La recientemente recuperada Uepc de Córdoba capital lanzó un relevamiento por las condiciones edilicias, de seguridad y salubridad en las escuelas. El mismo forma parte de una campaña que tiene el objetivo de organizar la lucha por la planificación, el desarrollo y el cumplimiento efectivo de los planes de obras necesarios que garanticen condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

La iniciativa cobra fuerza en un cuadro crítico de las instituciones educativas. Las recientes luchas de la escuela Agustín Garzón Agülla y el Alejandro Carbó pusieron nuevamente en el centro de la escena una situación ruinosa que se repite en todas las escuelas de Córdoba, agravándose en los barrios populares.

Los reiterados incumplimientos de los planes de obras por parte del gobierno de Schiaretti empujaron a las comunidades educativas de estas emblemáticas escuelas cordobesas a volcarse a un plan de lucha que sostuvieron durante semanas, con asambleas permanentes y acciones de visibilización, hasta que lograron imponer respuestas parciales a sus reclamos.

La falta de obras de ampliación y mantenimiento no sólo cuestiona el proceso educativo sino que incluso ponen en riesgo la salud de los estudiantes y el personal en las escuelas. Sin ir más lejos, el detonante de la lucha en el Garzón Agülla fue una prueba de gas que Emergencia Edilicia realizó con la escuela en plena actividad.

Así las cosas, las instituciones educativas en Córdoba lejos están de cumplimentar con las 12 recomendaciones emanadas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que estipulan un piso mínimo de medidas de seguridad laboral y condiciones básicas de infraestructura de los establecimientos educativos de todo el país.

Vale mencionar que dichas recomendaciones se fundan en el Decreto 922/11 que homologa el Acuerdo Paritario Nacional Docente firmado por Ctera en 2011. El mismo prevé que las escuelas deberán contar con provisión de agua potable en cantidad suficiente y sin interrupciones, iluminación y ventilación adecuada en todos los espacios, red de cloacas seguras y libres de contaminación, conexiones eléctricas y de gas seguras y con mantenimiento periódico, plan de emergencia y evacuación, desarrollo de obras de ampliación y mantenimiento sin personal ni estudiantes en las instalaciones, entre otras.

De este modo, el gobierno desconoce las condiciones mínimas de funcionamiento que debieran tener las escuelas, cuestionando directamente el derecho a la educación. Lo hace con la complicidad de la conducción celeste de la Uepc que le dio la espalda a los sistemáticos reclamos docente, aislando las luchas del Garzón y el Carbó, y sofocando los procesos que crecen desde las escuelas.

Ajuste y más ajuste para la educación

Años de vaciamiento y recorte presupuestario han llevado a un deterioro de las escuelas sin precedentes. Sucede que al ajuste presupuestario que supuso una proyección inflacionaria del 78% anual para 2023 -superada ampliamente por la realidad- se suma un recorte por “reajuste presupuestarios” que, según un informe de la Otes (Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad), se ubicaría al mes de junio en el -8,94% para educación y cultura.

Lo más grave es que el ya escaso presupuesto no llega a las escuelas. Según el portal de Transparencia del Gobierno, al mes de noviembre la ejecución presupuestaria del “Programa de reparación, ampliación y construcción de escuelas” fue solo de un 50%, mientras que el “Programa de emergencia en infraestructura de establecimientos educativos” alcanzó el 78%. La situación no sorprende a nadie luego de ver los millones y millones que Schiaretti desembolsó para su campaña presidencial.

Mientras tanto, la ola de calor golpea a estudiantes y docentes que deben tener clases en aulas abarrotadas, sin ventilación adecuada, en la mayoría de los casos sin ventiladores u otros artefactos de refrigeración, lo que no sólo entorpece el proceso educativo sino que compromete la salud de la comunidad educativa expuesta a largas jornadas con temperaturas que superan los 40º.

Organicemos la lucha por escuelas en condiciones dignas y seguras

El relevamiento lanzado por la nueva conducción de la Uepc capital busca tener una radiografía de la realidad edilicia de los más de 600 establecimientos del departamento, y establecer un pliego de reclamos colectivo del conjunto de la comunidad educativa.

Sobre esta base se presentará un pedido integral de obras al gobierno provincial, que deberá finalizarse en los meses del receso escolar,  a la vez que se impulsa la organización de comisiones de seguimiento de obras integradas por el colectivo docente en cada una de las escuelas para ser ellos quienes, junto a estudiantes y familias, fiscalicen el efectivo cumplimiento de los planes de obras comprometidos, y las medidas de seguridad y salubridad necesarias en cada escuela.

La organización y la lucha unificada de la comunidad educativa puede arrancar al gobierno los recursos necesarios para la educación.

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