el accionar violento de las patronales en complicidad con la burocracia sindical a cargo de Muerza y brindamos todo nuestro apoyo a Christian, a sus familiares y a todos los compañeros agredidos.

Por todo esto, llamamos a los trabajadores a organizarse en cada lugar de trabajo, para implementar el control obrero de los protocolos, hisopados para todos los empleados, licencias para quienes las necesiten con el pago del 100% del salario, y un bono de $20.000 por esencialidad.