Han transcurrido mas de 60 días desde la entrada en vigencia del Dispo en el Area Metropolitana, el distanciamiento social que reemplazó al Aspo (aislamiento). Según el decreto presidencial 367/20, pasados los dos meses, las ART’s no están obligadas a receptar automáticamente las denuncias por Covid-19. Salvo para los trabajadores de la salud, ahora se necesita un trámite engorroso y dilatorio en la Comisión Médica Central (CMC) de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, porque la enfermedad no cuenta con la presunción del carácter laboral que establecía el DNU.

La Fraternidad, el gremio ferroviario de los maquinistas, amagó este 12 de enero con una medida de fuerza reclamando la cobertura médica. Medida que nunca organizó, pero que tuvo la virtud de colocar un problema que atañe a todos los trabajadores.

Al respecto, el secretario general de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid -en línea con Omar Maturano, titular de La Fraternidad- pidió “que sean los propios trabajadores quienes determinen su presencia o no en el puesto laboral” y que se eviten sanciones o acciones legales sobre los gremios afiliados en la organización.

El extriunviro de la CGT, para encubrir la agachada, propone la acción individual de cada trabajador frente a la patronal, lo que reduce a cero el rol de los sindicatos como organizadores del movimiento obrero. La entrega de la burocracia sindical no conoce límites.

Por su parte, la Intersindical de las Telecomunicaciones, agrupada en la CTA Autónoma, se pronunció por “el inmediato reconocimiento de la Covid-19 como enfermedad profesional” en el sector y “licencias para el cuidado de los menores”. El documento fue firmado por los sindicatos Foetra Buenos Aires, Uettel, Upjet y Cepetel.

Burocracia administrativa

El trámite para presentar en la Comisión Médica Central apunta a dilatar y desalentar las denuncias. Entre otras cosas, exige el patrocinio legal del trabajador -o sea, un costo adicional. Pero lo más importante es que, durante el Aspo, la presunción laboral de la enfermedad era general y transitoria, ya que poseía vigencia hasta que la CMC determinara el carácter definitivo de la enfermedad. Ahora es al revés, es tomada como enfermedad no listada común (no cubierta por ART) hasta que se expida la CMC.

El trabajador debe presentar el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada Covid-19. “De esta presentación, se correrá traslado a la ART por cinco días, quien deberá aportar el informe del caso. Luego, el expediente pasará a la Comisión Médica Central, quien podrá decretar la existencia de un nexo causal entre las tareas realizadas y el contagio, o podrá solicitar medidas para mejor proveer, como puede ser un examen físico. De todas maneras, deberá emitir su dictamen dentro del plazo total de 45 días desde que le llegue el expediente. Contra éste se podrá pedir su rectificación o su revocación en un plazo de tres días. Asimismo, también podrá apelarse y deberá ser resuelto por los tribunales de alzada del fuero laboral de cada jurisdicción” (Maya Abogados, 24/9/20).

Un proceso dilatorio y apuntado a desalentar las denuncias, que deja al trabajador sin cobertura médica de la ART durante el transcurso de la enfermedad, y eventualmente a posteriori, ya que aún se desconoce a ciencia cierta, si el virus deja secuelas, cuáles serían y qué tratamientos conllevarían.

Una vez más: ¿quién paga la crisis?

Recientemente, desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, su gerente general Marcelo Domínguez afirmó que las ART atendieron más de 210.000 casos de Covid-19, destacando que “las ART no tuvieron que hacer erogaciones extras porque se financian con los aportes que hacen al fondo” (en referencia al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales).

Desde el gobierno señalaron, también, que los lugares de trabajo funcionan como una contención del virus gracias a la adaptación de los protocolos y el seguimiento de casos detectados, asignando exclusivamente la responsabilidad del aumento de los contagios a los jóvenes y a las fiestas clandestinas. Una impostura total.

Lo que realmente sucede es que las patronales desconocen los protocolos, tanto en condiciones de trabajo y prevención como en aislamientos. Los protocolos se imponen allí donde la organización obrera se planta y da duras batallas para que se respeten.

Ahora, pese al aumento constante de casos, el gobierno mantiene el Dispo por presión de las patronales y la experiencia negativa de los trabajadores con respecto al Aspo (3,7 millones sin ingresos).

En plena pandemia se libera a las ART de la cobertura por Covid. Asimismo, se retiran las licencias para el cuidado de menores.

La burocracia sindical no dice nada y allí donde reclama se limita a recomendar acciones individuales, no se sabe qué alternativa es peor. Acompañan el ajuste del gobierno fondomonetarista porque están completamente integradas al Estado.

El ataque a los trabajadores se da en todos los planos: paritarias a la baja, recorte de jubilaciones, despidos, tarifazos, flexibilización de Precios Cuidados, inflación en aumento, no cobertura del Covid por parte de las ART.

Desde la Coordinadora Sindical Clasista reclamamos que las ART cubran el Covid mientras dure la pandemia y que se elaboren protocolos obreros bajo control de los trabajadores (comisiones internas, cuerpo de delegados, comités de seguridad e higiene) con poder de veto.

Este nuevo ataque es parte de un orientación general del gobierno fondomonetarista de los Fernández, para descargar la crisis sobre los trabajadores en el marco de un pacto social antiobrero, que cuenta con el concurso de las centrales obreras y sindicatos integrados al Estado.

Para defender consecuentemente nuestros reclamos, los trabajadores debemos luchar por la independencia política de las organizaciones obreras. Impulsemos el debate en los lugares de trabajo.