27/10/2016

Correo: en lucha por el resarcimiento histórico

La lucha de la Coordinadora Nacional de Ex Trabajadores de Correo


A partir del triunfo obtenido por los ex trabajadores de YPF para lograr la ley de resarcimiento económico -Coordinadora Nacional y banca del PO FIT  mediante-  se han acercado, para seguir el mismo camino, trabajadores cesanteados de las demás ex empresas del Estado, como el caso del Correo. Se han concretado reuniones y asambleas en Buenos Aires, conectadas con San Juan, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos, de ex trabajadores de Encotel, la empresa estatal de correos que se convirtió en Encotesa SA, en el año 1992, como primer paso de la privatización menemista.


Los compañeros denunciaron que fueron despedidos 20.000 trabajadores en un proceso de deterioro paulatino del servicio postal argentino.  Luego de conformar Encotesa, Menem entregó el correo al grupo Correo Argentino (1997), una sociedad constituida por el grupo SOCMA, de la familia Macri (Franco Macri a la cabeza), el Banco Galicia y el Correo Inglés. La bochornosa participación de este último responde a una exigencia de la Unión Postal Internacional (UPI) por la que debe haber alguna empresa estatal interviniente, en este caso fue nada más ni nada menos que el correo británico.


La concesión se firmó por 30 años, la Sociedad Macri debía pagarle al Estado nacional un canon semestral de 51,6 millones de pesos. En el año 1999 los Macri dejaron de pagarlo y acumularon una deuda de aproximadamente 900 millones de dólares con acreedores privados y con el Estado nacional, en menos de cuatro años despidieron a 10.000 trabajadores. Fraguaron una quiebra contable y en septiembre de 2001, la empresa Correo Argentino entró en concurso preventivo.


El 19 de noviembre de 2003, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que rescindió el contrato de concesión y absorbió la deuda millonaria de la familia Macri con el Estado nacional y con acreedores privados, en una clara operación de rescate del grupo empresario.


Claro que no se reincorporó a los ex trabajadores despedidos, no se entregaron las acciones del Programa de Participación Participada (PPP), no se le exigió a los grupos empresarios el pago de dichas acciones ni el Estado se hizo cargo de la indemnización, pero sí lo hizo con la deuda del grupo Correo Argentino. Se mantuvo el esquema privatizador de los 90 con el agregado del rescate del grupo Macri y de su deuda con el Estado. Las cúpulas sindicales fueron facilitadoras de estas políticas.


Todo esto conformó los fundamentos del proyecto de ley que se escribió en las asambleas de los trabajadores de correo junto al PO FIT. En el mismo se plantea un  resarcimiento económico por el incumplimiento del Programa de Propiedad Participada equivalente a 40.000 dólares para cada trabajador. También se resolvió una campaña con recorridas por Diputados, radio abierta, una audiencia con la banca del PO FIT, para fines de noviembre y una declaración de la Coordinadora.


Las leyes que representan un avance para los trabajadores se arrancan con una lucha sostenida, unida a una política independiente de todos los privatizadores.

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