Desde hace una semana la tabacalera Massalin, que se encuentra en la ciudad de Goya (Corrientes) amenaza con cerrar sus puertas dejando en la calle a 220 trabajadores y afectando a muchos más que de forma indirecta están vinculados a su actividad.

En una provincia donde crece la miseria y donde se registran los niveles más altos de desocupación del país, la patronal argumenta que las rebajas de impuestos a su competidora -la tabacalera Sarandí- habría reducido drásticamente sus jugosas ganancias. En este una disputa comercial salta a la vista que, mientras los empresarios presionan por los favores del Estado, se pretende hacer pagar la crisis a los trabajadores.

La burocracia sindical del tabaco, alineada con el gobernador Gustavo Valdés de ECO + Juntos por el Cambio, esquiva la convocatoria a la movilización de los trabajadores, y llamó a la Iglesia para que actúe como mediadora en el conflicto. Un marcado contraste con la energía que pusieron a la hora de participar del acto que el ajustador Macri organizó en la ciudad de Corrientes el pasado sábado. Solo por la presión de la generalizada preocupación popular del pueblo de Goya –además alertada por los cuatro despidos en la empresa de transporte Silvia y las amenazas de más cesantías-, la burocracia se vio forzada a convocar a un abrazo a la puerta de la fábrica, pero rechaza cualquier plan de acción para darle continuidad a las medidas.

La patronal de Massalin está trasladando sus máquinas a su otra planta ubicada en Merlo, Provincia de Buenos Aires, donde solo cuatro trabajadores preservarían sus puestos. Tras el anuncio del cierre definitivo, el Ministerio dictó una conciliación obligatoria y los trabajadores volvieron a la fábrica,  pero nadie asegura que la tabacalera continúe abierta pasados los quince días de vigencia de la resolución. Es necesaria la intervención activa de los trabajadores, con la ocupación de la fábrica para garantizar que no se pierda ningún puesto de trabajo.