Con 12 obreros contagiados en la aceitera china Cofco Timbues, uno más en Bunge de Puerto General San Martín y un operario con Covid-19 en Renopack, la envasadora propiedad del grupo Vicentin ubicada en San Lorenzo, estamos en presencia de un rebrote potencialmente explosivo en todo el cordón industrial de San Lorenzo.

Al momento se informa que 100 personas han sido aisladas, pero se desconoce hasta donde alcanza el reguero de contagios, ya que los operarios viven en otras localidades: Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Ricardone, Oliveros, de tal forma que la ramificación alcanza a toda la región.

No existen testeos masivos. Por estas horas un audio de la Municipalidad de Beltrán da cuenta de que la política de los gobiernos es deslindar responsabilidades en los individuos: “Vecino […] si tiene la certeza de haber estado con un caso positivo, llame al número…” pero el Plan Detectar del gobierno no pasa de generar muestreos sobre pocos casos (50) y el test en un centro privado cuesta 4 mil pesos.

El oficialismo y la prensa afín, que intentó despegar la situación epidemiológica de San Lorenzo con el agravamiento de la crisis sanitaria en Rosario -con la vuelta de la circulación comunitaria del virus a una ciudad de casi un millón y medio de habitantes- se olvidaron de la máxima de “que Rosario siempre estuvo cerca”. La negligencia es total, porque el cordón y Rosario son una unidad económica y la circulación de trabajadores entre ambas localidades es permanente y masiva.

Junto con esto, las agroexportadoras del cordón de San Lorenzo no dejaron de producir un solo día desde el comienzo de la cuarentena por considerarse una “actividad esencial”. Más que por la provisión al mercado interno de alimentos, porque son una de las pocas fuentes de divisas para un gobierno que somete a la población del país a trabajar en pos de reunir recursos para el pago de la deuda externa.

Las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia en San Lorenzo, estuvieron atadas desde un principio a garantizar a cualquier costo el funcionamiento pleno de esta actividad capitalista, al punto de que se produjeron casos que fueron tapados por el Ministerio de Salud de la provincia, pese a las denuncias de los trabajadores, como se viralizó en un audio de un trabajador de Cargill en el momento más duro de la cuarentena hace un par de meses.

Protocolos escritos con la mano y borrados con el codo

Lo más grave, no obstante, es que las aceiteras vienen desconociendo las denuncias obreras sobre los contagios, con la complicidad del gobierno de Omar Perotti, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de Roberto Sukerman, que son los organismos que debieran fiscalizar que se cumplan los protocolos de Covid para habilitar el funcionamiento de las empresas.

Según denuncia el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Bunge radicó un reclamo en el Ministerio de Trabajo contra “las medidas de fuerza” de los trabajadores de la empresa, que tuvieron que recurrir a esas medidas ante el incumplimiento de los protocolos y la luz roja de compañeros con síntomas, un reclamo certero como lo demuestran estos casos positivos.

A este silencio cómplice del gobierno, que no informó haber dispuesto ninguna medida frente a esta denuncia obrera en un conglomerado como es Bunge, se suma también la anuencia de la conducción del sindicato, que recibió las denuncias de delegados y trabajadores, pero no denunciaron esta violación hasta que explotaron los contagios.

Esto fue reconocido por el secretario general del sindicato, Pablo Reguera, en Lt8: “Ante la aparición de un caso positivo los trabajadores de Cofco nos pidieron la presencia del gremio y tomaron la decisión de retirarse a las 20 del lunes para dejar todo organizado, porque entendían que el protocolo que estaba utilizando la empresa no era el suficiente. Ahora nos dimos cuenta de que tenían razón y este mismo lunes aparecieron 11 nuevos casos. Ellos [por la empresa] ya habían apartado a 21 personas” (La Capital, 29/7).

El sindicato pide que intervenga el Ministerio de Salud y los gobiernos nacional y provincial ante las multinacionales para que los protocolos se cumplan, pero son estos mismos funcionarios los responsables políticos de permitir el incumplimiento patronal, que los trabajadores de las aceiteras y algunos sindicato vienen denunciando desde hace meses. El camino es el que emprendieron los trabajadores de la empresa Cofco, que pararon la producción y resolvieron por esa vía de lucha una línea de defensa.

Frenemos los contagios

Pampa energía confirmó un caso positivo y 17 sospechosos que recibirían el hisopado al momento de escribir esta nota. El cordón industrial es el que está infectado, porque allí los contagiados se integran a familias obreras que trabajan en distintas empresas que esconden la información para evitar cualquier parate productivo que afecte sus beneficios.

Frente a este gravísimo cuadro, desde el Partido Obrero planteamos:

– Comités obreros electos por sector o en asamblea de planta para tomar las medidas necesarias en defensa de la salud y la vida de los trabajadores. Poder de veto para frenar cualquier actividad insegura.

– Hisopado masivo en todo el cordón. Cese de la producción, sin afectar el salario, hasta que estén las garantías de desinfección de las fábricas.

-Protocolo Covid-19 discutido y resuelto en asambleas obreras.

Más que nunca necesitamos un plenario de delegados obreros con mandato que discuta un plan en defensa de las condiciones laborales de la clase trabajadora del cordón.

https://prensaobrera.com/salud/crecen-los-contagios-en-el-roca-es-urgente-la-necesidad-de-protocolos-obreros-en-los-ferrocarriles/