La ciudad del sur de Córdoba, Vikuña Makena, amaneció conmocionada por la muerte de Érica Marisa Chivalero de 51 años. Érica desarrollaba tareas pasivas en el Jardín de Infantes “Carlos Guido Spano” y había recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Su cuadro fue tan grave que falleció el domingo 23 de mayo por la tarde. La maestra fue trasladada a un sanatorio de la ciudad de Río Cuarto, que queda a 70km. Vale aclarar que hace más de un mes que Vikuña Makena y el conglomerado Río Cuarto están considerados “zona roja”.

Antes de que Nación decretara la vuelta a la Fase 1, el subsecretario de Prevención de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto, Lucas Stefanini, no dudó en calificar de “alerta” a la situación sanitaria. Los trabajadores de salud hace semanas manifiestan que todo está fuera de control; esto en un cuadro donde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) denunció que el porcentaje de ocupación de camas críticas en Córdoba es del 94%.

En muchos pueblos y ciudades de esta región, la ocupación de camas ya está saturada y las derivaciones se tornan complicadas. Según el intendente de Laboulaye, el hospital local y las clínicas privadas están casi al 100% y cuando intentan derivar pacientes a Río Cuarto encuentran cada vez más dificultades para hallar lugar. El director de la Clínica del Sur, Juan Bossio, advirtió que “claramente, el virus que estamos viendo tiene características más agresivas que el año pasado” (La Voz, 21/5). Los profesionales médicos coinciden en advertir que la edad promedio de los pacientes internados en Río Cuarto bajó de 75 a 45 años.

Si el gobernador Juan Schiaretti hubiese actuado según lo establecen los indicadores sanitarios internacionales, en Córdoba y especialmente en la zona de Vikuña Makena, se deberían haber desarrollado las clases de forma virtual. Inclusive Schiaretti desoyó un indicador impuesto por sus ministerios y que es considerado tardío para los sanitaristas: el de la ocupación de camas.

Lejos de esto, el gobierno provincial, en consonancia con el decreto nacional y en plena carrera electoral, mediante la resolución 183/21 dispuso que “podrán convocarse al retorno a la actividad presencial laboral a los trabajadores y a las trabajadoras que hubiesen recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo transcurridos 14 días de la inoculación”.

Esta resolución, además de ilegal, no tiene el menor rigor científico que certifique que una persona que recibió vacuna ya está inmunizada. Y mucho menos que un/a trabajador/a con comorbilidad no corre peligro. Entre las decenas de docentes muertos en nuestro país, varios habían sido vacunados.

Esta resolución, al igual que la presencialidad en Córdoba, desconoce cualquier criterio epidemiológico y expone a la muerte a más de 2.000 agentes en la provincia sin ningún sentido más que generar un impacto mediático y posicionar a los candidatos del PJ provincial. Érica, como tantos otros y otras docentes, fue víctima de esta especulación política.

Al igual que cuando murió el docente Hugo Reyna, un profe de Educación Física de Morteros de 47 años, el gobierno provincial escondió su responsabilidad mediante sus trolls con la campaña mediática que declama que “Érica no se contagió en la escuela” . Esto, a pesar de que a mediados de abril prestigiosos sanitaristas habían denunciado que la segunda ola había venido de la mano de la presencialidad escolar, por los contagios que se producen dentro de los establecimientos escolares y por la fuerte circulación que esta conlleva.

La Uepc (sindicato docente) se ha transformado en una mera comunicadora de las medidas oficiales de un gobierno que tiene como política central flexibilizar al máximo los indicadores epidemiológicos y los protocolos de seguridad, exponiendo a toda la comunidad educativa y sus familias al contagio. La docencia, que viene de realizar importantes asambleas escolares, zonales y generales autoconvocadas, nuevamente toma en sus manos la defensa de la salud de la comunidad educativa para que no tengamos que lamentar más muertes de compañeros/as.