La Asamblea General de trabajadores de Transporte del Oeste (2/8) votó exigir el pago de jornales adeudados y constituirse como parte en el concurso de acreedores que se está tramitando a espaldas de los trabajadores. Ambos reclamos, dirigidos al Ministerio de Trabajo y al juez actuante en la causa, son la base de un plan de movilización y constituyen una respuesta a la conspiración entre la empresa en crisis y los acreedores (entre ellos grupos bancarios del peso del Citibank) para “reestructurar” a costa de los puestos de trabajo y las conquistas de los trabajadores.

En el debate se planteó que en caso de no obtener respuesta a los reclamos, una futura Asamblea General debía considerar un plan de lucha dirigido a arrancar la expropiación sin indemnización de la empresa y su funcionamiento bajo gestión obrera y auxilio estatal.

La Asamblea se hizo prácticamente nueve meses después que otra Asamblea General resolvió constituir al cuerpo de delegados en Comisión de Control de la empresa y tomar a su cargo la fiscalización diaria de sus ingresos y egresos.

El punto de partida de la intervención de los trabajadores frente al hundimiento de TDO fue exigir que los sueldos de los directores, personal jerárquico y masa societaria que estuvieran por arriba del convenio fueran rebajados a los niveles actuales del convenio de UTA. Esto se aplicó a partir del 1º de octubre.

El control de los trabajadores permitió liquidar un proceso de vaciamiento, expresado en el aprovisionamiento falso de combustible (en un período determinado se constató que fueron entregados 20.000 litros diarios y se facturaron 24.500), en la falta de control en la reposición de cambio a las Monebus, en el retiro de viáticos en forma discrecional, en el pago de guardias inexistentes.

Crisis en la crisis

Controlando los recursos y los pagos, bajando los salarios de los directores, liquidando la sangría que imponía la gestión patronal, los trabajadores de TDO garantizaron durante estos nueve meses la estabilidad laboral y, aún penosamente, el pago de sus salarios. Pero este precario equilibrio se ha agotado: con la caída de la recaudación por el menor uso del transporte y el aumento de los insumos básicos, los trabajadores perciben sus salarios a cuentagotas. En el momento actual se les deben dos meses y medio y el aguinaldo, y la situación de las familias afectadas se vuelve cada día más dura.

Los trabajadores de TDO han defendido los puestos de trabajo con uñas y dientes, y su dirección tiene el inmenso mérito de no haber permitido bajas desde la huelga de 1997, un hecho inédito en las empresas del transporte. Ahora se plantea un nuevo desafío, que es, por un lado, abrir las cuentas de la empresa y someter al control de los trabajadores el conjunto del endeudamiento con los bancos y proveedores, una soga al cuello en el funcionamiento de TDO. Por otro, preparar a los trabajadores para una acción de lucha en profundidad por los reclamos presentados y una salida en función de los trabajadores, que plantea en perspectiva la expropiación sin pago, la gestión obrera y el auxilio estatal fundado en la defensa de los puestos de trabajo y la consideración del transporte como servicio público.