El gobierno rionegrino se apresta a lanzar un nuevo ataque contra los trabajadores estatales, en base a la flamante “Ley de la Función Pública”, recientemente aprobada por la legislatura. La nueva ley fue elaborada conjuntamente con la corrupta burocracia de UPCN (Scalesi), que ‘aportó’ su ‘equipo técnico’.

La ley liquida la estabilidad laboral que caracterizaba al empleo público, al establecer la figura de despidos ‘por razones de servicio’, equiparable al despido por ‘razones de producción’ en la actividad privada.

Liquida asimismo el régimen de ascensos y promociones, y establece el régimen de ‘evaluaciones’ periódicas, el cual se convertirá en un mecanismo de expulsión de agentes de la función pública (3 evaluaciones negativas significan la pérdida del trabajo). El hecho de que las evaluaciones estén fiscalizadas por veedores ‘gremiales’ no tranquiliza ningún ánimo, vista la actitud miserable y carnera de los representantes ‘obreros’ en el Consejo de Salud Pública.

Introduce también el concepto de ‘funcionalidad laboral’, lo que deja en manos del Estado-patrón la ‘reubicación o reconversión’ de los puestos de trabajo y la asignación de nuevas responsabilidades y/o tareas también por ‘razones de servicio’.

También avanza en la liquidación de componentes fundamentales del salario (antigüedad, asignaciones familiares, etc.), que serán minimizados en relación a aspectos vinculados al ‘cumplimiento efectivo’ de la tarea asignada (presentismo, incentivos por productividad, etc.).

La dirigencia de la UPCN defiende la ley con el argumento de que facilitará el pase a planta de los contratados, aunque excluye a quienes fueron contratados después del 30 de noviembre de 1994 (más de 500 agentes públicos). En segundo lugar, el ingreso a planta se hace por el escalón más bajo del escalafón, lo que para muchos contratados implicará (siempre y cuando rindan bien el examen) ingresos sustancialmente menores que el que actualmente perciben.

Se calcula que la efectivización de los contratados significará, ni más ni menos, la desafectación de entre el 25 y 30 por ciento de la actual planta de contratados.

Nos encontramos ante una ley anti-obrera por el ángulo que se la mire, y la única premisa válida es organizar la lucha contra su aplicación.

• ¡Por la derogación de la Ley de la Función Pública y de toda la legislación anti-obrera!

• ¡Que ATE, UNTER, SITRAJUR convoquen a un Congreso de bases, delegados y activistas, para organizar la lucha contra la aplicación de la ley!

• ¡Echemos a Scalesi, Muñoz y todos los traidores de las organizaciones obreras!