Luego de dar de baja formalmente la paritaria firmada en 2023 y desconocer la actualización correspondiente a enero, el gobierno de la provincia de Córdoba firmó con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) un acuerdo que asume explícitamente un ajuste contra el salario. Es una paritaria corta, con un acuerdo trimestral que contempla un 10% para enero más una suma en negro de $40.000 ($15.000 para jubilados), y para febrero y marzo la mitad de la inflación, según el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de la provincia, con $10.000 en negro más en marzo para los activos.

El acuerdo también incluye el planteo parasitario acostumbrado de que si mejora la propuesta para otros sindicatos (particularmente docentes, por ejemplo), esa mejora se deberá trasladar al acuerdo ya aceptado por empleados públicos.

Es decir que, si bien no ha sido formalizada aún la propuesta al sindicato docente UEPC, todo indica que será en idénticos términos.
Trasladada al salario docente esta propuesta implica que el cargo testigo que está hoy en $297.600 pase en febrero a $367.300, incluyendo los $40.000 en negro, más el incentivo. Esto es, apenas poco más de la mitad de lo que debió ser en diciembre el salario de un trabajador, fijado en $709.862 para la región de Córdoba, según las mediciones de ATE INDEC. Es decir que la propuesta profundiza la pobreza del salario. Con salarios absolutamente arruinados y precarizados, más cerca de la indigencia que de la pobreza, esta propuesta es una afrenta directa a los trabajadores de la provincia y una presión para que el salario pague los costos del ajuste.

Llaryora empuja a la docencia al no inicio

Apenas asumido, el gobierno de Llaryora, cerró el año pasado con un recorte salarial a los estatales vía el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Apross, dos cajas que a su vez están intervenidas por el gobierno y en las que los trabajadores no tienen incidencia alguna. Es decir que el planteo de Llaryora fue poner a los salarios a subsidiar las finanzas provinciales. Además, inauguró este año con el despido sin causa de miles de trabajadores de la provincia que hace años se venían desempeñando como contratados.

Inmediatamente salió a desconocer el acuerdo salarial firmado en 2023, que lo obliga a pagar con los salarios de enero un incremento de 24,19%, que fue el índice de inflación de la provincia en diciembre. Contra este porcentaje, ahora el gobierno estableció un 10%, es decir, menos de la mitad, y una suma en negro. Con semejante cuadro de ataque se plantea el no inicio de clases para defender el salario y las condiciones de vida de los trabajadores en la provincia.

Es muy diferente el trato que reciben los productores rurales y el empresariado de la provincia por parte del gobierno de Llaryora, que exigió anular las retenciones y evitar que el ajuste se haga sobre las empresas.

El acuerdo del gobierno con el SEP llega un día antes del paro y la movilización del 24 de enero, en cuya convocatoria la burocracia sindical intentó evitar los reclamos contra el ajuste de Llaryora. A diferencia de esta orientación, la columna independiente encabezada por UEPC Capital tiene como uno de los ejes, además de la lucha contra el DNU y la Ley ómnibus de Milei, el planteo de enfrentar el ajuste del gobierno provincial, que se materializa en despidos, precarización, recortes salariales y ahora una propuesta de ajuste contra el salario para que los trabajadores pierdan contra la inflación.

El acuerdo del SEP busca desligar al gobernador de las responsabilidades que le caben en esta política de ajuste y terciar en las negociaciones con los otros sindicatos favoreciendo la presión contra los salarios. Para defender el salario y las jubilaciones hay que seguir el camino inverso.

La movilización independiente, la deliberación y la intervención de los trabajadores son la única garantía para enfrentar este ajuste en regla del gobierno provincial. Así preparó UEPC Capital la acción de lucha en el paro de la CGT del 24 de enero y así debemos preparar la lucha docente en esta paritaria. Es necesario convocar a asambleas y plenarios para deliberar y decidir un planteo salarial y preparar el no inicio, para sacar a la docencia tanto activa como jubilada de la pobreza en la que la han hundido el ajuste de los gobiernos y la entrega de la burocracia sindical.

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