El pasado jueves, 28 de julio, una patota comandada por el Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), a cargo de Sergio Fittipaldi atacó a las trabajadoras del PaiCor Río III y precarizadas de empresas de limpieza. Las agresiones se produjeron en las inmediaciones del local de CTA-ATE cuando se disponían a marchar hacia la Casa de Gobierno.

El hecho en el cual se desarrollaron amenazas, violencia y amedrentamiento con armas de fuego constituye un gravísimo caso de tercerización de la represión orquestado por el gobierno de Schiaretti. Durante al menos una hora y media la patota actúo con total impunidad y sin intervención de las fuerzas policiales que liberaron la zona en pleno centro de la ciudad.

Así las cosas, es claro que esta agresión se desarrolló para amedrentar la lucha y defender los intereses de las empresas proveedoras del PaiCor, las cuáles se encuentra íntimamente ligadas al propio Fittipaldi y a funcionarios del gobierno, quienes sostienen un enorme negociado en detrimento de los derechos de las 6000 trabajadoras a quienes le niegan su relación de dependencia con el Estado.

La agresión contra trabajadores tercerizadxs también representa un ataque al conjunto de los que se organizan y luchan contra el ajuste. Vale recordar que desde el Partido Obrero, tiempo atrás, denunciamos a Fittipaldi por declaraciones amenazantes contra nuestra organización y hecho vandálicos en nuestro local partidario.

Este accionar del gobierno y las burocracias no es novedoso. Se trata de un modus operandi de tercerización de la represión empleado por los gobiernos, que en nuestro país tiene larga historia y que terminó en el crimen de Estado de nuestro compañero Mariano Ferreyra a manos de la patota de la Unión Ferroviaria, por lo que estos ataques patoteriles y mafiosos no son intrascendentes para el conjunto de los trabajadores.

Tras ser agredidos, lxs compañerxs participaron de la jornada nacional de lucha convocada por la Unidad Piquetera, a la que se sumaron para exigirle al gobernador de la provincia que reconozca la relación laboral que tienen con el Estado y ponga fin a la precarización que implica que cobren salarios de miseria de entre 13 y 22 mil pesos.

Desde el Partido Obrero repudiamos este nuevo ataque a la organización y la lucha contra el ajuste del gobierno y el FMI. Llamamos al conjunto de trabajadores ocupados y desocupados a rechazar esta nueva operación del Estado y a profundizar la lucha por un plan de lucha y el paro activo nacional. No nos amedrentan, porque nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza. Abajo la criminalización de la protesta y la represión. Todo el apoyo a las compañeras del PaiCor y precarizadas de la limpieza.

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