Trabajadores municipales de salud de Córdoba están atravesando una crisis que se profundiza día a día, fruto de la división introducida intencionalmente por el Ejecutivo que consiste en establecer condiciones de contratación y salarios diferentes para una misma tarea. Considerados “esenciales”, a fin de extorsionarlos en sus obligaciones, son ignorados en sus derechos laborales. La crisis amenaza con explotar en cualquier momento si no se revierte el cuadro de súper explotación a la que son sometidos, ya que cientos de trabajadores realizan tareas similares a las de sus pares municipales por menos de la mitad del salario.

Para comprender la magnitud de la crisis hay que remontarse a la pandemia del Covid, que coincidió con el primer año de gestión del PJ a cargo del Ejecutivo. Ese año la intendencia se valió de la emergencia que declaró apenas asumió para establecer un plan que “abaratará el costo laboral”, incluyendo la pasividad anticipada y voluntaria de agentes que no fueron reemplazados por personal de planta; luego, la pandemia hizo lo propio al facilitar la licencia a personal de riesgo.

Mientras tanto, desde 2020 y en adelante, el Ejecutivo fue incorporando, bajo la figura de monotributistas y becarios, personal en reemplazo de las bajas. Este personal cumplió con todas las responsabilidades inherentes a su función, pero percibió un salario bajo muy por debajo del convenio: se expusieron, muchas veces sin condiciones sanitarias adecuadas, al riesgo de contagio y varios de ellos murieron como héroes anónimos, sin poder siquiera garantizar a sus familias la posibilidad de una pensión, percibiendo menos de la tercera parte del salario de un trabajador bajo convenio.

El riesgo fue asumido con la expectativa de lograr estabilidad, dado que la apelación a la precarización como mecanismo extorsivo ha sido utilizada gobierno tras gobierno. La cuestión que hoy está planteada es el armado de listas bajo la pretensión de regularizar la situación de 500 trabajadores que se incorporaron en 2020, pero construyendo categorías que los dividen arbitrariamente fruto de la inexistencia de una reglamentación en Salud. Esas listas tensionan al interior de las reparticiones, produciendo un desgaste innecesario entre compañeros de trabajo.

Además, la paciencia de los precarizados está al límite, porque el retraso en la renovación de las becas y actualización de los pagos choca con una inflación que en diciembre y enero acumuló alrededor del 45%. Por eso, en diferentes reparticiones hay manifestaciones y autoconvocatorias que muestran el hartazgo, sin que asome una medida unificada por ahora.

La segmentación administrativa que efectivizan los funcionarios sobre los precarizados hace que el pago se efectivice en tandas, según el envío discrecional de expedientes por parte de la Secretaría de Salud -a cargo de Aleksandroff- a la tesorería. Esta situación de violencia institucional profundiza el malestar y la división de los trabajadores, que deben multiplicar esfuerzos y puestos de trabajo para llegar a fin de mes.

La precarización laboral actúa a favor de la desorganización y la orfandad gremial, toda vez que carecen de tutela alegando que el estatuto gremial no lo autoriza; los delegados de las reparticiones realizan gestiones en procura de hacer seguimiento de expedientes, pero no alcanzan a resolver una situación que a todas luces los excede, mostrando el límite que es necesario superar: no se trata de un problema administrativo, sino de un problema político. Para superarlo es indispensable que la comisión directiva del Suoem se ponga a la cabeza de la representación de les precarizades y organice un plan de lucha unificado que exija el pase a planta y haga valer el principio constitucional de que “a igual tarea, igual remuneración”.

El intendente es responsable de la precarización y se vale de ella para ajustar, amparándose en la existencia de un ajuste provincial y nacional. Parte de ese ajuste es mantener en la precarización y con salarios por debajo de la línea de la pobreza y sin derechos laborales a más de 3.500 trabajadores.

Sólo con independencia política y en unidad los trabajadores podremos desenvolver un plan de lucha que termine con un ajuste que recae sobre nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo. En una crisis que se agudiza día a día, se impone intervenir junto a sectores que se organizan: la docencia provincial estableció un rechazo mayoritario al ajuste de Llaryora y prepara con asambleas en las escuelas un paro activo para el próximo martes.

Además, Upec Capital junto a ATE, Sutna y Químicos están organizando una gran asamblea provincial para impulsar la lucha por la agenda de reclamos de las y los trabajadores. A partir de la deliberación de las bases y a acción directa, podemos darle una salida a la crisis en función de los intereses obreros y populares.

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