El 26 de octubre se rubricó el nuevo convenio colectivo de trabajo entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) y los empresarios del rubro en el Ministerio de Trabajo, coronando la avanzada contra los trabajadores que fuera anunciada en mayo, con la excusa de salvar al gigante Sancor en crisis.

 

La destrucción de las condiciones laborales de los lecheros que  firmó la burocracia kirchnerista de Héctor Ponce fue calificada por Macri en una conferencia de prensa como un ejemplo de la reforma laboral antiobrera que quiere imponer en todos los gremios. Se trata, por tanto, de un asunto de interés para todo el movimiento obrero.

 

Retrocesos

 

La modificación en el convenio incluye el cambio en el pago que recibían los trabajadores por las horas extras de los fines de semana y feriados. Ahora, se agrega la figura del “franquista”, quien será contratado por fuera del gremio para no tener que pagar las horas extras que figuran actualmente en el convenio (que se pagan -pagaban- al 150% por encima de las horas normales).

 

El abogado del gremio, Alberto Coronel, afirmó que “esto no le convenía a nadie, era una locura para las empresas porque no tomaban a nadie para estas tareas” (Mundo Gremial, 25/10), dando cuenta de una burocracia sindical que se coloca como gestor y garante de las ganancias empresariales. Los paladines de la “resistencia con aguante” fueron los primeros en entregar en bandeja los derechos adquiridos.

 

Otras modificaciones consisten en dejar afuera del convenio al personal que no desempeña tareas comprendidas directamente con el sector lácteo -como el personal de seguridad, maestranza y comedor-; en imponer la polifuncionalidad y eliminar tanto el fraccionamiento del descuento por asistencia como incluso la totalidad del premio (según las llegadas tarde). A su turno, se extiende el período de prueba a seis meses y se pierde la posibilidad de solicitar una categoría superior por el desempeño en un reemplazo temporario. A todo esto se le suma el traslado del “bono solidario” que antes pagaban las patronales: ahora, por cada atención médica en la obra social (Ospil), los trabajadores deberán pagar de 100 a 150 pesos -por un bono que antes salía 10 pesos.

 

La extorsión de Sancor

 

En el acuerdo firmado en mayo de este año -que jamás fue anunciado a los trabajadores, ni siquiera mediante asambleas de delegados congresales como las que se hicieron en septiembre-, se extorsionó a los obreros lecheros con que este retroceso en sus condiciones laborales era la condición para un salvataje a la empresa por 450 millones de pesos. Lo cierto es que la cooperativa está completamente vaciada; de las 15 plantas quedaron sólo nueve en operación y se pasó de 4.000 empleados a 1.500.

 

A través de este vaciamiento se deja cerrar y fundir a los establecimientos, para que los nuevos compradores obtengan por monedas las plantas y con trabajadores flexibilizados. Así, la burocracia sindical, el cáncer del movimiento obrero, está siendo el sostén de un desmantelamiento que tiene un profundo impacto en varias localidades del interior. Coronel Moldes y Brinkmann, en Córdoba, Centeno, en Santa Fe, y Coronel Charlone, en Buenos Aires, son las cuatro plantas que están totalmente desactivadas, con las calderas apagadas.

 

Desde el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista planteamos la necesidad de una campaña de asambleas obreras, plenarios de delegados y activistas por un plan de lucha hasta derrotar la reforma laboral e impedir el vaciamiento de Sancor.