La manifestación de los municipales de la ciudad de Córdoba del día miércoles 4 ha sido demonizada de manera espectacular por los medios de comunicación locales. Desde el mediodía y durante todo el día posterior, han abordado el conflicto desde el único ángulo que coloca a los municipales como violentos y al intendente como el domador de circo. El conflicto que nos tiene nuevamente en las calles tiene epicentro en la cuestión salarial, luego de que todas las reparticiones rechazaran una oferta paupérrima que consolidaba una tendencia precarizadora.

Redoblando un esquema extorsivo que el intendente Martín Llaryora habilitó en el primer mes de su gestión -cuando procedió al despido de trabajadores y utilizó la reincorporación como moneda de cambio para hacer pasar sumas en negro- firmó este jueves un decreto exonerando al trabajador municipal Nelson Cuello, fotografiado con un mortero casero en la movilización del viernes pasado. Esta caza de brujas tiene un sentido político profundo: proceder al ajuste municipal –que no es otra cosa que la liquidación del estatuto y el salario- valiéndose de la extorsión como mecanismo permanente.

El Ejecutivo ofertó la mitad de la inflación anual proyectada y en cifras no remunerativas, no acumulativas y no bonificables. En ese marco, la defensa del salario es la madre de todas las batallas porque es la lucha que enfrenta la violencia estatal, iniciada desde el minuto uno de esta gestión. Los municipales tenemos vencida la paritaria desde enero de este año y hemos sufrido un ajuste implacable, aun cuando está vigente un DNU que prohibía modificar el salario.

La pérdida del poder adquisitivo por inflación ya lleva más de 25%; además, en muchas reparticiones se suma el recorte de la jornada laboral (15%), el quite de prolongaciones, horas extras y el pase de las bonificaciones a no remunerativas. No sólo afectaron nuestro salario actual: también el haber jubilatorio, contribuyendo al desfinanciamiento de la Caja de jubilaciones y el Apross (obra social).

La quita de chapas de los inspectores (30%) y el desconocimiento de la carrera administrativa forman parte de ese escenario de avasallamiento y ajuste. En las escuelas, les docentes trabajan incansablemente colocando sus propios recursos materiales y tecnológicos al servicio de la atención virtual de les estudiantes. En los centros de salud y hospitales, el personal enfrenta sin recursos, sin equipamiento y con instalaciones obsoletas una pandemia que no da respiro. De esos incumplimientos, los medios de prensa no dan cuenta, dado que el intendente gasta cifras millonarias en una campaña mediática y publicitaria buscando denostar el trabajo municipal. En ese sentido cubren de manera sesgada los incidentes que ocurren en el contexto de masivas movilizaciones que enfrentan el ajuste, haciendo gala del dicho popular “billetera mata galán”.

Lo que hay de fondo

En una de sus intervenciones en el programa de Telefé, Despertate, LLaryora deslizó el problema que enfrentó al comienzo de su gestión: “La información estaba totalmente manejada por los empleados municipales y había que cortar con esa cadena”. Frente a esta confesión, queda claro que quien monopoliza el control de la información tendrá el don de hacerle decir a los números lo que quiera. Los salarios municipales han conquistado el derecho a una participación en las arcas en función del conocimiento de la recaudación. La actual gestión se valió del reemplazo de trabajadores de planta por monotributistas para desplazarlos del conocimiento de información relativa a los números del municipio.

El ataque al salario municipal es el ataque a la clase trabajadora de conjunto. El intendente, en calidad de patronal, procede a contratar por fuera del estatuto municipal pagando por debajo de la línea de la indigencia a trabajadores precarizados identificados por su chalequito celeste e incumple el derecho a sostener el salario del empleado de planta.

Desde la Agrupación Municipal 29 de mayo en la Lista Fucsia acompañamos la lucha municipal en las calles y en las redes, denunciando que el primer violentador es el Estado municipal. De manera análoga a lo ocurrido con el encarcelamiento de 41 trabajadores municipales de Jesús María por orden del intendente Luis Picat al comienzo de la cuarentena, por el solo hecho de reclamar su derecho al salario, Llaryora quiere imponer con despidos y represión el ajuste. Los trabajadores estamos sacando conclusiones en un escenario convulsivo y retomamos las calles, que nunca debimos abandonar, para reclamar todos y cada uno de nuestros derechos.

No al despido de Nelson Cuello; no a las imputaciones a trabajadores municipales que luchan por sus derechos. Restitución de la séptima hora, blanqueo del salario y recomposición acorde a la inflación anual. No a la violencia del Estado; no la criminalización de la protesta social.

https://prensaobrera.com/sindicales/municipales-de-cordoba-siguen-en-la-calle-en-rechazo-al-ajuste-salarial/