La burocracia nacional de UTA, las empresas y la municipalidad de Córdoba han desatado una persecución generalizada contra los trabajadores de la seccional Córdoba. Al activismo de la Lista Unidad de Tamse Trolebuses lo amenazan con el despido y lo presionan con sanciones arbitrarias y el desconocimiento de las licencias médicas.

 

La UTA nacional inició, a fines de septiembre, un proceso para sancionar y/o expulsar a los delegados de Autobuses Santa Fe y Coniferal, endilgándoles una supuesta violación al estatuto gremial. A principios de octubre, Ersa despidió a un mecánico con supuesta causa. Ahora esa misma empresa pretende despedir a decenas de trabajadores aduciendo la presentación de certificados médicos supuestamente truchos, donde están involucrados los propios delegados.

 

El hostigamiento pretende regimentar a los más de tres mil trabajadores del transporte de Córdoba, que tienen una fuerte tradición de lucha. Sólo en Autobuses Santa Fe hubo más de 36 paros en un año y la mayoría autoconvocados.

 

Los ataques del frente Estado-patronal-burocracia se han dirigido, en mayor medida y por ahora, sobre las bases de la anterior conducción de la UTA seccional (Peñaloza), que todavía mantiene los cuerpos de delegados de las tres empresas privadas. A primera vista, ello resulta sorprendente, porque esa conducción perdió la seccional después de haber entregado grandes luchas de los trabajadores, como la salarial o la privatización de Tamse, así como el vaciamiento de la empresa Ciudad de Córdoba.

 

La nueva directiva de la seccional, que se integró con una parte del activismo, se ha sumado a esa persecución justificando el accionar empresarial y de la burocracia nacional. En poco menos de un año, esa directiva ha desconocido casi todos los mandatos que la llevaron a ocupar la conducción.

 

Arregló una paritaria por 18 meses sin hacer respetar las cláusulas locales de los aumentos al básico, dividió al activismo a la hora de las elecciones de delegados, jamás convocó a asamblea general y ahora es cómplice de la persecución desatada.

 

Estamos en presencia de un operativo que tiene por objetivo hacer pasar el ajuste en el transporte, que no es otra cosa que un vaciamiento del sistema, con achique de las unidades y menores frecuencias, que termina pagando el trabajador usuario con un pésimo servicio y con los choferes con condiciones indignas de trabajo.

 

Mientras tanto, a los empresarios se les garantizan sus superganancias con la mantención de los subsidios y el aumento del boleto. El mismo lunes 26 de octubre, el intendente Mestre anunció que la tarifa aumentaría a 8,25 pesos. Ese operativo no se puede desarrollar si no se derrota a los trabajadores.

 

El poder político y empresarial ha quebrado a la nueva directiva y pretende convertirla en una nueva burocracia que amordace a los trabajadores, pero esa conducción fue votada para llevar adelante la lucha y el desconocimiento de ese mandato producirá una respuesta por parte de los compañeros, como ya comienza a percibirse.

Se procesan entre los trabajadores debates trascendentales. Se discute la autoconvocatoria para frenar los planes de ajuste.

 

En la mayoría de las empresas, las listas de los activistas que quedaron a pocos votos de recuperar los cuerpos de delegados se ponen al frente de las iniciativas. Para que el ajuste y el vaciamiento no pasen, es necesaria la autoconvocatoria por empresas y la imposición de una asamblea general en la sede de la seccional que vote un plan de lucha.

 

El activismo que viene luchando en esta perspectiva, que incluso apoyó a la nueva directiva contra la anterior burocracia, debe sacar todas las conclusiones para organizar una gran agrupación clasista y combativa que pueda llevar hasta el final todos los mandatos de las bases.