Sindicales
6/3/2025
Córdoba: Llaryora confisca jubilaciones y les perdona impuestos a los capitalistas
Para defender las jubilaciones y el salario es necesario construir un plan de lucha, en la perspectiva del paro activo.
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Protesta por la derogación de la ley 10.694.
Las jubilaciones y pensiones dependientes de la Caja de Jubilaciones de Córdoba sufrieron un fuerte ajuste durante el 2024. Esto fue producto de la brutal devaluación del peso que impuso Javier Milei ni bien asumió, y de la política de confiscación sobre los ingresos de trabajadores que aportaron durante toda su vida laboral, que desarrolló y profundizó el gobierno provincial de Martín Llaryora.
El gobierno de Martín Llaryora, lejos de establecer una recomposición de los haberes jubilatorios, apunta a consolidar lo perdido, y a continuar con una confiscación que sienta sus bases en la ley 10.694, y en un diferimiento en los pagos que había prometido dejar sin efecto.
Los números de la confiscación efectuada en los haberes jubilatorios se encuentran plasmados en informes de la propia Caja de Jubilaciones de la provincia.
“Los docentes jubilados cobraron en enero haberes promedio de $977.014”, publicó La Voz, en relación al informe de la caja previsional provincial del pasado mes de enero. Una cifra muy por debajo de la línea de pobreza que, para el mismo mes, se ubicó en los $1.305.000, según el Centro de Almaceneros de Córdoba.
Una lectura oficial de los números podría intentar argumentar a su favor que, en enero, la jubilación promedio se ubicó por encima de la inflación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mediciones de la suba de precios no se hacen tomando de conjunto la totalidad de los elementos que intervienen en la determinación del índice de inflación, como los servicios.
La “mediana, que es el haber jubilatorio que se encuentra equidistante entre los que más cobran y los que menos reciben y según el informe de la caja provincial -refleja mejor la realidad en un escenario de amplia disparidad-, se ubicó el mes pasado en $ 1.030.352”, es decir, que tampoco supera la línea de pobreza. Con lo cual queda claro que por más que se busque confundir con las cifras de la variedad de haberes dependientes de la Caja de Córdoba, en lo concreto, las jubilaciones están por debajo de la línea de pobreza.
Esto es así porque en la provincia las jubilaciones y los salarios vienen siendo uno de los blancos principales del ajuste fiscal de Llaryora. Aunque este responsabilice a los gobiernos nacionales del desfinanciamiento de la Caja, nada hizo por oponerse y, por el contrario, aprovechó para hacer pasar su propia motosierra contra activos y jubilados. Se trata de una política de Estado a la que pretende darle continuidad durante el 2025.
En este escenario, donde Llaryora intenta establecer una diferencia discursiva en relación al gobierno nacional, el vaciamiento de la obra social Apross evidencia que en Córdoba el ajuste y sus consecuencias también recae sobre los trabajadores.
El gobierno de Llaryora anunció que mantendrá “el diferimiento del impuesto inmobiliario urbano a comercios e industrias de toda la provincia”, a la vez que pretende sostener la vigencia de la ley 10.694, una reforma previsional que ataca a lxs trabajadorxs de conjunto. El contrapunto es clarificador, el cordobesismo les condona impuestos a los capitalistas, mientras reduce salarios y jubilaciones.
Cuando Llaryora declara: “Que quede claro, nosotros hemos bajado el gasto público más que la propia Nación (...) hemos logrado una reducción del gasto del 7.8% respecto del PBI provincial, comparado con el 7.2% de la Nación”, confiesa que viene acompañando la política del facholibertario en todos los aspectos esenciales. Llaryora ya firmó sucesivos acuerdos que van en la línea de la armonización de la Caja de jubilaciones, sigue con ello, el mandato de la clase capitalista que domina en el distrito.
Milei anunció más ajustes, lo que bien visto puede significar que no piensa devolver los fondos que le quitó a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El anuncio del fin de la moratoria jubilatoria, y de no convalidar paritarias que recompongan en parte el salario, plantean la continuidad de la motosierra en el orden nacional contra los trabajadores y jubilados.
Hay que decir que otros gobiernos nacionales ya estaban en deuda con las y los jubilados de la provincia, pero esto no quita que los sucesivos gobiernos de la provincia no tengan que rendir cuentas por el manejo de los fondos previsionales, que están intervenidos desde hace décadas.
Mientras a nivel nacional la burocracia sindical peronista mantiene una tregua con el gobierno de Milei y deja pasar toda su ofensiva antiobrera, en Córdoba tampoco enfrentan las políticas del liberfacho que Llaryora aplica en la provincia, donde además de dejar pasar la destrucción del salario y las jubilaciones tampoco lanzan un plan de lucha consecuente contra la política de privatizar Epec, la empresa provincial de energía.
Es necesario que la caja sea devuelta a sus verdaderos dueños, terminando con décadas de intervención. La derogación de la 10.694 y la continuidad de la moratoria sin la cual 7 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse, junto al reclamo de una recomposición de los haberes resultan algunos de los aspectos claves para desarrollar a fondo en las paritarias.
Para citar un ejemplo, en el caso del gremio provincial más numeroso que es el docente “desde noviembre 2023 la brecha del salario docente con la pobreza aumentó en 8%. La fuerte pérdida salarial no fue acompañada de una caída equivalente en los descuentos. Mientras el salario perdió 10% los descuentos crecieron 8%”, según un estudio realizado por Otes.
Para impulsar la lucha por el salario y las jubilaciones es clave desarrollar un frente único con los trabajadores que salen a la lucha, como los docentes que vienen de rechazar la propuesta salarial de hambre de Llaryora y los trabajadores de Luz y Fuerza que deberán salir nuevamente para defender su fuente de trabajo y sus salarios.
Es necesario impulsar y trabajar para reagrupar fuerzas, por la convocatoria a un congreso de delegados de base de los sindicatos, organizaciones de jubilados, organizaciones piqueteras, centros de estudiantes y organizaciones populares en la perspectiva de construir un plan de lucha provincial y el paro activo, para hacer retroceder y derrotar el ajuste criminal de Milei y de Llaryora.
