Este miércoles 19 de noviembre se llevó adelante una movilización de cuerpos orgánicos de diferentes gremios estatales (municipales, judiciales, bancarios, Luz y Fuerza, Uepc y otros), en reclamo de la eliminación de 4% que el gobierno de Llaryora retiene a los activos como aporte extraordinario, por el fin del diferimiento jubilatorio, por la eliminación del gravamen al doble beneficio jubilatorio y el cese de la intervención en Caja de Jubilaciones.

Entre los municipales la movilización -aunque limitada a los cuerpos orgánicos-, rompe el largo paréntesis existente desde la aceptación de la propuesta paritaria en agosto, que permitió al tándem Passerini-Llaryora despejar los meses electorales de movilizaciones callejeras.

El rápido alineamiento de LLaryora y otros gobernadores de Provincias Unidas con el oficialismo nacional luego del triunfo libertario del 26 de octubre, y el anuncio del gobierno provincial de la reducción de impuestos para los sectores empresariales contrastó con la continuidad del retraso salarial y la adhesión a nuevos ajustes para los trabajadores mediante las reformas  -laboral, tributaria, previsional, etc.

Este contraste entre los beneficios a los sectores empresarios y el programa de ajuste que se pretende aplicar sobre los trabajadores. agitó las aguas en los distintos gremios y seguramente planteo la necesidad a las conducciones alineadas con el gobierno provincial de realizar alguna medida para descomprimir el reclamo que corre por debajo ante un fin de año de vacas flacas.

Dónde estamos parados y qué necesitamos los municipales y los demás estatales

Es evidente que los reclamos planteados en la convocatoria son justos, pero también insuficientes.  La eliminación del aporte extraordinario del 4% significaría un paliativo, pero dejaría en pie la mayor parte de la confiscación de nuestros salarios que se produce por dos vías: mediante recomposiciones que van por detrás de la inflación y por las confiscaciones que establece el gobierno en los ingresos mediante los aportes extraordinarios.

En el caso de los municipales, la ley 10.794 estableció un incremento del 4% de aportes extraordinarios, al que suma también un 1% destinado al Apross, que llega así al tope de 5,5%.

Sin embargo, la confiscación es mucho mayor si se tiene en cuenta, que en los últimos diez años el gobierno del PJ cordobés y sus aliados han sancionado reformas previsionales que modifican tanto el cálculo de los haberes, como los beneficios jubilatorios, siempre a favor de las finanzas provinciales.

En un robo de guante blanco, nos descuentan una cuarta parte del sueldo, ya que en lugar de un 11 nos descuentan un 18% más los 4 puntos del aporte extraordinario (22 puntos) pero… ¡sólo se destinan a la Caja 11 puntos!, el 50% restante va a financiar al gobierno provincial, que luego concede rebajas impositivas a empresas que no tienen ningún trabajador.  

Lo que corresponde en este punto es que se elimine el aporte extraordinario del 4% y todos los aportes por arriba del 11%. De igual modo debe eliminarse el diferimiento en el cobro de los aumentos para los jubilados -quienes también financian con el cobro devaluado de sus haberes las arcas oficiales- al igual que quienes cobran doble beneficio jubilatorio y deben afrontar el pago de un aporte solidario de hasta un 20 % extra en sus haberes.

Todos estos robos que nunca debieron haber existido han pasado con la complicidad de las conducciones sindicales. Las mismas que ahora reclaman algunos puntos como un modo de disimular la enorme pérdida de los salarios frente a la inflación.

Es llamativo que se haya incluido el reclamo por algunos puntos, pero no el pedido de la derogación de la ley 10.694 que es la herramienta central del gobierno provincial en el recorte del 82% en las jubilaciones que han sido podadas en más de un 20%.

Como quien no quiere los fines tampoco se da los medios, la movilización conjunta de los estatales que es una herramienta clave para enfrentar el ajuste no se ha utilizado a pleno, porque limitada a los cuerpos orgánicos deja al margen la fuerza colectiva de los trabajadores y tampoco forma parte de un plan de lucha que restituya el 82% de las jubilaciones, un salario que recomponga lo perdido frente a la inflación y reclame el pase a planta de los precarizados

De lo que se trata es de defender el salario y la jubilación de manera integral y de terminar con el robo del gobierno.

Pero también, nos acercamos a un verano caliente: la reforma laboral con la que amenaza el gobierno nacional afectará a los que estamos bajo convenio y también a los precarizados, por más que digan que “está pensada para los sectores privados”, ya que el nivel de tercerización del trabajo público y los más de 6.000 trabajadores monotributistas, becarios y servidores urbanos que trabajan para la Municipalidad muestran que se sigue avanzando en liquidar la estabilidad laboral, las indemnizaciones y el salario bajo un discurso modernizador de las relaciones laborales, atacando también los derechos sindicales para organizarnos y a deliberar.

Para estar a la altura de las circunstancias es indispensable preparar al activismo explicando y debatiendo el alcance de estos proyectos de reforma con asambleas en las reparticiones y movilizaciones masivas el día que se presente el proyecto, que muestren la voluntad de lucha que hay entre los trabajadores, unificando ocupados y desocupados.  

Mantener una actitud de indiferencia bajo el argumento de que “es lo que votó la gente”, suponer que "no nos va a tocar" o, peor aún, esbozar que “haría falta que los compañeros tengan un escarmiento para valorar lo que tenemos” deposita la responsabilidad del ajuste en el resultado electoral, ignorando la tarea que corresponde a los sindicatos de organizar a los trabajadores para enfrentar la ofensiva en curso.

Es necesario superar la complicidad de las conducciones burocráticas con los gobiernos y organizarnos en forma independiente para derrotar el planchazo de quienes son corresponsables del ajuste que vivimos.

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