El paro provincial del 10 de agosto fue total: en la industria, en el comercio, en la administración pública, en las escuelas y en el transporte. Fue aplastante entre los trabajadores privados, confirmando la entrada en escena de la clase obrera industrial en la crisis cordobesa. Los obreros de las terminales, las autopartistas, las fábricas de calzado y las plantas de alimentación, acosados por despidos, suspensiones y atrasos en el cobro de salarios, acataron la medida de fuerza como no lo hacían desde hace tiempo.

Así como fue masivo el paro, el acto convocado por la Mesa de Enlace (MOAS, CGT Chacabuco, CTA) fue inferior a otras jornadas provinciales —unos 4.000 trabajadores. La razón de esto debe buscarse en el escaso empeño de la burocracia por una movilización de masas y en la desconfianza de los trabajadores hacia una política que es una vía muerta a sus reclamos. La política de la burocracia, sin excepciones, ha sido pedir “rectificaciones” a la Ley de Emergencia y competir con el gobierno en “salidas creativas” para “ahorrar recursos”. El programa de Campellone (SMATA) se agota en reclamar “la rotación de las suspensiones” en las terminales y la convocatoria a la comisión tripartita de la industria automotriz para que el SMATA oficie de “abogado” de los pulpos en crisis —Antelo (Ciadea) y Macri (Sevel). La dirección degennarista de ATE consumó la derrota por las 850 cesantías en la Lockheed, en las vísperas del paro general.

La Coordinadora de Gremios Estatales es, a esta altura, no sólo responsable de la “tregua” que permitió a Mestre aplicar la Ley de Emergencia sino del ahogo de las luchas importantísimas libradas por los trabajadores en las  reparticiones y las empresas contra el recorte de la jornada laboral y de los salarios. En varios casos (¡DIPAS!), la burocracia pugna por convertirse en socia de la “privatización” inminente de la empresa.

No hay bases para ninguna “tregua”

La masividad del paro revela que la “intervención” mestrista está sentada sobre un volcán social cuyo único punto de contención es la política de la burocracia sindical. El gobierno provincial, a su vez, no puede avanzar sin descargar nuevos golpes sobre los trabajadores. Si una semana atrás, Mestre “dejó entrever la necesidad de profundizar aún más el recorte de la masa salarial” (La Nación, 2/8), ahora se confirma que “será necesario que la provincia sufra un nuevo ajuste capaz de generar el superávit fiscal mensual de 28,4 millones de pesos”, necesarios, en primer lugar, para preveer el rescate de los bonos (Cecor), (La Voz del Interior, 14/8). Como la recaudación impositiva cae en picada y no permite cumplir siquiera los compromisos salariales en pesos (por lo que, por ejemplo, los docentes secundarios no han cobrado los tres últimos meses ni el aguinaldo y son sólo el ejemplo más brutal de otros retrasos), el “ajuste” del “ajuste” está en ciernes. De uno y otro han sido eximidos, claro está, los legisladores y los jueces, que han resuelto preservar sus dietas del orden de los 5.000 millones con el amparo especial del “interventor” Mestre.

A lo largo del año, el gobierno provincial emitirá bonos por 680 millones de pesos, casi la totalidad de las base monetaria que circula en la provincia (900 millones), un empapelamiento sin límites de circulación limitada y que acentúa la brutal caída del consumo. El gobierno mantiene una “guerra” solapada con el Directorio del Banco Provincia (angelocista) por su renuencia a asistir semanalmente al rescate de bonos, para lo que está limitado, a su vez, por haber “entrado varias veces en rojo con el (Banco) Central” (Ambito Financiero, 4/8).

Esta crisis coloca al gobierno como rehén absoluto de la gran banca y coloca al rojo vivo la “privatización” de las empresas públicas, incluido el Banco Provincia. Mestre quiere interesar al Banco Mundial en la operación “rescate” de los bonos, a  cambio del remate del patrimonio público de la provincia.

Abrir la cuentas, un problema clave

La política de la burocracia tiene un acuerdo político fundamental con la “intervención” mestrista: preservar el “muro de silencio” sobre las cuentas del Estado y los capitalistas. Impedir la investigación de los negociados de capitalistas, funcionarios y punteros que vaciaron los bancos provinciales y las empresas públicas y que hoy “descargan” sus robos sobre los trabajadores. Este es, sin embargo, un punto clave. Si no se abren la cuentas y se ejecutan a los responsables del inmenso vaciamiento provincial, no existe una política alternativa a la que plantea que “no hay fondos” y corresponde reducir el salario de los trabajadores sea en forma directa o indirecta (a través de la desvalorización de los bonos).

Frente a la política de la burocracia sindical —“convivir con el ajuste”—corresponde “definir la nuestra”: no aceptar bonos ni reducciones y reclamar que se investiguen las cuentas del Estado y los capitalistas, lo que permitirá encontrar la plata para salir de la crisis e impedir la entrega de las empresas públicas y los bancos estatales. Esto plantea construir comités de huelga en cada repartición y empresa y convocar a plenarios abiertos de delegados y activistas en cada gremio para liquidar la “emergencia” capitalista.