Desde que volvimos a las calles, el 30 de octubre, rechazando la primera propuesta salarial del ejecutivo, los municipales nos trazamos un objetivo común: enfrentar el ajuste del intendente LLaryora que no ha cesado de precarizar nuestro salario, recortando la jornada laboral, las prolongaciones y horas extras, pasando bonificaciones a no remunerativas, suspendiendo la carrera administrativa, contratando por fuera del convenio y sosteniendo el vaciamiento de cada una de las reparticiones en aquellos insumos indispensables para cumplir la tarea.

LLaryora se apoyó en una intensa (y onerosa) campaña mediática y en la represión garantizada por el gobernador Schiaretti, tratando de mostrarnos como violentos, vagos y privilegiados, buscando justificar la destrucción de nuestros los salarios.

La exoneración de un compañero tras el enfrentamiento con la policía (violentando todos los procedimientos administrativos y legales sin derecho a defensa y sin que mediara ninguna investigación), las suspensiones, imputaciones y el pedido de cesantía por parte de abogados mediáticos muestra a las claras que para los trabajadores que reclaman por sus derechos no hay justicia, mientras que para el ejecutivo, que los viola sistemáticamente, hay impunidad. Con una paritaria vencida hace 11 meses y una inflación acumulada del 27% a octubre, se ha profundizado la ruta que la gestión estableció como propia. Frente a eso, la decisión de enfrentar el ajuste significó recuperar la movilización como recurso principal para colocar el reclamo en la agenda pública y luchar contra una pérdida del 50% del salario para los trabajadores de las áreas operativas y de un 35% para las áreas administrativas.

Fruto de la movilización en las calles, el ejecutivo realizó una nueva propuesta, mejorando parcialmente (en 4 puntos) la oferta inicial. La comisión directiva informó que esta nueva propuesta fue aceptada por 198 votos a favor y 61 en contra.

Una propuesta limitada y precarizadora

El acuerdo implica recibir el 11% con el sueldo de noviembre (en diciembre) y el 12,45% con el sueldo de enero. Es decir, en febrero habríamos “recuperado” de bolsillo apenas un 23,65% frente a una inflación 2020 estimada en el 38%. Lo que falta (el 15% o más) se vería recién en mayo. Con esto queda claro que no resuelve el problema de la pérdida de poder adquisitivo del salario. Tampoco resuelve –por el contrario, profundiza- la brecha entre activos y pasivos, ya que los jubilados municipales no verían ningún aumento ligado a este acuerdo salarial.

Con sumas no remunerativas se agrava el vaciamiento del Apross y de la Anses y la movilidad jubilatoria pasa a ser un pasaporte a la indigencia. El acuerdo tampoco restituye la séptima hora, convalidando la ilegalidad perpetrada por este ejecutivo y el Concejo Deliberante en plena pandemia, cuando sancionó la ordenanza 13.033 que modifica unilateralmente el estatuto municipal.

Ofrece devolver de manera no remunerativa mediante una bonificación parte del salario perdido, de manera escalonada y en un tope de hasta $10.000 a partir del mes de febrero (a cobrar en marzo), con lo cual patea para adelante toda reparación. El descongelamiento de la carrera administrativa se prevé a partir de febrero. Se trata de una ilegalidad más, que no contabiliza el tiempo transcurrido desde que se estableció el congelamiento. Con suerte, en el mes de mayo estaremos discutiendo la inflación de noviembre y diciembre… ¿junto a los meses de enero a mayo 2021? Una promesa inconsistente, en línea con la cantidad de incumplimientos que viene realizando esta gestión.

La recomposición no llega

Como se ve, la propuesta del ejecutivo no resuelve ningún problema de los municipales. Eso será evidente cuando hayamos consumido el aguinaldo porque, al descongelarse los servicios desde fin de año, los tarifazos y el descalabro económico seguirán vigentes. Por esa razón, la propuesta que fue aceptada está sujeta a la evolución de la propia crisis económica que será la que ponga blanco sobre negro lo acordado.

Que el rechazo provenga mayoritariamente de las áreas operativas y de educación -que incluye docentes suplentes que han vivido esta experiencia con los salarios provinciales- muestra que hay una reserva de lucha importante para enfrentar el ajuste.

Desde la Lista Fucsia de municipales rechazamos la propuesta porque consolida la precarización ofreciendo solo una aspirina frente a una situación de gravedad, pateando el conflicto hacia adelante.  El objetivo de enfrentar el ajuste de seguirá presente porque el acuerdo no resuelve de fondo ninguno de los problemas que esta gestión profundizó.

Para revertir este cuadro de ofensiva patronal -que más temprano que tarde volverá a expresarse en las calles- es indispensable una delimitación definitiva respecto del ejecutivo: dotar al sindicato de la necesaria independencia política frente a los ajustadores de turno, impulsando la plena democracia sindical que venimos reclamando desde el primer momento, abriendo paso al empuje de los municipales, desarrollando asambleas en cada lugar de trabajo y estableciendo un plan de lucha de conjunto para recomponer el salario y las condiciones de trabajo allí donde el atropello patronal avanza sin miramientos.

Es necesario exigir un paro provincial que ponga freno a esta política sistemática de reforma laboral de hecho que recae sobre las espaldas de los trabajadores. La unidad de todos los sectores para golpear como un solo puño y la independencia política de los sindicatos son condiciones para que la lucha triunfe.