El largo conflicto de transporte del interior del país ha establecido un principio de acuerdo para la mayoría de las provincias. Según algunos medios, “lo que obligó a las partes a cerrar el acuerdo fue el paro de 24 horas convocado para hoy en el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba) en solidaridad con las medidas de fuerza dispuestas en el interior del país” (Ámbito 2/6). El paro había sido convocado por Miguel Bustunduy, exsecretario de Organización de UTA y lobista de los accionistas de Dota.

El acta firmada por UTA y las patronales del transporte del interior establece que “las empresas integrantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) asumen el compromiso de abonar el 100% del salario neto de bolsillo del personal a razón de un 88% en concepto de asignación no remunerativa y el restante 12% de manera normal, devengados en los meses de abril, mayo y lo que corresponde al mes de junio de 2020”.

Si bien las patronales no lograron la redistribución equitativa de los fondos no reintegrables para el interior del país con respecto a Capital Federal y Amba, “el Ministerio de Transporte facilitó el acuerdo entre las partes al permitir el ingreso de Fatap al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado por el decreto de necesidad y urgencia 332/20. Esto significa que las empresas del sistema del transporte urbano de la ciudad recibirán un promedio de $28000 por empleado de mayo a junio para compensar la pérdida de ingresos por la caída abrupta del corte de boleto, en el marco de emergencia sanitaria” (Alfil, 3/6).

En la capital cordobesa, a este nuevo ingreso deben computarse los que ya recibían por subsidios nacionales y provinciales, de manera tal que “el costo operativo –salarios por $289 millones y gasoil por $100 millones- quedaría cubierto para desarrollar una cobertura normal del servicio, con la reducción de la capacidad de traslado que imponen las nuevas normas de bioseguridad” (ídem).

Subsidios, siempre subsidios

A pesar de que las patronales de Córdoba declaran que el 70 % de los costos se cubren con la recaudación y que la cuarentena las habría dejado al borde de la quiebra, Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe, declaró tener el mismo esquema de subsidios que su par cordobés aunque extrañamente para los santafesinos “las empresas se sustentan en un 50 por ciento con subsidios y, el resto, con la recaudación por la prestación de los servicios” (Ámbito 2/6).

Lo cierto es que los subsidios del transporte, desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta esta parte, han sido una caja negra de la que se sirvieron empresas, gobiernos y la misma UTA. Actualmente hay decenas de denuncias e imputaciones cruzadas entre los mismos que usufructúan de ellos. Es tal la corrupción y el desmanejo que hay alrededor de los subsidios que el área de la municipalidad encargada de controlar al Transporte Público de Pasajeros (TUP) ha sido literalmente desmantelada y sus trabajadores, cada vez que ejercieron el poder de contralor que tiene el ejecutivo Municipal, fueron apercibidos.

Lo que vuelve son los despidos y la flexibilización

En Córdoba demoraría más en volver el transporte ya que del oficialismo municipal seguirá un protocolo que será elevado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Por lo tanto, las condiciones y fecha de reanudación del transporte las marcará el organismo.

Sin embargo, ni las patronales ni el municipio han establecido la fecha de cobro de la deuda salarial. Es más la empresa cuasi monopólica Ersa ha aprovechado la cuarentena para desvincular a 70 empleados del taller y choferes que hace tres años fueron incorporados fuera de convenio para cubrir los 160 despidos que lograron imponer junto al resto de las empresas luego de que UTA entregara un paro por salario y condiciones de trabajo.

Si a la reducción de choferes por despidos se suman los conductores que son reasignados para que limpien las unidades, queda claro que la vuelta del transporte en Córdoba se hará con una frecuencia más reducida aún y con choferes que trabajen por encima de las 7 horas que establece el convenio. Algo que ya se está haciendo de hecho y que es la gran bandera del intendente Llayora junto a la reducción salarial.

UTA, un ariete de Llaryora y la Fetap

A pesar de la movilización de 500 trabajadores en Córdoba y de los 2.000 choferes y técnicos que se movilizaron de forma autoconvocada en Rosario, UTA desistió de una movilización masiva. Por el contrario, arregló cobrar casi la totalidad del salario en negro con las implicancias directas que esto tiene en las ya colapsadas obras sociales, por ejemplo, y sentando un precedente que estaban buscando las patronales y los intendentes para atacar convenios y salarios.

El miedo a una rebelión al interior de UTA llegó hasta Roberto Fernández, actual secretario general de UTA Nacional, que “se plegó al reclamo de más subsidios para el interior que impulsa Llaryora” (La Voz 1/6). Por su parte Carla Esteban, interventora de UTA Nacional en Córdoba, mira su futuro en su par de Entre Ríos que renunció anoche en una tensa asamblea realizada en la sede del gremio porque “la institución (UTA) decidió que mañana se sale a trabajar y yo soy orgánico”.

En menos de una semana, empujada por una movilización a las puertas de la Municipalidad, Esteban pasó de reprocharle al intendente el no sacarle la concesión a las empresas, a declarar que se estaba negociando en Buenos Aires “juntamente con el Poder Ejecutivo Municipal que ha tomado como propia esta lucha” (Comunicado Nº 51 UTA Seccional Córdoba). Vale aclarar que el “aliado” de Carla Esteban acababa de imputarla cinco días atrás junto a otros 22 trabajadores, por reclamar que le paguen su salario.

Por la estatización bajo control de los trabajadores

Las distintas movilizaciones, manifestaciones de lucha en todo el interior del país e inclusive el paro abortado del Amba, muestran que los trabajadores de UTA marchan en sentido contrario a su conducción entreguista.

La unidad política y económica que hay entre la conducción de UTA, los municipios y las patronales desencadena obligatoriamente nuevos ataques al salario y el convenio.

Los trabajadores de UTA, que viven en carne propio el entramado corrupto que envuelve a todas estas patronales que han amasado fortunas en los últimos años, no están dispuestos a pagar el saldo de los costos de esta crisis, con más ajuste sobre ellos y sobre el servicio.

El lucro empresarial y la corrupción estatal son dos parásitos que han empujado al TUP a una crisis que pone en peligro a trabajadores y a vecinos. Para garantizar la salubridad, frecuencia y un transporte accesible a toda la población laboriosa y sus familias, el transporte de pasajeros tiene que volver a la órbita del Estado y ser gestionado por trabajadores y usuarios.