La muerte de Gabriela Pérez, trabajadora de la empresa Eco Clean, a manos de sicarios contratados por la mafia que está detrás del negocio de la limpieza pone sobre la mesa el papel de la precarización laboral y el rol de las empresas contratistas del Estado como principales resortes del lucro empresarial, en primer lugar, así como la connivencia de mafias ligadas a las burocracias sindicales y el rol del Estado municipal como garante de ese orden de cosas. En este artículo queremos poner el foco en los dos primeros elementos haciendo advertencia del carácter complejo e íntimo que liga todos sus componentes.

Lo más estable es la inestabilidad

Con la llegada de LLaryora-Passerini a la intendencia municipal de Córdoba, en diciembre de 2019, quedó claro que “la patria contratista” sobrevive a los cambios de mando. Las mismas empresas que habían sido beneficiarias de la tercerización durante la gestión de Mestre (UCR-Cambiemos) continuaron premiadas bajo la gestión del PJ. Sin embargo, esta continuidad no significó mejora alguna para los trabajadores; por el contrario, siguieron tan precarizados como antes, con contratos temporales mensuales en una suerte de “inestabilidad eterna” con salarios de indigencia e inferiores al salario mínimo, hoy estimado en $112.500.

Así, por ejemplo, un trabajador de limpieza cobra un salario conformado que ronda los $90.000, con ítems ligados al presentismo que lo excluye de la posibilidad de enfermarse, llegar tarde o faltar sin que su salario quede drásticamente reducido por la quita de adicionales no remunerativos ni bonificables. Para “compensar” la enfermedad deben devolver las horas que “pierden” mientras están convalecientes, o se descuentan del monto no registrado que cobran, completando una ilegalidad que nadie objeta ni controla. No hay feriados para ellos: quienes trabajan en la limpieza de escuelas son reasignados a otras reparticiones en caso de que el lugar de trabajo esté afectado por un asueto.

Es frecuente que sean obligados a realizar horas extras, pagadas como sumas no remunerativas a mitad del valor de la hora de contrato, efectuando descuentos sobre estos montos para evitar conflictos legales, o a participar de actos proselitistas, como fue el caso de Gabriela y tantos otros, bajo extorsión de perder la renovación contractual. Los trabajadores son conminados a evitar contacto con otros trabajadores con los que conviven para no “incurrir en ningún tipo de familiaridad”, siendo moneda corriente el destrato y la humillación por parte de quienes son sus encargados, con amenazas para maximizar los insumos de limpieza a costa de cargarlos a sus propios salarios en caso de “derroche”. Sin embargo, la facturación que presentan al municipio cubre con creces la inflación del período de mora y constituye parte del negociado que las beneficia y que nadie controla.

Llaryora, el rey de la precarización

Cuando Llaryora llegó al poder, la precarización existente en el municipio se potenció exponencialmente, ingresando -por las facultades que otorgó la ordenanza de emergencia- trabajadores por fuera del convenio municipal. La figura de becarios, chalequitos celestes y monotributistas reemplazó a trabajadores bajo convenio sin que se cubrieran bajas por altas. Y de la mano de la precarización se pusieron en marcha mecanismos de disciplinamiento: cambios de horario, de sede o de tarea, bajas de beca y una remuneración sin indexación. Durante la pandemia se incumplió cualquier normativa de protocolo por contacto estrecho, obligando a la exposición a tareas insalubres sin elementos suficientes de protección.

Pero la situación de indefensión laboral de los precarizados de la municipalidad de Córdoba, que ya abarca el 25% del total de trabajadores, muestra que el objetivo de la gestión ha sido el desguace del estatuto del empleado municipal y su reemplazo de hecho por becas y contratos flexibles y a término. La rescisión de los contratos precarios sin causa anula la indemnización que corresponde al trabajador y coloca al funcionario en el lugar del déspota que actúa sin control ni límite.

La falta de la tutela sindical del Suoem, que debiera corresponder en el caso de los becarios y monotributistas, los coloca a merced de gremios que rapiñan la representación a cambio de la vida, como expuso crudamente el caso de Gabriela.

Su asesinato muestra que el ejército de precarizados es carne de cañón de patronales que acumulan ganancias a costa de sus vidas. Su muerte debe ser para todos los trabajadores un motivo para levantar en alto las banderas que defiendan la estabilidad laboral bajo convenio y salario igual a la canasta familiar. El Suoem debe defender a los trabajadores precarizados que se desempeñan en cualquier repartición ofreciendo la tutela sindical inmediata y enfrentar la actitud persecutoria y la inflexibilidad del Ejecutivo municipal estableciendo un plan de lucha para revertir todos y cada una de los excesos que el ejecutivo desarrolla contra los trabajadores.

Desde nuestra agrupación nos ponemos a disposición de les trabajadores precarizades para denunciar esta situación y a sus responsables; exigimos justicia por Gabriela Pérez, la reincorporación de Victoria Romero y de cada trabajador sancionado de manera arbitraria e ilegal y llamamos a los trabajadores de planta a defender el estatuto municipal.

La unidad de los trabajadores es la única respuesta posible para frenar el ataque patronal y la demostramos en las calles, marchando este 14 de septiembre junto a los sectores que se organizan de manera independiente con la Unidad Piquetera.

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