El acuerdo salarial que la conducción de UEPC se apresta a firmar con el gobierno contiene en sí mismo la armonización de las jubilaciones y la abolición, en los hechos, del régimen especial para los docentes de Córdoba. La propuesta incluye la reducción de los aportes jubilatorios para equipararlos con la jubilación ordinaria nacional. En total, se quitarían 2,5% de los aportes personales, con lo que estos llegarían a 11%. La conducción de UEPC justifica esta maniobra del gobierno, afirmando que el resto lo pondría el propio gobierno como contribución patronal, para no desfinanciar los ingresos a la Caja. El planteo no puede ser más extorsivo y falaz e intenta que los trabajadores le pongamos la firma al recorte jubilatorio que persigue el propio Schiaretti desde hace años.

En primer lugar, es necesario dejar establecido que otorgar un aumento salarial con plata que ya es parte de nuestro salario (como lo son los aportes a la Caja), es una forma de que el docente subsidie su propio sueldo. Ya lo ha hecho otras veces Schiaretti con el aval de la conducción de UEPC que firmó en acuerdos anteriores este camino hacia la armonización previsional.

En segundo lugar, pero de suma importancia y contra lo que la conducción dice que el propio gobierno incrementará la contribución patronal para suplir la reducción del aporte personal, hay que decir que esta maniobra contable está fuera del control de los docentes y de los trabajadores aportantes a la Caja. Contra lo que establece su estatuto, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia no tiene un directorio integrado por los trabajadores, sino que está intervenida por el Ejecutivo Provincial. Más aún, el gobierno incluye los ingresos de la Caja como parte de las finanzas provinciales. Por lo tanto, que vaya a incrementar o no su contribución patronal está lejos de lo que puedan controlar los trabajadores. El acuerdo salarial que quiere firmar y justifica la conducción de UEPC es lisa y llanamente un robo del salario y de la jubilación de los docentes.

Lo cierto es que, con la propuesta salarial de los docentes, el gobierno quiere avanzar con su plan de armonización jubilatoria y con el desconocimiento del régimen previsional especial, como lo es el docente. Como aportantes a la Caja provincial los docentes hemos aportados durante años un 18% (11% más un 7% al fondo complementario) para sostener el 82% móvil que nos corresponde por ley 8024. El 82% fue sistemáticamente atacado y hoy apenas llegamos al 73%, por la vigencia de la ley 10333. Los aportes fueron sufriendo reducciones con sucesivos acuerdos salariales del gobierno provincial con los docentes y gremios aportantes a la Caja. En 2017 la propuesta salarial del gobierno también incluyó quita de aportes. Luego sumó además una rebaja de las contribuciones patronales (de 6% en el caso de los docentes) mediante el decreto 1492. Esta reducción de aportes es de interés para el gobierno porque es uno de los puntos que necesita armonizar para cumplir con el acuerdo establecido con el gobierno nacional (primero con Cristina Kirchner y luego con Macri) de llevar todo el régimen provincial a la órbita nacional. Por ley 10395, el gobierno estableció la fecha para esa armonización total y definitiva en el año 2020. Con esto también avanzó en lo que llamó “armonización contable” y nuestro aporte previsional venía desglosado en el recibo de sueldo. En el caso de los docentes tenías un ítem con un aporte de 13% y otro con un 0,5%, que era el resto en el cual el gobierno todavía podía meter mano. ¿Por qué 13%? Porque en ese momento, la conducción Celeste de UEPC pasó a defender la armonización, diciendo que a los docentes nos convenía, puesto que tenemos un régimen especial que todavía conserva el 82% que en la provincia ya se había perdido. Con esto, la Celeste ya daba por perdida la lucha por la derogación de la 10333 y ponía a los docentes a colaborar con la armonización jubilatoria, que es el plan ajustador de los gobiernos nacional y provincial, sean del color que sean. El régimen especial docente, establecido en la ley 24016, determina un aporte personal de 13%, contra el 11% de la jubilación ordinaria de la ley 24241.

La actual propuesta salarial que Monserrat y la conducción sindical se apurará a firmar deja el aporte

en 11%, en un gesto que constituye de forma definitiva el paso de la docencia a la armonización jubilatoria y al régimen ordinario. No es casual que el punto sea el que haya generado mayor rechazo entre los docentes y las escuelas. Los docentes ven claramente por un lado el robo que significa la reducción de los aportes, cuando no existe ninguna devolución de lo aportado durante años, pero por otro lado sobre todo entienden que este recorte de aportes el gobierno intentará traducirlo en una extensión de la edad jubilatoria. Los docentes de Córdoba tenemos la edad armonizada con el régimen especial de la 24016 en 57 y 60 años, pero esta armonización de los aportes, llevará a extenderla a los 65 años.

El rechazo de la propuesta tiene su base en la defensa de la Caja y de la jubilación de los docentes de la provincia. Es necesario establecer y darle continuidad a un plan de lucha de todos los gremios aportantes a la Caja que ponga en primer plano el rechazo a la armonización, la defensa de la ley provincial 8024 y la reivindicación del 82% móvil. Las iniciativas en ese sentido ya han comenzado en la provincia.