La conducción de UEPC, el sindicato docente de Córdoba, está haciendo circular un documento con los puntos del acta acuerdo que negoció con el gobierno para cerrar la paritaria de este año. La conducción afirma allí que mantuvo negociaciones con el ejecutivo hasta el viernes 27 de marzo y confiesa que el gobierno no ha mejorado la oferta, que fue masiva y abrumadoramente rechazada por las escuelas a lo largo y ancho de la provincia y por la propia asamblea departamental, pero que de todas formas la Junta Ejecutiva del sindicato aceptará unilateralmente ese ofrecimiento, en contradicción con la voluntad de la docencia. En medio de la pandemia, con clases presenciales suspendidas y un estado de aislamiento que en los hechos ha sobrecargado de trabajo a los docentes, la conducción de Monserrat y compañía se apresta a seguir el camino de Pihén con el SEP (Empleados Públicos) y firmar de forma clandestina un acuerdo contrario al reclamo de las escuelas.

La paritaria, con un incremento del básico en tres cuotas de apenas 2% más una repartija exigua de monedas entre distintos ítems, lo que distorsiona abruptamente la escala salarial, sigue dejando a los docentes bajo la línea de pobreza. Una maestra no llegaría siquiera a los 35 mil pesos en julio, e incluso contando el bono del Incentivo Docente (del que no existe seguridad de continuidad según el acta de la paritaria nacional), apenas alcanzaría los 37 mil. Pero hay que esperar a julio para esas cifras; en febrero su trabajo apenas valió 33 mil pesos, cuando la línea de pobreza ya hoy está encima de los 42 mil. La propuesta, por su parte, sigue incluyendo el recorte de los aportes previsionales, lo que incluye en sí mismo la armonización de las jubilaciones y el desplazamiento del régimen especial docente, puesto que equipara los aportes con la jubilación ordinaria nacional. La conducción Celeste, acólita del PJ provincial, justifica esta entrega diciendo que el gobierno supliría el recorte al ingreso de la Caja, lo cual es una completa falacia puesto que a la Caja de Jubilaciones la maneja el propio gobierno y la tiene en la propia órbita de las finanzas provinciales. Venden como novedad, además, la propuesta del blanqueo de los $3.250 que los docentes ya cobramos como parte de la deuda que el gobierno tiene con nosotros por haber dejado de pagar la cláusula gatillo en 2019. Pero especifica que este “blanqueo” solo es para hacer remunerativa la cifra, es decir, reducirla al aplicarle las deducciones del salario, pero de ninguna manera que pasen a bonificar por antigüedad o zona. No existe, por otra parte, ningún planteo de cláusula gatillo o actualización salarial respecto de la inflación.

Con esta entrega que se apresta a firmar Monserrat, el secretario general, amparándose en artilugios del estatuto sindical y no en la voluntad y los reclamos de las escuelas, los docentes profundizarán su pobreza frente al grave escenario que ha generado la pandemia del coronavirus. No se puede enfrentar esta situación con salarios de pobreza que tienden hacia la indigencia, sobre todo considerando el aumento generalizado de los precios que hunde cada vez más la economía de las familias. El acierto del rechazo masivo de la docencia a esta oferta ha quedado plenamente confirmado por la realidad, ya que los precios siguen en alza, especialmente entre los alimentos y elementos de higiene y limpieza. Monserrat y la conducción de UEPC le dan la espalda a esta realidad y con su accionar promueven la precariedad de los trabajadores de la educación dando por aceptada esta paritaria insalubre, que ya fue rechazada por la docencia y las escuelas.

No existe en el acta acuerdo ningún planteo de defensa del salario docente que le permita abordar la situación extraordinaria en la que ha entrado la educación. No aborda el problema de los docentes que no llegan ni siquiera a la mínima y que en este momento se ven impedidos de tomar nuevas horas o cargos. No establece ninguna medida contra las bajas a los suplentes en el período de cuarentena. No exige la continuidad en el cargo, ni de la cobertura de la obra social. Es decir, aparte de precarizar, empobrecer y destruir el régimen previsional, el acuerdo entre la conducción de UEPC y el gobierno deja a los docentes a la deriva y expuestos a la insalubridad.

El camino tiene que ser completamente otro. Hay que defender el mandato de las escuelas y exigir un aumento de emergencia que saque a los docentes de la pobreza. Es la única manera de atender a las necesidades de la docencia y defender consecuentemente su salud. Planteamos:

• Aumento de 30% para que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza.

• Cláusula gatillo de actualización salarial, automática y sin topes ni condicionamientos.

• Ninguna reforma contra las jubilaciones. Derogación de la 10333. 82% móvil

• Continuidad de todas las suplencias e interinatos durante el período de la cuarentena. Ninguna baja a docentes de ningún nivel.

• Que el Estado complete los ingresos de cada docente que no llega a los $35.000 de ingreso mínimo universal durante el período de la cuarentena, frente a la imposibilidad de tomar nuevos cargos por la suspensión de clases.

• Pago en tiempo y forma de los salarios, garantizando que ningún docente quede por debajo de la percepción mínima de $35.000.

• Continuidad sin ningún condicionamiento de la Obra Social Apross para todos los trabajadores de la educación, independientemente del carácter de su cargo y su situación de revista.

• Continuidad en el cargo de todos los trabajadores de los planes socioeducativos y de todo el personal auxiliar en las escuelas.

• Reconocimiento integral del trabajo docente. No a la extensión del ciclo lectivo, que no beneficia el proceso pedagógico y significa además un riesgo para la salud de toda la comunidad educativa.

• Defensa de la salud de las familias.