Los ex trabajadores del Molino Minetti recibirán el próximo 31 de octubre a las 13 horas la lectura de la sentencia referida al proceso judicial que atravesaron en el marco de las protestas sucedidas en 2019. Se trata del conflicto desatado a raíz del cierre del Molino, situado en el camino a San Antonio, en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba.

Cabe recordar que los trabajadores de Molino Minetti, en ejercicio del derecho a la protesta, ocuparon las instalaciones de la fábrica para reclamar el pago de últimas, aportes patronales que afectan a la ART, las obras sociales y el seguro de vida. En este marco, les armaron una causa por “turbación de posesión”, y llegaron a padecer allanamientos en sus domicilios. Esto como parte de una política de hostigamiento de las patronales y el Estado.

De los 17 trabajadores procesados, tres eran representantes gremiales al momento de los hechos; sólo llegaron a juicio oral cuatro en virtud de diferentes acuerdos extorsivos que incluyeron resignar deudas económicas –indemnizaciones- de la empresa para con los trabajadores y prohibición de iniciar en el futuro demandas laborales. Que el juicio llegue a su término en medio del proceso electoral constituye un mensaje por elevación a todos los trabajadores que se organizan por sus reclamos.

Los orígenes del conflicto

En agosto de 2019 la empresa Molino Minetti, con sede en Córdoba, decide el cierre del establecimiento, despidiendo a 150 trabajadores, los que iniciaron un plan de lucha con permanencia en la planta, movilizaciones, asambleas en la fábrica. Luego de seis meses y dos intentos fallidos de desalojo con operativos propios de la dictadura militar y 14 días de permanencia a 70 metros de altura en las torres del Molino -en un marco de hostigamiento policial, cortes de luz, agua, y el impedimento a que recibieran suministros y vieran a sus familias-, los molineros decidieron en febrero del 2020 continuar con su reclamo fuera de la planta. Durante todo el conflicto el sindicato (Uoma) actuó en tándem con las autoridades de la empresa y el Ministerio de Trabajo.

En el otro extremo, los trabajadores recibieron el apoyo de diferentes organizaciones de izquierda. Desde la banca de Soledad Díaz presentamos un proyecto de ley que planteaba la puesta en producción de la planta y la reincorporación de todo su personal, dado que el molino tenía una capacidad de producción anual de 165 mil toneladas de harina. Sin embargo, José Pihen, secretario de la CGT Rodríguez Peña, no apoyó los reclamos de los trabajadores y también se negó a tratar el proyecto mostrando el rasgo más retrógrado del sindicalismo cordobés, actuando decididamente para que la lucha fuera derrotada y actuara como muestra de disciplinamiento para el conjunto de trabajadores.

La justicia provincial, adicta al gobierno, fue más a fondo, abriendo causas a los activistas: diecisiete trabajadores de Molino Minetti, luego de defender sus puestos de trabajo, fueron imputados, entre ellos sus delegados, por turbación de la posesión y daños a los ejecutivos -sobre quienes tienen una restricción, a pesar de que estos aparecieron en el medio del plan de lucha para provocar a los trabajadores.

La patronal se presentó a la quiebra con un plan de producción mínimo, que dejaba 120 familias en la calle. Como los despidos fueron amañados en su mayoría con causa, las imputaciones buscaron fortalecer esta posición, eludiendo el pago de salarios adeudados y las indemnizaciones.

Exhibir en la picota la cabeza de los trabajadores

Durante el desarrollo del juicio los directivos de la empresa fueron convocados en calidad de testigos –Fernando Cornú de Olmos y Agustín Figueroa Álvarez- y buscaron desconocer sus responsabilidades como empleadores, esto es, el abono de 3 meses de salarios fijados por la Ley de Contrato de Trabajo, incumplimiento de pago de ART, seguro de vida, cuotas alimentarias, embargos, falta de pago de aportes patronales, lo que impedía tener cobertura de obras sociales y asignaciones familiares.

Por el contrario, se buscó criminalizar a los trabajadores, quienes ejercieron el pleno derecho a la protesta ante el sistemático incumplimiento de las obligaciones por parte de la patronal, que optó por despedir en masa con una impunidad sólo explicable por la cobertura política plena del Estado. Toda una muestra del rol de la justicia, el gobierno, y la burocracia sindical. Reclamamos la absolución de los ex trabajadores molineros, luchar no es delito.