Este 23 de junio un nuevo paro del transporte paralizó a la ciudad de Córdoba. El detonante es el mismo que el de los últimos paros, el incumplimiento de las empresas concesionarias en el pago integral del salario. A esta nueva provocación patronal se suman los rumores de que las y los trabajadores percibirían parte de su sueldo mediante la tarjeta Activa, destinada a la compra en locales específicamente habilitados por el municipio para tal fin.

Ante incumplimiento por parte de las empresas, la UTA convocó al paro. Mientras tanto se realizó una autoconvocatoria frente al sindicato para exigir respuestas a la conducción del gremio. Esto da cuenta de una predisposición de lucha. Sin dudas un elemento clave para arrancar el compromiso del intendente Martín Llaryora de garantizar el pago integral del salario en las próximas horas, lo que terminó con la medida de fuerza.

Sin embargo, lejos está de llegarse a una solución de fondo. Y es que la situación se vuelve insostenible, la falta de pago se da en el marco de una negociación paritaria que lleva tres meses de vencida, con un salario promedio de $63 mil pesos.

Un festín de subsidios para las empresas

Ante el empantanamiento de las negociaciones que llevan adelante los gobiernos locales y el gobierno nacional por el aumento de los subsidios al transporte, los continuos incumplimientos por parte de la patronal son a todas luces una extorsión por la liberación de fondos.

Las empresas usan el reclamo de las y los trabajadores por un aumento salarial del 40% para demandar más subsidios. Para ello, incurriendo en todo tipo de irregularidades, desconocen el Marco Regulatorio y los Pliegos de Licitación, y privan a las y los trabajadores de un servicio esencial.

El intendente Martín Llaryora en lugar de aplicar las medidas a disposición del municipio para garantizar el transporte, avanzando en la apertura de los libros de las empresas, en la aplicación de sanciones, o incluso en determinar la caducidad de la concesión frente a los reiterados incumplimientos, se ha colocado como portavoz de las empresas reclamando ante Nación por la disparidad en la entrega de subsidios en Amba y en interior del país.

El gobierno de Fernández respondió redoblando la apuesta. Colocándose como el garante de la renta empresaria ofreció un aumento de 8 mil millones de pesos en subsidios a partir de junio, a condición de que las provincias pongan otros 8 mil millones más. De esta forma a los $180 millones de Nación, los $90 millones de provincia y los $60 millones de la municipalidad que las empresas perciben mensualmente, se sumarían uno $1.467 millones anuales en subsidios.

El festín de subsidios que reciben las empresas sin embargo no se ve reflejado en el servicio. Al deteriorado sistema de transporte se sumó la eliminación de líneas, el recorte de recorridos, la quita de unidades de circulación y una frecuencia cada vez más larga. Fernández, Schiaretti y Llaryora se pelean por ver qué caja estatal será la que responda a las exigencias empresarias, pero nadie controla el destino de esos fondos.

Según lo informado por las empresas el 80% de los salarios de las y los trabajadores del transporte estaría cubierto por subsidios; además el gasoil se encuentra subsidiado y los empresarios reciben un subsidio por unidad en funcionamiento. A esto se suma lo que recaudan por uno de los boletos más caros del país.

Sin embargo, las propias empresas admiten que en los últimos años no hubo renovación ni mantenimiento de la flota; por el contrario, se han retirado numerosas unidades de circulación sin reemplazarlas. Aun así, afirman ser insolventes a la hora de dar respuestas al reclamo salarial de las y los trabajadores del transporte.

Por la estatización bajo control de trabajadores y usuarios

La crisis terminal del sistema pone de manifiesto al fracaso absoluto de la política de la privatización del transporte. Mediante subsidios, aumentos sistemáticos en el costo del boleto y un progresivo recorte salarial, trabajadores y usuarios financiamos de nuestro bolsillo la renta empresaria.

Desde la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo reclamamos mediante un pedido de informe la apertura de los libros de las empresas para determinar con claridad el destino de los millones que usuarios y trabajadores aportamos. Y denunciamos frente a Defensa del Consumidor los incumplimientos reiterados de la legislación vigente.

A su vez hemos presentado una serie de proyectos para intervenir frente a la crisis, declarando la emergencia sanitaria en el sistema de transporte para disponer de una serie de medidas de emergencia que incluyen la restitución de líneas y recorridos; el aumento de la flota y el respeto de las frecuencias previstas en los pliegos de licitación; la provisión de elementos de bioseguridad, la incorporación de las y los trabajadores del transporte al calendario de vacunación como personal esencial, y la constitución de una comisión de bioseguridad integrada por las y los trabajadores.

Además, en apoyo al proceso de autoconvocatorias impulsamos el aumento salarial de emergencia que eleve el básico al costo de la canasta familiar, hoy en $100.000, y repudiamos cualquier intento de alterar el pago de los haberes mediante la tarjeta Activa.

Al rotundo fracaso de la gestión privada del transporte le oponemos un proyecto por la estatización del servicio, bajo control de trabajadores y usuarios, para que deje de ser un negocio de Ersa, Aucor y Ciudad de Córdoba, y sea efectivamente un derecho.

Con este programa intervenimos en el Concejo Deliberante acompañando cada acción de lucha obrera. Es clave reforzar el proceso de autoconvocatorias, para quebrar la política de disciplinamiento de la burocracia de UTA frente a los gobiernos y las empresas, y forjar una intervención independiente de las y los trabajadores en una alianza con lxs usuarixs.