En la reunión del cuerpo de delegados del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se definió, ayer al mediodía, un paro total de actividades por 48 horas, que comenzará a las 8 de la mañana del lunes. La medida es en respuesta a la decisión de YPF de bajar 33 equipos del campo, poniendo en riesgo 1.700 puestos de trabajo.    

 

Pero el paro que impulsa el Sindicato dirigido por Guillermo Pereyra es para reclamar que el gobierno pague durante un año salarios de $20.000 para 1.000 trabajadores. En esa negociación, planteará que se mantengan en actividad los otros 700 petroleros. Quiere decir que, de movida, la conducción del Sindicato entrega la lucha contra las cesantías de 1.000 compañeros y se limita a pedir un subsidio para ellos. 

 

Hay que tener bien presente que el gobierno de Macri tiene una responsabilidad ineludible por los despidos promovidos por YPF, ya que el Estado nacional es quien tiene la mayoría accionaria de la empresa. La mismo vale para el gobierno del MPN, que también integra el directorio de la operadora. 

 

Estos despidos en masa funcionan como un nuevo factor de presión para la implementación plena de la adenda flexibilizadora del convenio colectivo petrolero, que Pereyra firmó con el gobierno nacional y las empresas del sector hace un mes atrás. Se trata de un favor enorme que el sindicalista le hizo al gobierno nacional y a todo el arco patronal argentino, pues la reforma del convenio petrolero es la punta de lanza de una avanzada contra el conjunto de los convenios colectivos de trabajo.  

 

En este escenario, el planteo desarrollado por la Agrupación Obreros del Petróleo, la agrupación clasista opositora a la burocracia de Pereyra, es completamente atinado. En las publicaciones de su página de Facebook señalan que “lo que hay que defender son los puestos de trabajo.  Y junto con eso debemos rechazar el nuevo convenio colectivo antiobrero que Pereyra y sus secuaces firmaron con las patronales. Por eso importa que el paro sea activo. Es decir, que hagamos sentir en las calles nuestros propios y verdaderos reclamos”.

 

A su vez, alertan contra la actitud típica de la burocracia petrolera de levantar los paros horas antes de su inicio. En su texto señalan: “las conciliaciones obligatorias son, en la inmensa mayoría de los casos, completamente funcionales a los intereses patronales. Si la dictan, realicemos asambleas el lunes por la mañana para rechazarlas y defender la medida de lucha”. 

 

El Partido Obrero, por su lado, ha largado una batería de iniciativas ante la nueva situación creada. El viernes, la diputada Patricia Jure del PO-Frente de Izquierda, presentó un proyecto por la prohibición de despidos en la industria petrolera por 365 días y la estatización sin pago, bajo control obrero, de toda empresa que cierre. El martes próximo, el PO realizará junto a los compañeros de la comisión de desocupados de la Agrupación Obreros del Petróleo una radio abierta contra los despidos y por la nacionalización integral de la industria petrolera bajo control obrero en el centro de las ciudades de Neuquén y Cutral-Có.