El conjunto de los trabajadores pertenecientes al grupo Arcor está en pie de lucha por el descuento del presentismo y las horas nocturnas al personal que se encuentra en uso de licencia forzada por integrar los grupos de riesgo. Además la patronal se niega a pagar un bono solicitado por el trabajo esencial que desarrollan en plena pandemia y la pérdida salarial producto de la carestía.

En medio de una asamblea llevada adelante por los trabajadores de la planta Bagley de Córdoba y con la presencia del dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Alimenticia (Ftia), Héctor Morcillo, personal policial ingresó a la planta a los efectos de impedir que se desarrollara la medida.

Por su parte, la semana pasada, los trabajadores de la planta de Arroyito fueron amedrentados por la policía en una “volanteada” desarrollada en la puerta de la empresa bajo el argumento de que estaban con bombos y banderas. Los trabajadores se encontraban junto al Stia regional (Sindicato de trabajadores de la Industria Alimenticia) que fue recuperado hace unos años a través de un proceso antiburocrático. Por este hecho, en la jornada del lunes 5-5 los delegados se vieron obligados a desarrollar la acción gremial al interior de la empresa bloqueando los portones para impedir que ingresen los camiones y para garantizar su acción de lucha.

Medidas similares se desarrollaron en el resto de las plantas de Arcor como Tucumán, Recreo, San Luis; en Panamericana, inclusive, se cerraron las persianas del centro de distribución para impedir que saliera la mercadería.

La medida del día lunes fue para garantizar asambleas de dos horas; ahora tienen teleconferencia de todas las empresas y de mantenerse la intransigencia de la patronal, se discutirá profundizar el conflicto.

Al igual que con los trabajadores de Jesús María, Schiaretti pone a disposición las fuerzas represivas para intervenir ilegalmente en conflictos de índole gremial. El gobierno provincial le ofrece a las patronales y a los intendentes el garrote que él viene usando en las barriadas para que sean los sectores más empobrecidos quienes asuman los costos de la crisis capitalistas.

Luis Pagani, presidente del grupo Arcor, es uno de los mentores de la resolución 397/20 firmada en el Ministerio de Trabajo donde se oficializó el pacto entre la CGT, la UIA, la Came y el Gobierno en la que se admite la rebaja salarial en cuarentena. Sin embargo, el sector de la alimentación fue uno de los que en menor medida detuvo su producción y que inclusive siguió exportando y produciendo para comercializar al exterior. Salvo en aquellos lugares donde los trabajadores lo impidieron para evitar una catástrofe sanitaria, como el caso de Arroyito, donde se bloquearon portones para impedir el ingreso de camiones que venían del exterior sin ser testeados.

Los trabajadores de la alimentación han establecido importantes luchas para frenar la producción y garantizar la cuarentena de aquellas ramas que no producían alimentos o productos esenciales. Se dieron luchas para que se garanticen las licencias de los sectores vulnerables, los que tenían hijos a cargo y por medidas de seguridad. Ahora, con una fuerte presión desde los cuerpos de delegados y las bases, se resisten a rifar su salario para garantizar las ganancias millonarias de un puñado de empresarios que las multiplicaron en las últimas décadas.