Según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT) durante el primer trimestre de 2022 las muertes laborales se incrementaron un 66% en comparación con el mismo periodo del año anterior en Córdoba, arrojando como resultado 10 víctimas fatales. Con 9.305 siniestros, hubo un aumento de casi 900 accidentes laborales que ocasionaron bajas y secuelas incapacitantes. Cabe señalar que los datos corresponden sólo a trabajadores regularizados.

En cuanto a los rubros, la actividad que más siniestros concentró fue la industria manufacturera, le siguió el comercio al por mayor y por menor y la reparación de automotores y motocicletas. Luego se ubicó la construcción, con un crecimiento, en comparación con el 2020, de un 9,3%. A estas cifras hay que sumar 10 muertes de trabajadores entre abril y julio de este año, según un relevamiento efectuado por La Voz de Interior. Aunque podría haber más casos dispersos, las cifras revelan que 20 personas murieron en lo que va de 2022 por accidentes laborales.

No obstante, las alarmantes cifras desde el Ministerio de Trabajo de Córdoba indicaron que no notaron un aumento “significativo” de accidentes graves. Informaron que desde el organismo se realizan alrededor de 15 mil intervenciones al año a distintas empresas por diversas irregularidades, se ejecutan unas cuatro clausuras por semana y que, en otros casos, sólo exigen el cese de alguna tarea o sección en particular. Una de las actividades más riesgosas es la construcción, justo donde más impera la informalidad. El propio Ministerio reconoce que sólo dispone de 40 inspectores laborales para toda la provincia.

Así las cosas, Córdoba es la tercera provincia con mayor cantidad de accidentes laborales registrados, por detrás de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Muertes laborales evitables. 

Uno de los casos recientes más resonante ocurrió el 15 de junio en una cementera de Holcim en la localidad de Malagueño, cuando un operario de 67 años murió al desprenderse una estructura de hormigón, durante la demolición de un silo en desuso.

El 4 de mayo último, Mariano Fernando Banegas, de 48 años, cayó desde 6 metros de altura luego de recibir una descarga eléctrica, mientras colocaba un cartel publicitario en barrio Las Flores, de la ciudad de Córdoba. Llevaba más de 25 años en el rubro y, según su pareja, hace tiempo se quejaba por la falta de medidas de seguridad. “Ese día no tenía guantes, eso lo hubiera salvado” lamentó la esposa de la víctima.

El pasado 30 de junio, un trabajador metalúrgico de 34 años murió aprisionado en una máquina. El hecho se produjo en la empresa “Cord Mold”, que se dedica a la fabricación de autopartes. El 6 de julio Ezequiel Urciolo, de 33 años, murió al caer de un edificio en construcción en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. En enero, otro obrero de la construcción había fallecido al caer al vacío en un predio también ubicado en el mismo barrio.

Un obrero de 22 años falleció atrapado al desmoronarse una obra de cloacas en la localidad de Hernando; otro murió al caer del techo de un galpón; y otro trabajador rural perdió la vida al caer en una tolva. Estas son sólo algunas víctimas de una larga lista de muertes laborales evitables en la provincia.

Un régimen de flexibilización, precarización y muerte. 

Un régimen laboral donde las empresas se rigen con premios a la productividad, al presentismo, turnos rotativos, violación de los límites de horas extras y jornadas de trabajo de más 12 horas es, sin duda alguna, el caldo de cultivo para los accidentes, muertes, y enfermedades laborales perfectamente evitables. Ni hablar de los trabajadores no registrados, contratados o monotributistas, donde no existe ningún límite legal en las condiciones de trabajo.

Como contrapartida a la flexibilidad y la precariedad laboral aparece la ausencia de toda política de prevención y protección de la salud laboral. La connivencia entre los empleadores y las ART por un lado; y la complicidad del Ministerio de Trabajo por el otro, es la condición sine qua non para el sostenimiento de un régimen de superexplotación que se acentúa al calor de la crisis capitalista.

Por el costado legal el círculo se cierra con las reformas laborales propatronales en la materia, como la exclusión de numerosas enfermedades del listado de dolencias reclamables, la obligatoriedad de las Comisiones Médicas (para nada imparciales) como paso infranqueable antes de llegar a la vía judicial, y juicios por ART con demoras de seis o más años. El ejercicio de los derechos laborales por enfermedades y accidentes laborales es una verdadera carrera de obstáculos que desalienta cualquier reclamo de los trabajadores antes de empezar.

Pero, además, en el último periodo se verificaron importantes modificaciones en las conquistas y condiciones de trabajo. Muchas patronales han avanzado en la reforma laboral de hecho en los lugares de trabajo con la anuencia las burocracias sindicales. En efecto, la reforma laboral antiobrera que exige el fondo se perfila como la precarización y superexplotación laboral generalizada de la clase obrera en nuestro país.

En Córdoba desde 2019 existe un Colegio Profesional de Higiene y Seguridad con el objetivo de perfeccionar actividades profesionales vinculadas a la materia. A la luz de las cifras no solo se advierte el fracaso de la medida sino también la impostura del gobierno de Schiaretti. La gravísima situación a la que nos han conducido las patronales, ART y el Estado capitalista, coloca en manos de los trabajadores la única garantía de defensa de las condiciones de salud, higiene y seguridad.

Vamos por Comités Obreros de la Seguridad, Salud e Higiene Laboral.

Para que ese control sea eficaz debe ser ejercido por los trabajadores en forma independiente. Para eso planteamos la constitución de comités de control obreros como órganos autónomos, no paritarios ni mixtos, con delegados electos democráticamente en el seno de cada lugar de trabajo. Promovemos la capacitación específica brindada por organismos y especialistas independientes de las patronales y de las ART, capacitación que debe extenderse al conjunto de los trabajadores. Pero lo más relevante, para que esa tarea de prevención sea efectiva, hay que defender la facultad de los trabajadores de detener toda actividad laboral cuando se advierta peligro cierto, amparada en la Ley de Contrato de Trabajo.

La historia de lucha de la clase obrera argentina es rica en experiencias de comités de control obrero. Entre ellos, en Petroquímica PASA de Rosario, Astilleros Astarsa en los años 1973 y 74. Y en la actualidad, la dirección combativa del Sutna y la comisión interna del Inti, en cuyo lugar las direcciones clasistas alumbraron protocolos sanitarios obreros, demostrando la viabilidad y eficacia del movimiento obrero independiente para evitar muertes, accidentes y enfermedades. Se trata de una cuestión vital y urgente ante la dramática realidad imperante.

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