Convoca la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda, junto con las agrupaciones de la Coordinadora Sindical Clasista y el Plenario de Trabajadores Jubilados.

El recorte del 10% dispuesto por la Caja a las jubilaciones que superan los $110.789 ha puesto en alerta al conjunto de los jubilados de la provincia de Córdoba. El gobierno presenta esta resolución como una consecuencia de haber recortado antes el sueldo del gobernador, con lo que deja en evidencia que su objetivo no es la austeridad de la planta política, sino el recorte profundo contra los trabajadores. Resulta que la política de ajuste del gobierno de Schiaretti contra las jubilaciones es sistemática y precede absolutamente a la explosión de cualquier pandemia. El gobierno está utilizando de forma pérfida y brutal la plaga del coronavirus para avanzar en un plan de ajuste previsional que tenía diseñado de antemano y que incluye la armonización jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, la rebaja de los topes y los recortes salariales.

A la par de este recorte los jubilados han experimentado una incertidumbre general en torno a la percepción de sus haberes, con demoras en el pago y dudas sobre los montos liquidados. Lo mismo han sentido los trabajadores activos estatales y docentes, que vieron estirado el cronograma de pagos con la excusa del aislamiento y se encontraron con recortes inexplicables en sus salarios bajo la forma de “revisión de haberes”.

La alarma generalizada que el recorte ha despertado entre los jubilados pone nuevamente en el centro la necesidad de desarrollar un plan de lucha en defensa de la Caja y las jubilaciones, algo que ya estaba planteado antes de la declaración de la cuarentena. Luego de tres Cabildos abiertos las organizaciones de jubilados habían convocado a una movilización hacia la Caja y la Casa de Gobierno. El plan quedó interrumpido con la suspensión de las actividades, pero los motivos que llevaron a votarlo están hoy incluso más vigentes, a la luz de la avanzada de ajuste del gobierno.

Este plan desarrollado por el activismo y las organizaciones de jubilados contrasta con la orientación de las conducciones sindicales, que han colaborado con el gobierno en su política de ajuste y vaciamiento de la Caja. La conducción de Uepc (docentes) firmó en plena cuarentena un acuerdo salarial que las escuelas habían rechazado sobre todo por incluir la armonización previsional y el abandono del régimen especial docente. El propio Pihen, titular de la CGT Regional y del SEP (empleados públicos), en su rol de legislador oficialista apoyó al gobierno en la habilitación de pagar salarios con bonos. Así también, abandonaron la exigencia de anular la 10.333 (robo del 11% sobre el salario para el cálculo del haber jubilatorio) y entregaron el 82% móvil. No sorprende, por tanto, la ausencia de toda iniciativa de lucha por parte de la burocracia sindical para rechazar este recorte contra las jubilaciones.

La situación exige la intervención urgente de los trabajadores. Se impone la necesidad de un plan de lucha desarrollado sobre la base de un frente único de las agrupaciones de jubilados y el activismo independiente y antiburocrático de los sindicatos.

Con ese espíritu desde la Coordinadora Sindical Clasista y el Plenario de Trabajadores Jubilados hemos convocado a una audiencia pública con la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda para el próximo jueves 14 a las 17 hs. La instancia busca aportar al desenvolvimiento de un plan de acción que ponga al frente, en la agenda y en la calle, el programa de los trabajadores para defender sus aportes, su Caja y sus jubilaciones.