Este lunes se realizó una masiva caravana con cerca de 4.000 mil autos, de trabajadores de la salud contra la imputación al médico Lucas Figueroa, por el brote de coronavirus en Saldan. La UEPC (docentes) fue al paro virtual el martes, y un plenario de la oposición antiburocrática resolvió y llevó adelante una movilización para hacer activa la iniciativa. La Bancaria decretó el paro con asistencia a los lugares de trabajo el miércoles, en las dependencias afectadas por la reforma jubilatoria. Judiciales resolvió el paro para el 26 y 27 de mayo en momentos de regreso a la actividad, por el aumento salarial y contra el robo a los jubilados. El 27, Luz y Fuerza estableció un quite de colaboración. A último momento se levantó una movilización de trabajadores de UTA, convocada para el martes, ante un pago parcial del salario, aunque sigue el paro.

Los municipales de la capital (Suoem) realizaron este miércoles una enorme movilización de cerca de 3.000 trabajadores, que forma parte de la lucha contra el recorte salarial del 15% y el ataque a otros derechos. El jueves 28 de mayo, el combativo sindicato de la salud, UTS, está convocando a una jornada provincial de lucha por aumento salarial de emergencia, contra el recorte de las jubilaciones y en solidaridad con Figueroa. En Jesús María, el combativo Sitram discute con la intendencia el pago íntegro de salarios, si se quiere descontar salario habrá lucha. En muchos municipios del interior provincial se están discutiendo acciones contra los recortes salariales que imponen los intendentes. El próximo 29 de mayo, en un nuevo aniversario del “Cordobazo”, las organizaciones de jubilados están impulsando una gran movilización a la Caja de Jubilaciones, que contará también con la participación de agrupaciones y sindicatos. También para el 29, la Asamblea de Trabajadores de Reparto convoca una caravana en el marco del paro nacional de repartidores.

De esa forma se levanta la clase obrera, y a fuerza de paros y movilizaciones, empieza a intervenir en la crisis, que los capitalistas y sus gobiernos quieren descargar sobre los que viven de su trabajo, sin afectar los grandes negocios de la provincia, siguiendo con el endeudamiento usuario y sin tocar las millonarias fortunas.

El gobierno de Schiaretti ha aprovechado en forma maliciosa el aislamiento por coronavirus para imponer una agenda histórica antiobrera. Ha quedado claro que la marcha atrás de la flexibilización de la cuarenta fue una manipulación de la vida y la salud de la población, para establecer las condiciones de regimentación social e impedir la movilización contra el robo jubilatorio. Ese accionar no es un caso aislado. Schiaretti, y su Justicia adicta, viene persiguiendo y encarcelando a los que luchan, como sucedió en Jesús María, en UTA, Suoem, Polo Obrero y repartidores.

Córdoba hace tiempo está quebrada. Se mantuvo en los últimos años a cuenta de un endeudamiento exponencial en dólares, que financió grandes negociados de los capitalistas. Ahora, la pandemia ha precipitado la crisis. Para aminorar el impacto de la misma, Schiaretti intentó realizar una emisión de cuasimoneda, lo que solo pudo hacer limitadamente. Ahora, el gobierno se lanzó contra los derechos de las y los trabajadores. Las reformas laboral y previsional de Schiaretti son parte de la agenda del FMI.

Alberto Fernández apoya abiertamente a este gobierno ajustador y represivo. Le aportó los votos del bloque que le responde, el miércoles pasado, para aprobar el robo jubilatorio. Y el sábado, en conferencia nacional, elogió reiteradamente al gobierno de Schiaretti. Se trata de defender una orientación nacional que pasa por pagar la deuda usuraria y rescatar al capital, a costa del hambre del pueblo.

La burocracia sindical es cómplice de toda esta agenda antiobrera. Hace tiempo, las conducciones del SEP (estatales) y de Uepc vienen colaborando con el desfinanciamiento de la Caja de jubilaciones, haciendo pasar rebajas de los aportes personales como aumentos salariales, y admitiendo el trabajo precario y la reducción de los aportes patronales. También la burocracia acordó la rebaja salarial, que ahora se quiere generalizar a todos los asalariados. La complicidad en estos ataques se refleja también en el terreno político. En 2019, la gran mayoría de las conducciones burocráticas apoyaron a Schiaretti y Fernández.

Para el Partido Obrero y la CSC, que hemos estado presente en todas las luchas de la provincia, es necesario desarrollar más a fondo un programa de las y los trabajadores. Planteamos: 1) defensa de la Caja de Jubilaciones, terminar con el trabajo precarizado y en negro, reponer aportes patronales, retomar el control mediante un directorio electo y revocable, reponer el 82% móvil; 2) pago inmediato de salarios y estatización del transporte bajo control obrero y de usuarios; 3) no al recorte en los sueldos, aumento salarial y cláusula gatillo; 4) seguro al parado de 30 mil pesos para todos las y los desocupados, y aumento de la asistencia alimentaria; 5) dejar de pagar la deuda usuraria y que se imponga un impuesto a las grandes fortunas.

Con este programa exigimos a las CGT y CTA que convoquen el paro general activo y el plan de lucha, y un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero, para derrotar la avanzada ajustadora y abrir una salida propia en la crisis. Llamamos a las y los trabajadores a participar activamente de la lucha.