Con la acreditación del 50 por ciento de los salarios en sus cuentas, los trabajadores de los diarios BAE y Crónica se enteraron a principio de mes de que una parte de los sueldos de abril los pagaría la empresa y que el resto lo haría el gobierno. Primero lo anunció el inerte cajero automático y recién después llegó la notificación empresaria sobre su adhesión al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), la ayuda estatal al sector privado para el pago de salarios con fondos de la Anses, a la que también recurrieron Clarín y Página 12.

Si bien el subsidio estatal ya fue otorgado para el canal Crónica TV, no está claro aún si extenderían este beneficio a los diarios, porque no cumplirían con el requisito de caída de la facturación.

Ya pasaron 19 días desde la fecha de cobro y a los trabajadores se le adeuda aún la mitad de los salarios. Cada semana, los dueños fijan nuevos plazos que son incumplidos por ellos mismos. La política de la conducción de la Utpba es que sus “delegados” actúen como voceros de la empresa en lugar de ser quienes organicen el reclamo.

La situación de los trabajadores contrasta con la de los empresarios: el contexto de encierro ha generado nuevos lectores y aumento de los ratings en todos los medios periodísticos. Además, los Olmos -vinculados a la UOM- han montado en los últimos años un emporio de empresas, no sólo de comunicación, que invierten y generan ganancias millonarias en el rubro de la salud, entre otros.

Mientras tanto, los trabajadores enfrentan con salarios recortados todos los gastos de su vida cotidiana, entre ellos los que garantizan la continuidad del trabajo periodístico -teléfono, internet, energía eléctrica-, que ha sido declarado actividad esencial y se realiza todos los días en forma remota a causa del confinamiento dispuesto por las autoridades nacionales

Los Olmos operan desde hace años su política de ajuste en un cuadro de desorganización sindical -gestado por el despido del activismo y los delegados del Sipreba en 2016. El repudio público como asamblea del incumplimiento salarial puede ser un primer paso importante para superar la política de paños fríos de los “delegados” de la Utpba y para frenar la ofensiva patronal.