Los gobiernos nacional y provincial han redoblado las presiones sobre los trabajadores de Cresta Roja, en momentos en que los compañeros se preparaban para votar un plan de acción.

Frente a la convocatoria del cuerpo de delegados a una conferencia de prensa donde expondrían la situación que viven desde hace meses, con 6 mil pesos mensuales del Repro (menos de la mitad del salario), reclamando sin éxito que los reciba la gobernadora Vidal y funcionarios nacionales, y anunciando que impulsarían un plan de medidas, el gobierno nacional convocó a una reunión con los delegados casi a la misma hora.

El operativo gubernamental logró su cometido, porque se frustró el lanzamiento del plan de acción, cuando todo indica que el mismo está a la orden del día. En la reunión con las autoridades, se verificó que el gobierno reafirma el ingreso de miseria para las 5 mil familias. En lo que refiere a la reactivación de la fábrica, se les comunicó a los delegados que el consorcio empresario encabezado por Ovoprot,  que se haría cargo de Cresta Roja, integraría al 100% de la planta pero “gradualmente “. Según el grupo empresario, en marzo ingresarían 1200 trabajadores y,  de allí en más, en tandas mensuales de 200. Es un ingreso a cuentagotas y cuyos términos sólo se conocen verbalmente – Ovoprot ha dicho que elevaría su propuesta por escrito los próximas días. En el mejor de los casos, un contingente muy importante de compañeros recién retomarian sus tareas en julio o agosto. En este intervalo, deberían arreglarse con 6000 pesos, lo cual es insostenible.

Macri y Vidal siguen apostando al desgaste para quebrar un conflicto clave,  en el marco del severo ajuste que llevan adelante contra los trabajadores de todo el país.

Para el Estado, garantizar el pago completo de los salarios significa un “vuelto”, frente a los millones que están dispuestos a entregar a los buitres y a las privatizadas.  Al tiempo que el Gobierno “negocia” el pago multimillonario a los fondos buitres y premia con tarifazos a las privatizadas de la electricidad y del gas (tan vaciadoras como Rasic), sigue sosteniendo con ingresos de hambre y sin compromiso de continuidad laboral a 5 mil familias trabajadoras. El Estado incluso podría y debería recuperar esos fondos, inhibiendo y confiscando los bienes de los Rasic, responsables del vaciamiento de Cresta Roja.

Un plan de acción resulta imprescindible. No podemos admitir que la propuesta que nos hagan sea  cortada en rebanadas. La continuidad laboral de todos los trabajadores debe ir unida al compromiso del Estado de hacerse cargo del pago íntegro de las quincenas, hasta que ingrese el último compañero. Ningún trabajador puede subsistir con 6000 pesos. Se debería conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, por un lado, y por los trabajadores,  del otro, para el seguimiento y control del reingreso del total de los compañeros y el pago íntegro de los salarios,  mientras se avanza en una salida satisfactoria y definitiva.

Es necesario impulsar una propuesta integral y movilizarse por ella. Este es la base para lograr la unidad de todos los compañeros y el mejor antídoto contra cualquier tentativa divisionista.

Es necesario que la asamblea general que está convocada aborde todas estas cuestiones y culmine con la aprobación de un plan de acción para motorizar estas demandas y canalizar, de esta forma, la legítima inquietud y preocupación que hoy anida entre todos los trabajadores de Cresta Roja.