Los trabajadores de la autopartista Plascar se encuentran en lucha por la reapertura de la planta de la empresa ubicada en el parque industrial de Ferreyra (en la Ciudad de Córdoba), cuyas actividades la patronal dio por finalizadas en los primeros días de septiembre, despidiendo sin indemnización a los 243 trabajadores.

 

Plascar es una multinacional especializada en piezas de plástico industriales. En el sector automotor, la planta cordobesa había sido proveedora de paragolpes y otros componentes para las plantas de Fiat y Renault. La empresa tiene además otra planta en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, que sufrió varios despidos en los últimos años –aunque esta continúa trabajando.

 

Hace tres años, cuando comenzaron los problemas operativos, los socios brasileños de Plascar cedieron el control de la compañía a un grupo de directivos locales. La empresa, que llegó a ser la tercera autopartista del país, está en concurso de acreedores y el procedimiento preventivo de crisis le fue negado en Córdoba a pesar de lo cual procedió al despido ilegal de sus empleados.

 

La lucha

 

Desde hace meses los trabajadores venían desarrollando movilizaciones y cortes de calle frente a la planta ante la inminencia del cierre, sin que el gobierno de la provincia interviniese. A la cabeza del conflicto estaba la burocracia local del sindicato plástico, que actuaba como representante de la burocracia nacional de Alberto Murúa –aliada al gobierno de Macri. En forma desembozada, esta dejó cerrar la empresa de Córdoba a cambio de sostener la de Buenos Aires.

 

Una vez despedidos, los trabajadores se han quedado custodiando la empresa y con sus movilizaciones hicieron que el conflicto tomase estado público. Sin embargo, el sindicato local se mantuvo en su política, negociando con el gobierno la reubicación de los trabajadores en otras empresas o empleos –una política que fracasó.

 

Como resultado de las movilizaciones, el gobierno provincial ofreció subsidios a los trabajadores por 6 meses, en la expectativa de que junto a los Repro y el seguro al desocupado se terminen diluyendo los reclamos.

 

Por el contrario, los trabajadores lograron que el cuerpo de delegados provincial votara un paro general del gremio –que la directiva no llevó adelante– y formaron un comité de lucha que actúa en forma independiente  y que reclama por la defensa de la fuente de trabajo, mientras sostiene la situación de conflicto.

 

La reforma laboral en marcha

 

El cierre de Plascar se produce en el mismo momento en que se anuncia con bombos y platillos una reactivación en la industria metalmecánica por las inversiones de Fiat y Nissan-Renault, desmintiendo así que estas inversiones cambien el panorama que asoló a todo el sector en los últimos años: despidos, retiros voluntarios obligatorios, jubilaciones anticipadas, caída de contratos y cierre de empresas.

 

Así como las inversiones anunciadas buscan un  aumento de la productividad (explotación) de los trabajadores con algunas incorporaciones técnicas, son la punta de lanza para producir modificaciones sustanciales en los convenios colectivos: entre otros ataques, el acuerdo de Renault-Nissan con el Smata estipula la reducción salarial del 30% para los nuevos trabajadores en sus dos primeros años.

 

En el caso de Plascar, el presidente de la firma afirmó que hay un interesado en la fábrica, pero sólo retendría entre 60 y 80 empleados, de acuerdo con información publicada por La Voz del Interior. Esa es la orientación central de toda la etapa: reducción de trabajadores, aumento de la productividad, liquidación de conquistas. 

 

Por la expropiación bajo control obrero

 

La burocracia de conjunto ha dado la espalda a este conflicto colocándose en la línea de la empresa y el gobierno, cuando lo que corresponde es impulsar un paro provincial para impedir el avance del ataque a los trabajadores –que tiene en Plascar una muestra acabada de sus alcances.

 

Defendemos implacablemente la decisión de los trabajadores de reclamar la reapertura de la fuente de trabajo y la reincorporación de todos los despedidos. Sobre esa base planteamos la expropiación sin indemnización y la puesta en marcha a cargo del Estado bajo control obrero.