El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, impuso nuevamente un diferimiento en el pago de las jubilaciones para el 90% de lxs trabajadorxs pasivxs. Por esta medida, lxs jubiladxs que apenas cobren por encima de los $235.000 deberán esperar un mes para adecuar sus haberes según el incremento en los salarios de trabajadorxs en actividad. En tanto que quienes perciban más de $475.000 esperaran dos meses.

El diferimiento es un “atraso” en la actualización de las jubilaciones que tiene antecedentes. Cabe recordar que en mayo del 2020, en plena pandemia, Juan Schiaretti recortó alrededor de un 6% los haberes y modificó la base de cálculo por el cual también se redujo el pagó. También impuso una postergación en los aumentos que cobran trabajadorxs en actividad.

Lo señalado constituyó un ajustazo en el pago de las jubilaciones que implicó uno de los ataques más grandes a los ingresos de lxs jubiladxs. Esto con la premisa de una equiparación de las jubilaciones provinciales a las nacionales. La medida fue saludada por el presidente Alberto Fernández, y la burocracia sindical la terminó dejando pasar, con conducción de la CGT de Pepe Pihen a la cabeza.

Hay que decir también que los sucesivos ajustes son el resultado de la política de intervención durante décadas de la Caja de Jubilaciones, que viene imponiendo el PJ provincial. El gobernador de Córdoba continua en toda la línea el ataque al derecho del 82% móvil iniciado por De La Sota y Schiaretti. Todo lo cual lleva a mantener más vigente que nunca el reclamo del cese de la intromisión y la devolución de la administración a lxs trabajadorxs, que son sus verdaderos dueños.

El año pasado, con el diferimiento, alrededor del 50% cobraba siguiendo la actualización de salarios de trabajadores en actividad. En septiembre del 2023 se estableció que se le atrasaba la actualización de los haberes a quienes cobraban por encima de los $ 500.000. Ahora, Llaryora vuelve a ampliar el diferimiento hasta alcanzar la inmensa mayoría de jubiladxs.

En febrero, las jubilaciones en Córdoba alcanzaron en promedio unos $595.103, lo que representa un 174% superior al mismo mes del año pasado. Esto implica una actualización que deja los haberes previsionale 80 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual, que trepó a 254%.

El gobernador sigue la línea de ataques al poder adquisitivo de estatales y docentes, que inició con la reducción salarial del 4% y el desconocimiento de la paritaria firmada a fines del año pasado. Por supuesto que con los discursos de ocasión en referencia al no envió de fondos por parte de Javier Milei. Llaryora pretende imponer “aumentos” de la mitad de la inflación del mes anterior, es decir recortes en el salario por la vía de la inflación

La megadevaluación del gobierno dejó a salarios y jubilaciones en mínimos históricos. Pero para quienes gobiernan, la variable de ajuste tiene el eje en salarios y jubilaciones. Para peor, todos los bloques capitalistas acuerdan en una reforma laboral, que también apunta a las jubilaciones con régimen especiales. Milei propuso la vuelta de las AFJP, Llaryora no se delimitó de la medida.

Si para Milei lxs jubiladxs aún pueden ser más pobres, para Llaryora también. La pelea entre uno y otro constituye un choque entre ajustadores. El gobernador tomó semejante medida en momentos en que la suba de precios no da respiro, y para peor el Ersep provincial viene autorizando de manera exprés aumentos en los servicios de agua, luz y transporte. Por si esto fuera poco, los combustibles aumentaron un 7,5%, más nafta al fuego inflacionario.

Lo señalado va marcando una caída del consumo y se desploma la venta minorista. Llaryora busca diferenciarse de Milei declarando sobre la necesidad de que a la par de las reformas (antiobreras) también se ponga en marcha un plan productivo. Sin embargo, ¿qué plan productivo puede haber sin recomponer el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones?

En este marco, es clave que la huelga de la docencia cordobesa triunfe. El rechazo al ajuste salarial se hizo sentir en dos multitudinarias manifestaciones, y en un alto acatamiento al paro activo impulsado por la Uepc Capital, que se dio todo un plan de lucha en la perspectiva de convertir el reclamo salarial en una causa popular. En las marchas realizadas estuvo bien presente el reclamo por el estado de las jubilaciones provinciales, y por el de la obra social Apross, cuya administración por parte del PJ provincial también es severamente cuestionada.

En oposición a los planes de ataques al salario y jubilaciones, los sindicatos combativos como Uepc Capital, ATE, Químicos, Municipales de Jesús María, junto a organizaciones políticas y piqueteras están impulsando una gran asamblea de trabajadores ocupadxs, precarizadxs y descocupadxs. La unidad de acción, levantando las banderas del frente único y la independencia política resultan claves para derrotar el ajuste de quienes gobiernan, y abrir paso a todos los reclamos populares pendientes. Esto se resuelve luchando.

https://prensaobrera.com/mujer/8m-una-batalla-politica-central-para-hacer-frente-al-plan-de-guerra-de-milei-y-los-capitalistas

https://prensaobrera.com/politicas/por-que-defendemos-a-telam