Con el pago postergado del incremento salarial que correspondía a los salarios de julio, las y los docentes de Córdoba no solo han corroborado su carácter exiguo sino que además han recibido un recorte de haberes que deja en evidencia el ajuste que significó la paritaria.

La propuesta salarial del gobierno fue rechazada en las escuelas y en la propia asamblea provincial del sindicato, porque ni siquiera permitía recuperar lo perdido el año anterior, consolidaba un retroceso salarial y además adelantaba la reforma previsional con la entrega de los aportes jubilatorios. A pesar de ese rechazo, la conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) firmó el acuerdo, dando la espalda a la voluntad de las escuelas y todo el gremio y asumiendo abiertamente la del gobierno. Hace unas semanas y con la complicidad de la burocracia, el gobierno anunció que posterga hasta octubre las discusiones salariales con estatales y docentes, y a la par de ello que también iba a abonar con retraso la última cuota del aumento firmado, un 5,1% que lleva el aumento total a 16,9%. Cuando el pago atrasado llega, viene acompañado de descuentos que alcanzan hasta la mitad del aumento e incluso en muchos casos la supera.

Antes incluso que el gobierno, la burocracia se apuró a señalar que las liquidaciones estaban bien hechas, porque junto con la cuota de aumento se incluía un semi-blanqueo de la “bonificación compensatoria” del salario, que pasaba ahora a aportar a la Caja de jubilaciones, con lo cual el gobierno debía revisar y recortar un pago ya hecho. Es decir, en vez de reclamar por el retraso en el pago, la burocracia salió a justificar un nuevo recorte en el salario de los docentes. El blanqueo no contempla la bonificación de la suma por zona o antigüedad, sino solamente su remuneración a la Caja, cuyas cuentas no abonan a mejorar la jubilación de los docentes sino que forman parte de las finanzas del gobierno -porque este la mantiene intervenida y fuera del control de los trabajadores.

El reclamo por el cese de la intervención, que es parte del movimiento de lucha contra la reforma previsional, está lejos del radar de la burocracia que no deja de entregarle al gobierno derechos previsionales, laborales y salariales. El pacto entre la burocracia y el gobierno es tan flagrante que ahora han habilitado el pase de personal afectado a planes específicos coordinados por la conducción de Uepc para hacerse cargo de las vacantes que el gobierno se niega a cubrir, profundizando el ajuste educativo.

Para enfrentar este ajuste, defender el salario, las jubilaciones y el trabajo docente, es necesario preparar la intervención de las escuelas. Un plenario de la oposición docente resolvió la convocatoria y el llamado a docentes y delegados a un gran plenario de escuelas para el 28 de agosto. En torno a esta convocatoria, las escuelas ya se empezaron a organizar, a realizar asambleas y elaborar mandatos que van a nutrir el plenario y transformarlo en una instancia de intervención y lucha de la docencia de la provincia.

La exigencia de la convocatoria a asambleas y la denuncia del ajuste que la burocracia cogestiona con el gobierno deben ser acompañadas por la promoción del accionar independiente de las escuelas, y de un programa que contemple el rechazo a los recortes y la postergación de la discusión salarial, así como la exigencia de reapertura inmediata de las paritarias. La oposición docente nucleada en la lista Pluricolor debe desembarazarse de los lazos que la atan a la política de contención de la burocracia (que comparte con la Pluricolor algunos cargos en el gobierno) y abonar a esta perspectiva independiente, que es la única que permitirá la recuperación del sindicato para las escuelas.

Vamos por asambleas y mandatos de escuela hacia el plenario del 28 de agosto, para establecer un programa que contemple la reapertura salarial, el rechazo a la reforma jubilatoria y la reforma laboral de hecho que han impuesto contra la docencia; y establecer un plan de acción independiente para las escuelas y docentes de la provincia.

 

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