En medio del plan de lucha que está llevando adelante el Suoem (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales) por una recomposición salarial y otras reivindicaciones necesarias para enfrentar el ajuste y una inflación que no para de crecer, el fiscal Bringas imputó a Rubén Daniele (secretario general del mencionado gremio) por “instigación a la violencia colectiva”, o, bien visto, por plantear en asamblea que hay que profundizar las acciones de lucha.

La semana pasada, la derecha legislativa hizo una denuncia penal y convocó a la población a denunciar a los trabajadores que luchan por su salario, llamado que no tuvo eco en la población trabajadora cordobesa pero sí en la justicia. Es una muestra cabal de los vínculos estrechos que ligan al poder político y la justicia local.

En efecto, el fiscal actúa por obra y cuenta del Ejecutivo provincial, lo que refleja la continuidad de una política antiobrera entre Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Se trata de una política de amedrentamiento que busca frenar la lucha contra el ajuste y sus responsables. Se trata de la misma medida disciplinadora que se aplicó contra los dirigentes de la Unidad Piquetera, entre ellos dirigentes del Polo Obrero y del Partido Obrero (Emanuel Berardo y Soledad Díaz); y contra el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, por apoyar una masiva jornada de movilización nacional por trabajo genuino y contra el hambre.

El ajuste de los Llaryora, de los Schiaretti y de los Massa hace cada día más crítica la vida en las barriadas. Las cifras que lo confirman provienen del propio oficialismo: el 40% de la población es pobre, el 9% indigente; y los más afectados son niñes y adolescentes menores de 18 años. Hay hambre, desocupación y enojo creciente.

El intento de acallar la protesta de los trabajadores mediante imputaciones resulta similar a pretender tapar el sol con un dedo. La protesta social es un derecho inclaudicable, más aún cuando se derechiza todo el arco político gobernante para cumplir con las demandas del FMI mediante un brutal ajuste contra el pueblo trabajador.

Desde el Partido Obrero repudiamos la imputación a Daniele y nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores del Suoem. Asimismo, para enfrentar la declaración de guerra contra el pueblo trabajador llamamos a conformar un frente único entre ocupados y desocupados para luchar por trabajo genuino, salario mínimo igual a la canasta familiar (y su actualización por inflación) y en defensa del derecho a la protesta. Hay que luchar en las calles, con la acción directa, con los métodos de la clase obrera, y enfrentar cada una de las provocaciones de este Estado precarizador y ajustador.

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