A una semana de aprobada la ordenanza que recorta el salario municipal, Llaryora arremetió una vez más contra las y los trabajadores municipales, esta vez mediante la intervención judicial. La imputación de 13 miembros de la cúpula del Suoem (Sindicato municipal) no puede entenderse si no es al calor de las crecientes acciones de protesta que se multiplicaron en las bases.

Luego de la movilización que congregó a un centenar de trabajadores frente al Concejo Deliberante el viernes 9/5, se han multiplicado las acciones en diversas reparticiones. Se realizaron protestas en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, en la Dirección de Especialidades Médicas y de la Dirección de Atención Primaria de la Salud. Se multiplicaron los reclamos de maestras/os y directivas/os en las escuelas municipales, mientras crecen las reuniones en diversas áreas operativas y dependencias, como en el Hospital Infantil. Sin duda, las imputaciones vienen a ser un tiro por elevación contra la organización que crece desde las bases.

El intendente del PJ, Martín Llaryora, haciendo un uso demagógico de la crisis sanitaria y el confinamiento obligatorio, despliega su política de regimentación contra las luchas obreras y populares que se abren paso en medio de una situación sanitaria y social explosiva. La impostura es absoluta. Semana a semana se han ido exceptuando cada vez más actividades productivas que favorecen la concentración de grandes conglomerados de trabajadores en fábricas, talleres y comercios, mientras se avanza judicialmente contra un centenar de trabajadores que reclaman por salario. La medida de Llaryora se inscribe en una política provincial direccionada por el propio Schiaretti, quien hace dos semanas dispuso un operativo policial y represivo descomunal contra las y los municipales de Jesús María, con un saldo de 42 detenidos.

El PJ se juega a derrotar a las y los municipales para lanzarse contra el resto de quienes sostienen los servicios en la ciudad. Hace apenas unos días Llaryora explicitó sus intenciones de avanzar sobre salarios y convenios de los trabajadores de UTA (uno de los mejores convenios del sector a nivel nacional) y los recolectores de residuos. Llaryora busca sortear la bancarrota de la ciudad echando mano a los salarios del personal de salud, que se encuentra en la primera línea de lucha contra la pandemia en las barriadas más humildes de la ciudad; del salario de maestras/os y directivos/as que sostienen el vínculo pedagógico con cientos de niños y garantizan el acceso a un plato de comida para sus familias; de trabajadores de áreas operativas que garantizan el funcionamiento de la ciudad en plena cuarentena.

Sin embargo, el descalabro de las finanzas municipales tiene como trasfondo la sangría presupuestaria que supone sostener el pago de una deuda impagable, mientras se incorporan cada vez más servicios a la ya ajustada caja de la ciudad. Años de negociados que han hecho de Córdoba la ciudad preferida para los desarrollistas urbanos y las empresas concesionarias de servicios que se quedan con la tierra y los fondos de los cordobeses, sin dejar nada a cambio. Sin duda, el ataque a los salarios y los convenios colectivos viene a financiar las arcas de las empresas contratistas del transporte urbano y la recolección de residuos, que embolsan subsidios millonarios y cobran sobreprecios, a cambio de un servicio inexistente.

La política de regimentación y represión del oficialismo procede ante la completa inacción de las conducciones sindicales. Es necesaria una intervención unificada en primer lugar del conjunto de las y los trabajadores municipales que se encuentra en la mira del gobierno. Para ello la conducción del Suoem debe convocar al cuerpo de delegados a deliberar y organizar un plan de lucha progresivo que unifique la lucha de todas las dependencias y así reclamar la solidaridad del conjunto de la clase obrera cordobesa.

En esta línea, la CGT debe romper su pacto con la UIA y los gobiernos y llamar a todos los y las trabajadoras a abrazar la lucha municipal, en una intervención decidida de rechazo a esta política gubernamental que prepare a la clase obrera para derrotar una política anti-obrera que busca proceder en una reforma laboral de hecho. Por este camino luchamos por derrotar las pretensiones de los gobiernos dispuestos a pagar la deuda y la crisis con el hambre y la precarización de las y los trabajadores.