El Dr. Carlos “Pecas” Soriano inició el pasado lunes 29 una huelga de hambre que ha servido para poner en agenda un tema central para los trabajadores estatales de nuestra provincia: la mala cobertura de su obra social. La huelga se inició esta semana, luego de que el Apross (Administración Provincial de Seguro de Salud) le negara a Soriano el reintegro de las prestaciones por 150 mil pesos que debió pagar al ser intervenido de manera urgente a causa de una grave dolencia, que determinó la pérdida del globo ocular derecho.

 

La gestión de Raul Gigena, actual presidente del Apross, profundizó la tendencia a convertir a esta obra social en un seguro de salud con prestaciones básicas que no cubren las necesidades de los pacientes, en la que los únicos beneficiarios son algunos pocos prestadores, mercantilizando la salud y dejando en el desamparo a miles de afiliados y sus familias, en momentos en los que se encuentran muy vulnerables por sus afecciones. La salud pública provincial atraviesa por un proceso de vaciamiento, tercerización y ajuste que se manifiesta en falta de nombramientos, bajos salarios, insuficiente provisión de insumos y escasa inversión en tecnologías médicas. Mientras ello ocurre, se privilegian los negociados y la privatización de la salud en manos de corporaciones como el Hospital Privado, los grandes laboratorios, Oulton, etc.

 

Los trabajadores estatales somos cautivos de la obra social, aportando de manera compulsiva una cuota elevada del 4% cada mes, pero cuando debemos utilizarla, es difícil conseguir turnos, camas, se reducen los prestadores y llegamos al extremo, como en el caso del doctor Soriano, de atravesar por la no cobertura. Desde el Ipam (antiguo nombre del Apross) hasta ahora, los trabajadores hemos visto cómo se reduce el vademecum y las prestaciones pero se aumentan los coseguros.

 

Esta política de mercantilización y vaciamiento del Apross fue avalada e impulsada por las direcciones sindicales de los gremios estatales. Ningún cuestionamiento fue puesto de relieve por los dirigentes sindicales Juan Monserrat (docentes), José Pihén (empleados públicos), etc. a través de la convocatoria a los aportantes al Apross para luchar contra la entrega de la obra social. Al contrario, UEPC (Unión de Educadores) tiene dentro de ella veedores del sindicato. La misma situación que ocurre con la Caja de Jubilaciones, donde se han colocado miembros de las conducciones estatales y docentes, que no dieron respuesta a los reclamos de los afiliados. En lugar de ser contralores, son partícipes de los negocios.

 

Por todas estas razones, es imprescindible que los trabajadores recuperemos, por un lado, el control y dirección de nuestra obra social con un directorio elegido por los afiliados, pero también terminemos con la cautividad que impone el gobierno al impedir que los estatales puedan optar libremente por la obra social que deseen, algo que está garantizado por ley.

 

Hay que tomar el camino que están desarrollando los trabajadores estatales en el Plenario por la defensa del 82% móvil, que el año pasado logró imponer a los sindicatos un paro contra el avance de la armonización.

 

Desde la Coordinadora Sindical Clasista acompañamos la lucha del doctor Soriano e impulsaremos iniciativas para que la Legislatura tome cartas en el asunto y cree una comisión investigadora  independiente con representantes de los trabajadores de los gremios estatales elegidos, que  lleve a cabo una auditoría de los contratos y el manejo de los fondos que sobrepasan los 2000 millones de pesos. También consideramos que el titular del Apross debe renunciar no sólo por rechazar el pedido de reintegro de parte de los 150.000 mil pesos gastados por el doctor Soriano, sino por la amenaza de denunciarlo penalmente en un pérfido e inútil intento de amedentrarlo para acallar su voz que hoy es la voz de todos.