Según la segunda entrega del informe sectorial sobre salud en Córdoba realizado por el Otes (Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad), las condiciones de trabajo en el sector salud son alarmantes.

Para empezar, el salario, cayó un 30% en 2020 respecto a 2016, llegando casi a los niveles de 2011. Hay una caída sostenida de la masa salarial del sector público desde 2015 y una caída en el sector privado desde 2016. Las conducciones de los gremios estatales de docentes, empleados públicos y jerárquicos firmaron con el gobierno de Córdoba un acuerdo que posterga hasta octubre la negociación salarial de las paritarias que venció a fines de julio. Sin mediar asambleas, consulta, ni reunión informativa alguna, docentes y estatales de la provincia se enteraron por el diario (La Voz, 21/7) de esta decisión que resigna el salario y pone a los trabajadores al servicio de la política de ajuste del gobierno. A la vez, firmaron un incremento de 5% a cobrar cuando esté finalizando agosto, luego de un acuerdo para la primera mitad del año establecido en el orden de un 16% en cuotas.

En cuanto a la precarización laboral, las relaciones de empleo informales son comunes en el sector y en la provincia. La relación de precariedad es tal que el empleador no figura como tal ni se hace cargo de las prestaciones sociales. En el gran Córdoba, la proporción de trabajadores/as no registradas para 2019 alcanzó el 47%. La planta de trabajadores/as permanentes se redujo un 20,7%, desde 7.969 en 2012 hasta 6.236 en 2018. La planta transitoria aumentó 120,2%, de 2.462 en 2010 a 5.422 en 2018. En el año 2019, se produce un paso masivo de transitorios a permanentes que deja un saldo en la planta permanente de 8.034 cargos, significando un aumento de 28,8% con respecto al año anterior. En los cargos transitorios el impacto fue de una caída de 35,9%, pasando de 5.422 transitorios a 3.472. Más de la mitad de los profesionales de salud no cuentan con los mismos derechos laborales que los que están en relación de dependencia; agrava la situación el hecho de ser mujer: estas no cuentan con licencias de diverso tipo (enfermedad, vacaciones, etc.), lo que dificulta la compatibilidad y distribución entre su trabajo remunerado rentado con el trabajo no remunerado y de cuidados que realizan en los hogares. Además, tanto en el caso de mujeres como de varones, no cobran ninguna clase de asignaciones familiares, que en el caso de mujeres divorciadas o separadas con hijos bajo su tenencia (la mayoría de los casos), agrava su situación económica.

 

Tanto el sector privado como el público, se caracterizan por una alta tasa de informalidad, con una tendencia creciente a lo largo de la década, dejando para 2019, a 1 de cada 2 trabajadoras del sector bajo un trabajo precarizado.

No son menores estos datos salariales y de precarización si se tiene en cuenta que se trata de un sector altamente feminizado. La gran mayoría de quienes trabajan en salud, son mujeres; en el gran Córdoba, aproximadamente el 71%, superando la media nacional. Las mujeres ocupan menos cargos jerárquicos (solo un 20%), incluso en esos cargos tienen diferencias salariales con varones que ocupan los mismos cargos (varones tienen un 54% más de salario). Si a la carga de trabajos no remunerados que hacen las mujeres en los hogares y en la comunidad, le sumamos la precarización laboral y la caída salarial de los últimos años, nos encontramos con un panorama difícil para el conjunto del sector salud y en particular para las mujeres que allí se desempeñan, en términos salariales, de exigencia y de condiciones de trabajo.

Los datos que arroja esta investigación muestran cómo, en 20 años de gestión del PJ, se ha avanzado en el vaciamiento de la salud pública en pos de garantizar los negociados privados que claramente no se reflejan en una mejora para les trabajadores del sector, sino que por el contrario, la precarización es la moneda corriente. La impostura por parte de la actual gestión es total: mientras se vota la Ley Silvio que busca “proteger y resguardar” a les trabajadores de la salud en medio de la pandemia, el COE provincial (Centro de Operaciones de Emergencia) disminuye los testeos al personal de salud. Todo esto se contradice con las recientes declaraciones del gobernador Juan Schiaretti quien aseguró que “para nosotros en una pandemia es esencial avanzar en tres andariveles. El primero es fortalecer el sistema de salud, sobre todo el sistema de salud pública, que en nuestra concepción es una obligación indelegable del Estado”.

En el contexto de la pandemia, los reclamos de les trabajadores de salud han tomando fuerza por ser la primera línea de defensa en términos sanitarios. A los ya conocidos reclamos de falta de personal y el pase a planta, insumos e infraestructura, se suman la provisión permanente de elementos de protección personal, así como el cobro efectivo del bono de $5000 al que se había comprometido el gobierno provincial, un aumento salarial de emergencia y el rechazo generalizado a la reforma jubilatoria. Un punto central es la no criminalización de la protesta y la lucha contra los despidos y persecuciones, como es el caso del compañero enfermero Víctor Castro, quien por denunciar junto a Martín Gamron, secretario del interior de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) y Mercedes Jerez, delegada de ATE y CTA-A el retaceo y la calidad de los EPP (Equipos de Protección Personal) fue trasladado sin explicaciones, de un hospital de referencia para la atención de la pandemia como es el Hospital de Niños, al hospital Pediátrico.

Los datos que arroja este informe deja a las claras que les trabajadores de la salud necesitamos unificar un plan de lucha en defensa de todos nuestros reclamos. Junto al conjunto de les trabajadores en lucha, llevaremos este planteo el próximo 12 de agosto al Plenario del Sindicalismo Combativo.

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