15/06/2021

Córdoba: un cuarto de los trabajadores del Poder Judicial contrajo coronavirus

Es la consecuencia de la presencialidad sin condiciones, y de una vacunación escasa.

Un registro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba informó que desde que comenzó la pandemia se contagiaron alrededor de 2.000 trabajadores judiciales provinciales. En las últimas horas falleció el juez de la Justicia Laboral de Villa María, el Dr. Osvaldo Mario Samuel, de 53 años. Con él son once las víctimas de coronavirus del personal del Poder Judicial.

A pesar de los reclamos de lxs trabajadorxs judiciales, el Poder Judicial impuso una asistencia sin condicionantes, en consonancia con la orientación antisanitaria de quienes gobiernan.

El pasado 4 de junio el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó un “Acuerdo Reglamentario” (AR. N° 1705 SERIE “A”) según la cual “se encuentran dadas las condiciones para garantizar una adecuada prestación del servicio de Justicia, con la mínima presencialidad de agentes del Poder Judicial y público en general, en tanto que todos los edificios y unidades cuentan con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias competentes.”

Además, el mencionado “Acuerdo Reglamentario” delega la organización del personal en los titulares de tribunal, oficina o unidad. La reducción de la presencialidad ha sido desoída por las mismas autoridades. Recursos Humanos del Ministerio Publico Fiscal (MPF) ha informado que la prestación de servicio en la Unidades Judiciales ‘se desarrollará con completa normalidad’.

El Poder Judicial sancionó el citado acuerdo, dando cuenta de hasta que punto defiende la presencialidad. Tras la suba de la curva de contagios, que ubicó a Córdoba como el segundo distrito más afectado por la pandemia, se suspendieron juicios con jurados, y se improvisó un sistema que combina la presencialidad con la virtualidad, es decir se persiste con una apertura aun cuando no hay condiciones, ni vacunas para lxs judiciales.

Una orientación antisanitaria

La política sanitaria del Poder Judicial es antisanitaria. La gran cantidad de contagios que hubo en los últimos meses en las unidades judiciales llevó al cierre completo de las oficinas. Las Unidades Judiciales N° 3, 9, 10, 11, 18, 19, 22, han visto resentido su trabajo a causa de los contagios y esto llevó a una precarización mayor del personal.

En los mencionados lugares se denunció además del incumplimiento de los protocolos sanitarios, la falta de personal y la violación del derecho de descanso de 12 horas para personal afectado a la presencialidad. Tal fue la situación que se llevaron a cabo retenciones de tareas en las unidades judiciales 11 y 19.  Se realizó una asamblea de sumariantes en la que las denuncias y el pedido de vacunación fueron los temas centrales.

En el interior el panorama es similar. En Cosquín hubo cuatro contagios a causa de la apertura de oficinas al 100% a pesar de no contar con las condiciones edilicias para respetar el distanciamiento. En estas condiciones de trabajo no solo se pone en riesgo la salud de trabajadores judiciales y sus familias, sino también de la población general, que debe acudir a realizar denuncias en esos lugares.

Por querer mantener el servicio al 100% ponen en riesgo la salud de trabajadores judiciales y la de la población. Esto finalmente termina dejando como consecuencia peores condiciones laborales y por lo tanto resintiendo la atención, para peor, con trabajadores enfermos.

En este cuadro, es necesario construir un plan de lucha, realizando una asamblea general del Poder Judicial cordobés (siguiendo el camino de los sumariantes) y poner en pie medidas de fuerza para derrotar la orientación anti sanitaria del poder judicial, que se garanticen las condiciones de trabajo y se respeten los protocolos.

Al planteo de que se acelere la inoculación de la población en general, se debe sumar la formación de comités de bioseguridad en cada lugar de trabajo, por el acondicionamiento edilicio de las oficinas y los insumos necesarios.

Además, como todo sube menos los salarios, es clave levantar este reclamo. Tampoco se debe continuar precarizando y sobreexplotando a lxs trabajadorxes a causa de la pandemia, por eso es necesario la incorporación de más personal y se debe pasar a planta permanente, para garantizar el derecho al trabajo en condiciones de judiciales y derecho a acceder a la Justicia de la población cordobesa.

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