En una nota publicada este miércoles 14 en el periódico La Voz del Interior los trabajadores municipales de salud son elegidos como blanco de ataque para reforzar la idea de que son responsables de los gastos del municipio de Córdoba. Es que, ante los números crecientes de contagio por Covid-19, que exhibe la provincia y que tiene por principal fuente a la ciudad capitalina, se impone encontrar un chivo expiatorio que explique por qué no se hace lo que debería hacerse en materia de salud.

Las referencias del matutino colocan intencionalmente los salarios municipales en cifras brutas para alentar la percepción de que un trabajador recibiría un monto exorbitante, cuando de bolsillo se cobra aproximadamente un 65% de la cifra exhibida.

En este artículo pretendemos debatir con ese informe. Para hacerlo, utilizaremos como referencia el salario de un profesional de la salud con 8 años de antigüedad, que reviste como Técnico Auxiliar de Sanidad (TAS) y se desempeña en uno de los tres hospitales municipales. Elegimos este salario, ya que se sitúa en la mediana del gráfico proporcionado por La Voz del Interior, que presenta salarios agrupados en categorías: con un bruto entre $100.000 y $110.000, este trabajador percibe de bolsillo $65.000.

Este trabajador tributa $8.347 de impuesto a las ganancias. Dado que supera el mínimo de $71.000 de bruto –el límite según el cual para el Indec el trabajador acumula “ganancias”. Este mismo Instituto señala que son necesarios $45.000 (netos, en agosto) para no ser pobre.

Sigamos el análisis. Al trabajador en cuestión el municipio le retiene como aporte a la Caja de Jubilaciones (11% más el 7%), $13.200; sin embargo, por la ley 10.694, sancionada en mayo, cuando se jubile sólo se le reconocerá el 11% ¿A dónde va el 7% restante?

El importe debería ser mayor, pero hay un 30% del salario que el TAS recibe como cifra no remunerativa, sobre la cual el municipio se exime para el pago de contribuciones patronales. Estas cifras disminuyen los montos que deberían ser administrados por la Caja y la Apross (obra social), desfinanciándola de hecho. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que no afectó al sector Salud en el ajuste. Entre descuentos correspondientes a obra social (4,5%) y cuota sindical (2%) se completan los montos que llevan el salario al neto de $65.000.

Como se advierte en la desagregación de ítems, el trabajador municipal de la salud del ejemplo no encaja en la descripción que pretende colocar el matutino local. Sin embargo, es un trabajador que está en actividad y debe colocarse en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

Como hemos señalado en otros artículos de Prensa Obrera, las malas condiciones de trabajo, la mala calidad de los insumos y el faltante de personal incrementan el estrés con el cual deben desarrollar la tarea.

El artículo señala muchas verdades: los trabajadores de la salud provincial tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Justamente el pluriempleo –necesario para llegar a fin de mes-  ha llevado a que sean un factor crítico en el marco del incremento de la curva de contagios y pone en evidencia que la intención de considerar la salud como un gasto susceptible de ser disminuido se cobra vidas humanas. Ese es el horizonte al que aspiran quienes precarizan el salario de los trabajadores.

Desde nuestra Agrupación Lista Fucsia reiteramos el compromiso en defensa del salario municipal, reclamamos el blanqueo de las cifras no remunerativas para evitar el saqueo a la Caja jubilatoria, exigimos la derogación de las ordenanzas del ajuste y reclamamos una paritaria que recomponga el salario frente a una inflación que no para de crecer y se estima para el año, en un  40%. Ninguna tregua con un Ejecutivo ajustador.