Bajo las consignas de la derogación de la Ley 10.694, que consagra el mayor robo de la historia a los jubilados cordobeses, contra los recortes de salarios y jubilaciones, y contra la criminalización de las protestas sociales, nos concentramos en un nuevo aniversario del Cordobazo frente a la Caja de Jubilaciones. En el acto que se realizó en la sede de la Caja, todas las organizaciones presentes hicieron uso de la palabra y se votó un plan de lucha que contempla una manifestación callejera que parta de la misma Caja, con la posibilidad de movilizar hacia la Casa de Gobierno el próximo 22 de junio.

La manifestación fue convocada por agrupaciones de jubilados como la Norma Plá, Ajupracor y el Plenario de Trabajadores Jubilados, así como también por UTS (Salud), Cta A Regional Córdoba, la Coordinadora Sindical Clasista, el Plenario de la oposición docente, jubilados y delegados de distintos gremios aportantes a la Caja. El Plenario del Sindicalismo Combativo, que acababa de sesionar el pasado miércoles, votó entre sus resoluciones la convocatoria. El combativo Sutna se hizo presente. La legisladora Soledad Díaz denunció el robo exprés que perpetró la Unicameral el 20 de mayo y apoyó la acción de lucha. Desde la banca del FIT habíamos convocado semanas atrás a una audiencia pública contra el vaciamiento y la intervención a la Caja de jubilaciones que tenía entre sus resoluciones una acción frente a la Caja, que luego tomó toda otra dimensión una vez votada la ley 10.694.

Luego de que la acción ganara en peso y difusión entre los luchadores, la conducción de Uepc (docentes) que había convocado a un apagón virtual el día 26 de mayo, apuró una caravana de autos en Capital y el interior provincial una hora antes de la convocatoria en la Caja. La maniobra de la burocracia sindical, que no fue discutida en ninguna asamblea, buscaba neutralizar el proceso de organización y lucha de los sectores combativos e independientes al gobierno. La Uepc, integrante de la CGT, tomó la vía (muerta) judicial como “medida” para enfrentar la reforma. Sin embargo fue, junto al SEP (Sindicato de empleados públicos), quienes “inauguraron” la reforma a través del reviente a la Caja y los haberes jubilatorios hace escasos dos meses, en plena pandemia, cuando cerraron paritarias que contemplen la rebaja del aporte personal jubilatorio para pagar el “aumento” salarial. Esta maniobra de aparato y divisionista de la burocracia de Uepc lamentablemente fue admitida entre varias agrupaciones de la oposición docente, como las agrupaciones que orientan IS y MST, desconociendo las resoluciones del Plenario del Sindicalismo Combativo. Ellas habían participado del nutrido plenario docente y votado la convocatoria a esta medida de lucha, que luego diluyeron participando de la exigua caravana de la celeste.

El frente único de acción contra el gobierno de las organizaciones independientes que convocaron a la lucha contrasta con la política de parálisis de la burocracia sindical, que sin dudas busca allanar el camino para que prospere todo el plan de ajuste que integra la agenda de Schiaretti. Justamente con la conclusión contraria a “esperar que la burocracia convoque” o a hacer un seguidismo infructífero a sus posiciones, las organizaciones presentes votaron, además de la movilización del 22 de junio, exigir la convocatoria por parte de los sindicatos a un paro con movilización ese día. Esa resolución se hará efectiva frente a cada una de las conducciones de los gremios aportantes a la Caja.

Con este plan de acción en nuestras manos, nos preparamos con una gran campaña para que el 22 sea una acción de masiva y de lucha en toda la provincia de Córdoba.

 

Las organizaciones, sindicatos, agrupaciones de jubilados, provinciales y nacionales, de beneficiarios y aportantes de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, manifestamos nuestro contundente rechazo a la reforma jubilatoria que significa la Ley 10.694, que implica un robo histórico contra los jubilados actuales y una reforma integral y de fondo al régimen jubilatorio de los trabajadores de la provincia de Córdoba. Denunciamos que en plena pandemia el gobierno ataca a la población más vulnerable como son los jubilados y aprovecha la cuarentena para aprobar en una sola jornada la armonización del régimen previsional que hace años enfrentamos y rechazamos los trabajadores en la provincia. Este ataque viene luego de haber recortado en forma grosera los haberes y postergado las liquidaciones. Queda en evidencia con esto que el gobierno no persigue la austeridad para atender a la emergencia de la pandemia, sino que por el contrario, utiliza la excepcionalidad de la situación para avanzar en una política de ajuste que precede en todo a la explosión de la enfermedad y la cuarentena.

La reforma impulsada y votada por el gobierno de Schiaretti va en la misma línea que la política nacional que ha dispuesto el congelamiento y la suspensión de la movilidad. Por eso ha contado con el respaldo de los legisladores que responden al gobierno nacional. La exigua actualización de 6,12% reciente lleva la mínima a la miserable cifra de $16.864, ni la tercera parte de lo que constituye la canasta del jubilado. La condescendencia que el gobierno ha tenido perdonando el impuesto a las grandes fortunas no la ha tenido con los jubilados a quienes les impone un retraso profundo y una mínima de total indigencia. Denunciamos el vaciamiento de la Anses y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuyos recursos están siendo delictuosamente utilizados por el gobierno nacional para subsidiar a los grandes grupos económicos, como por ejemplo asumiendo el pago que les corresponde a empresarios privados de una “ayuda” salarial a 1.600.000 trabajadores, con montos que van de los $16.000 a los $32.000, o con la reducción o directa eximición de los aportes patronales. Advertimos que este verdadero latrocinio contra los fondos previsionales atenta contra la continuidad del pago en tiempo y forma de los haberes de jubilados y pensionados.

En la órbita provincial, los sucesivos gobiernos, que mantienen intervenida la Caja desde 1995, hace 25 años, han promovido su desfinanciamiento y han inventado un déficit para usar a su discreción los fondos que son de los trabajadores. El ajuste contra el salario y las condiciones laborales de los trabajadores en actividad son golpes a la Caja impulsados por el propio gobierno con trabajo en negro, recortes y precarización laboral. En su rol patronal, el gobierno demora las categorizaciones y jubila a personal por debajo de su categoría en una clara intención de ajuste contra el salario y la jubilación. En defensa de la Caja de jubilaciones nos oponemos a los recortes salariales, la precarización y el trabajo en negro.

Esta política de ajuste salarial y jubilatorio continúa y quedó plasmada en los últimos acuerdos salariales de estatales y docentes, en los que incluyó una reducción de los aportes personales para equipararlos a la jubilación nacional. El gobierno transita así el camino hacia la armonización completa del sistema previsional provincial y el desconocimiento de los regímenes especiales. A esto apunta la sanción de la ley 10.694 que termina de destruir el 82% que les corresponde a los jubilados en la provincia.

Para pasar este y otros ajustes el gobierno ha adoptado una política represiva contra los trabajadores. Repudiamos enfáticamente la represión antiobrera y antisindical de Schiaretti y reclamamos la plena vigencia de los derechos constitucionales que amparan a los trabajadores.

Los jubilados y los trabajadores en actividad no podemos ser los que paguemos el costo de la crisis. La jubilación es un derecho, un salario diferido, no una dádiva discrecional del patrón. Por eso rechazamos los recortes, nos pronunciamos y exigimos:

• Derogación de la Ley 10.694, la 10.333 y todas las leyes y resoluciones armonizadoras. No a la reforma jubilatoria. Reintegro de los recortes efectuados.
• $45.000 de mínima y aumento proporcional en toda la escala.
• 82% móvil sin ningún recorte.
• Restitución de los aportes patronales, tanto a nivel nacional como provincial.
• No a la armonización del régimen jubilatorio provincial. Vigencia de todos los derechos previsionales de los aportantes y beneficiarios de la Caja.
• Defensa de los regímenes especiales de los trabajadores aportantes.
• Cese de la intervención de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Control por parte de los trabajadores y jubilados beneficiarios. Investigación independiente del déficit producido durante la intervención para que paguen los responsables, no los jubilados.