La situación de la discapacidad en Argentina atraviesa una crisis profunda que no es casual ni producto de “desorden administrativo”, como intenta instalar el gobierno, sino el resultado directo de una política deliberada de ajuste contra los sectores más vulnerables. En este marco, las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, no hacen más que confirmar el rumbo de ofensiva contra los trabajadores y los derechos más elementales: “vamos a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar”.

Esta definición implica que el gobierno avanza en profundizar un recorte brutal, introduciendo un criterio restrictivo que deja afuera a miles de personas que hoy acceden a prestaciones, en un contexto de desfinanciamiento sistemático del sistema. Pero además encierra una operación política: instalar que quienes pueden trabajar no deberían recibir ningún tipo de acompañamiento estatal.

Lo que omiten deliberadamente es la realidad concreta. El propio Estado incumple el cupo laboral para personas con discapacidad, mientras las posibilidades de acceso al empleo son extremadamente restringidas. A esto se suman múltiples barreras: dificultades de traslado, falta de accesibilidad, ausencia de adecuaciones en los puestos de trabajo y condiciones laborales precarizadas. Incluso cuando se accede a un empleo, muchas veces no alcanza para cubrir el costo de vida, mucho menos los gastos adicionales que implica una discapacidad.

En este cuadro, el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es clave para entender el ajuste en curso. El organismo ha sido progresivamente vaciado y desmantelado, dejando de cumplir su función de garantizar derechos para transformarse en una herramienta de recorte, a través de auditorías masivas y revisiones de pensiones.

Al mismo tiempo, la política de discapacidad ha sido prácticamente absorbida por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina, lo que implica un retroceso aún mayor: la discapacidad queda reducida a una mirada exclusivamente sanitaria, incapaz de dar respuesta a la complejidad de las condiciones de vida reales.

Este corrimiento es especialmente grave para quienes pueden trabajar pero lo hacen con limitaciones. La discapacidad no se resuelve con una consulta médica: implica condiciones laborales restringidas, mayores costos cotidianos, dificultades de accesibilidad y menor estabilidad. Pretender que la Secretaría de Salud pueda “contener” todo esto, mientras se recortan pensiones y prestaciones, es directamente abandonar a miles de personas.

Estas medidas forman parte de un ataque integral: auditorías masivas, restricciones en el acceso a pensiones, desfinanciamiento de prestaciones y cuestionamiento de leyes conquistadas mediante la lucha. Todo bajo el argumento del ajuste fiscal.

La respuesta no se hizo esperar. En Plaza de Mayo, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector salieron a enfrentar esta política. Lo que recibieron fue represión, confirmando que este gobierno responde con ajuste y palos frente a quienes se organizan.

Desde el Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció que se busca descargar la crisis sobre las personas con discapacidad mientras se sostienen los privilegios de los grandes grupos económicos.

En esa misma línea, Tribuna Disca – Coordinadora Sindical Clasista (CSC) impulsa la organización independiente de las personas con discapacidad, denunciando el vaciamiento del sistema y promoviendo una respuesta desde las calles.

Porque lo que está en discusión no es un “ordenamiento”: es quién paga la crisis. Y el gobierno pretende que la paguen quienes más necesitan del Estado para vivir.

Frente a esto, desde Tribuna Disca planteamos una salida opuesta: defensa irrestricta de todas las prestaciones, actualización inmediata de aranceles, cumplimiento efectivo del cupo laboral y financiamiento integral del sistema de discapacidad.

La conclusión es clara: el ajuste no pasa sin represión, y los derechos no se sostienen sin lucha. Como ya demostramos, es necesario volver a las calles y profundizar la organización para defender cada uno de estos derechos.