El gobierno de Córdoba anunció que aplicará un recorte en los sueldos de agentes y funcionarios de los tres poderes. Según la ministra de Coordinación de la provincia de Córdoba, Silvina Rivero, “La Provincia ya decidió aplicar un recorte en el pago de salarios del mes de abril (donde) es probable que incluso supere el 30 por ciento” en los sectores de mayor poder adquisitivo (La Voz 05/04). 

Sin embargo la editorialista del matutino aclara que un sector del gobierno analiza que si sólo se recorta los sueldos altos en un 35% ahorraría apenas el 1,6 por ciento de lo que la Provincia paga en salarios, lo cual es poco. En cambio “si se decidiera aplicar un recorte salarial progresivo, pero generalizado, en lo que sería una hipótesis de alto costo político que no tiene en cuenta el impacto previsional, el ahorro salarial sería de apenas el 3,2 por ciento del gasto en salario” (ídem.). La razón por la que el porcentaje sube poco a pesar de que la masa salarial aumenta considerablemente es porque el 71% de los sueldos que paga el Estado, en bruto, no superan los 60 mil pesos. Lo que significa que el recorte se aplicaría sobre sueldos de bolsillo de $45.000, o sea sobre ingresos que rozan la línea de pobreza.

La ecuación que se propone partiría de un recorte del 5% a quienes tienen un sueldo bruto entre $ 60 mil y $ 120 mil; 15% a quienes estén entre $ 120 mil y $ 220 mil, y 35% a quienes ganan más de $ 220 mil. Esta última franja está integrada en un 74% por empleados del Poder Judicial, o sea los jueces, que no piensan bajarse el sueldo y el gobierno tampoco piensa imponérselo. 

El anuncio ha puesto en alerta a los trabajadores, lo que obligó al pronunciamiento de repudio de sectores agremiados y hasta de la CGT Regional Córdoba, cuyo secretario general acaba de entregar el salario de los empleados públicos. Lo mismo ha hecho la conducción del sindicato docente (Uepc), firmando un acuerdo a la baja que las escuelas en toda la provincia habían rechazado. La burocracia preparó el terreno para la avanzada del gobierno contra los salarios.

No es algo nuevo para Schiaretti violentar el salario de los trabajadores del Estado, en varias oportunidades ha incumplido acuerdos paritarios ya firmados y ha dejado de pagar actualizaciones salariales que correspondían. Si lo que se busca es recortarles el sueldo a los funcionarios, lo que corresponde es que todo funcionario cobre como un trabajador, tal cual lo viene planteando el FIT desde hace años y para lo cual ha presentado varios proyectos que nunca quisieron tratar.

El gobierno pretende justificar este ajuste en las mayores erogaciones que genera la atención de la pandemia y dice que destinará la plata que robe de los salarios a personal e infraestructura de hospitales. Pero es cotidiano el reclamo que llega desde los hospitales donde los trabajadores de la salud y los pacientes denuncian y son víctimas de un sistema de salud pública totalmente devastado, vaciado y privatizado. Los insumos escasean, los profesionales son precarizados y explotados, faltan camas y equipos de protección personal. El anuncio no explicita en cuánto incrementará el presupuesto de salud para atender a las necesidades de la pandemia. Y no lo hace porque el gobierno está lejos de tomar las medidas necesarias para la lucha contra el virus: no plantea la centralización de todo el sistema sanitario, absorbiendo el sistema público al privado, ni la incorporación de personal en planta y bajo convenio, ni la realización de testeos masivos a la población para prevenir el contagio. Simplemente aprovecha la crisis sanitaria que él mismo es cómplice para avanzar en un ajuste contra los trabajadores.

Lo cierto es que el ajuste contra el salario no es una decisión coyuntural para reforzar la salud, sino una política sistemática que lo llevó a incumplir acuerdos salariales en varias oportunidades con docentes, a dejar de pagar la cláusula gatillo con educadores y empleados públicos, a extorsionar contra la paritaria con Luz y Fuerza, y a recortar las jubilaciones de todos los estatales. Como consecuencia de esta política Schiaretti tiene a los trabajadores de la provincia con salarios miserables que han perdido año a año contra una inflación que en Córdoba es de las más altas del país. El salario docente, por citar un caso, está 30% por debajo de la línea de pobreza y se va acercando rápidamente a la indigencia. No es mejor el caso de los empleados públicos, las enfermeras y el personal de los hospitales, que no llegan ni sobrecargándose de trabajo a la canasta familiar. 

Es necesario un impuesto extraordinario al gran capital, los especuladores y sojeros que explotan la provincia, para poner la riqueza al servicio de las necesidades de la población. El gobierno debe dejar de pagar la deuda de la provincia, que es totalmente parasitaria, tiene un alto componente en dólares y ha crecido exponencialmente.

Con salarios de pobreza no se puede combatir la enfermedad ni defender la salud. Rechazamos el recorte a los salarios de los trabajadores de la provincia y exigimos un aumento salarial de emergencia para sacar a todos los trabajadores de la línea de pobreza y garantizar un piso salarial mínimo que cubra el costo de la canasta familiar.