Un aspecto poco difundido de los nuevos convenios es la inclusión de contribuciones empresarias a las cajas de los sindicatos “para actividades culturales y de capacitación”, que oscilan entre un 0,5 y un 3% de la masa salarial. Algo que “reciben tanto los gremios de la CGT como los de la CTA” (Clarín, 5/7).

Muchas de las 150 convenciones colectivas firmadas en el primer semestre del año tienen esta característica. El vidrio estableció una cotización patronal “del 3% de los sueldos”. Porcentajes similares acordaron los aceiteros, tintoreros y lavaderos, papel y cartón, caucho, lotería, recibidores de granos, Pami y por supuesto camioneros (pese a la queja furibunda de Alfredo Coto, que tendrá que ponerse con un diezmo por cada chofer “reencuadrado” por Moyano).

Muy ilustrativa es la justificación de la contribución empresaria hecha por el archirreaccionario Funes de Rioja, asesor legal de la UIA: “Ayuda a financiar a los sindicatos de manera transparente, más aún cuando muchos tienen problemas financieros por falta de afiliados. Muchas empresas prefieren hacer estos aportes antes que el sindicato haga campañas de afiliación entorpeciendo su normal funcionamiento”.

Para los empresarios se trata de una “inversión” que “retorna” con creces vía el pago en negro, la jornada extendida, la polifunción y los innumerables atropellos que se perpetran diariamente. Las patronales esperan que la burocracia les devuelva el favor apoyando a las ART.

La otra fuente de recaudación acordada con las cámaras es el descuento compulsivo de una cuota al personal “no afiliado”; una modalidad que inauguraron la burocracia lechera de Atilra y el delincuente Daer.

En efecto, el circuito “negro” impacta duramente con las arcas sindicales. En algunos gremios —como el de los gráficos, en el que de un universo de entre 25 y 30 mil trabajadores sólo 7 mil son afiliados— la caída de la recaudación se compensó con el descuento generalizado pactado ‘por izquierda’ con las oficinas de personal.

La nueva figura del “beneficiario de convenio” legaliza el robo al bolsillo obrero, pero preserva y amplía la independencia del aparato del control de la base.

No obstante, un sector de la burguesía disiente: La Nación, que ha criticado la utilización de los recursos para el financiamiento de “sectores internos del Partido Justicialista”.